Ricardo Acosta
Cuando un gobernante decide que el pueblo ya no podrá elegir quién lo gobierna, deja de ser un presidente. Se convierte en un dictador. Y quien calla frente a eso también deberá dar explicaciones.
Hay noticias que deberían sacudir la conciencia de cualquier demócrata. La de esta semana es una de ellas. Daniel Ortega anunció, sin pudor y sin necesidad de disimular, que en Nicaragua ya no habrá elecciones como las conoce cualquier sociedad libre. El poder dejará de depender de la voluntad popular y quedará definitivamente en manos de quienes hoy gobiernan. Lo dijo con una naturalidad escalofriante, como si quitarle al pueblo el derecho a elegir fuera apenas un trámite administrativo.
No. No es una reforma política.
No es un cambio institucional.
Es la confesión de un dictador.
Aunque, para ser sinceros, Ortega hace años dejó de ser presidente. Hace años dejó de gobernar para todos los nicaragüenses. Hace años decidió que el Estado debía servir únicamente para perpetuar su poder y el de su esposa, Rosario Murillo. Lo que acaba de hacer es simplemente arrancarse la última máscara. Ya no necesita fingir que vive en una democracia.
Mientras el mundo observa con estupor, Nicaragua lleva años sufriendo en silencio.
Periodistas perseguidos.
Medios de comunicación clausurados.
Universidades intervenidas.
Sacerdotes expulsados.
Organizaciones civiles prohibidas.
Dirigentes opositores encarcelados o enviados al exilio.
Miles de familias obligadas a abandonar el país porque pensar distinto dejó de ser un derecho para convertirse en un delito.
Así empiezan todas las dictaduras. No aparecen de un día para el otro. Se construyen lentamente. Primero silencian una voz. Después clausuran un diario.
Más tarde encarcelan a un opositor. Luego convierten a la Justicia en una oficina del gobierno. Finalmente, cuando ya no queda nadie capaz de enfrentarlos, anuncian que las elecciones tampoco serán necesarias.
Eso acaba de hacer Ortega.
Y todavía hay quienes encuentran argumentos para justificarlo.
Porque el verdadero escándalo no termina en Managua.
También interpela a buena parte de la izquierda latinoamericana, que durante décadas eligió mirar hacia otro lado cada vez que una dictadura hablaba en nombre del socialismo.
Con Cuba ocurrió durante más de sesenta años.
Con Venezuela buscaron explicaciones mientras el país se derrumbaba y millones de personas escapaban del hambre, la persecución y la miseria.
Con Nicaragua repitieron la historia.
Siempre apareció una excusa.
Siempre existió un culpable externo.
Siempre hubo una explicación para evitar llamar dictadura a una dictadura.
Esa doble moral es una de las mayores derrotas éticas de cierta izquierda latinoamericana.
Hablan de derechos humanos, pero callan cuando los presos políticos pertenecen a la oposición de un gobierno amigo.
Hablan de libertad, pero bajan la voz cuando se cierran radios y periódicos si quien firma el decreto lleva una bandera roja.
Hablan de democracia, pero descubren los matices cuando el autoritarismo se presenta como revolucionario.
Los derechos humanos no tienen ideología.
La libertad tampoco.
Y la democracia mucho menos.
En Uruguay conocemos demasiado bien el valor de esas palabras.
Sabemos lo que significa perder las libertades.
Sabemos lo que representa vivir con miedo.
Sabemos cuánto cuesta recuperar la democracia.
Por eso duele aún más recordar una imagen que hoy avergüenza.
Montevideo declaró Ciudadano Ilustre a Daniel Ortega.
Sí. El mismo Ortega que hoy anuncia con total desparpajo que los nicaragüenses dejarán de decidir quién los gobierna.
Aquella distinción fue presentada como un reconocimiento político.
Hoy es una vergüenza institucional.
En 2022 ya hubo quienes entendieron que Montevideo no podía seguir homenajeando a Daniel Ortega.
Se pidió retirar las Llaves de la Ciudad y revocar la distinción de Ciudadano Ilustre. La respuesta de la Intendencia fue que no existía un mecanismo jurídico para hacerlo y que aquel había sido un acto protocolar. Esa explicación podrá haber cerrado un expediente administrativo.
Difícilmente cierre un debate moral.
Porque cuando un homenaje sobrevive al homenajeado, deja de ser un protocolo.
Se transforma en un símbolo.
Y los símbolos también hablan. Hablan de nuestros valores, de nuestras convicciones y de aquello que estamos dispuestos a tolerar.
Las democracias no sólo deben saber reconocer. También deben saber rectificar. Si no existe un procedimiento para retirar una distinción a quien terminó convirtiéndose en un dictador, quizá sea hora de crear ese procedimiento. Porque ninguna ciudad que se diga defensora de la libertad debería seguir homenajeando a quien decidió quitársela a todo un pueblo.
Las ciudades también tienen memoria.
Y también tienen la obligación moral de corregir sus errores.
No alcanza con decir que ocurrió hace años. Ortega ya había comenzado entonces su deriva autoritaria. Lo que vino después fue la confirmación de un camino que muchos se negaron a ver porque el protagonista pertenecía al club ideológico correcto.
Ese es el problema.
Para demasiados dirigentes latinoamericanos nunca importó cómo gobernaban algunos líderes. Lo importante era de qué lado estaban.
Si el dictador era de derecha, la condena era inmediata.
Si era de izquierda, aparecían las dudas, las explicaciones, las justificaciones y, sobre todo, los silencios.
La democracia dejó de ser un principio para convertirse en una conveniencia.
Y cuando la democracia depende del color político del gobernante, deja de ser democracia para transformarse en propaganda.
Hoy Nicaragua necesita mucho más que nuestra indignación.
Necesita solidaridad.
Necesita que América Latina deje de romantizar caudillos que hace tiempo dejaron de ser revolucionarios para convertirse en simples tiranos.
Necesita que el continente vuelva a entender que ninguna revolución vale más que la libertad de un pueblo.
Ninguna bandera está por encima del derecho a votar.
Ningún proyecto político justifica encarcelar a quien piensa distinto.
Ninguna ideología convierte al autoritarismo en un acto de justicia.
Los nicaragüenses merecen recuperar su voz.
Merecen volver a elegir.
Merecen volver a discutir sin miedo.
Merecen leer una prensa libre, rezar en libertad, estudiar sin adoctrinamiento y caminar por las calles sin temer que una opinión pueda costarles la cárcel.
Desde Uruguay, un país que conoce el precio de perder la democracia, no podemos callar.
No hay revolución que justifique una dictadura.
No hay discurso progresista que legitime el atropello.
No hay causa política que esté por encima de la libertad.
Porque cuando un pueblo pierde el derecho a votar, no pierde solamente una elección.
Pierde una parte de su dignidad.
Y cuando el resto del continente mira hacia otro lado, pierde también una parte de la suya.
La democracia nunca tiene adjetivos.
O se la defiende siempre, o termina desapareciendo para todos.
