Pablo Caffarelli
Hay algo fascinante en la política uruguaya de estos días. Mientras uno todavía intenta entender qué está haciendo el gobierno con el presente, el Frente Amplio parece haber encontrado una fórmula mucho más ambiciosa para administrar el futuro. Primero decide quién tiene derecho a hablar. Después descubre quién tiene derecho a cobrar. Y finalmente anuncia quién tiene derecho a ganar las próximas elecciones. Todo bastante antes de que los ciudadanos hayan sido consultados, que es, en definitiva, el pequeño detalle que suele complicar los planes políticos.
El episodio Almagro-Mujica es particularmente revelador. Luis Almagro contó que José Mujica le había manifestado en privado una visión muy crítica sobre la situación venezolana, incluso admitiendo el carácter dictatorial del régimen, mientras que hacia afuera mantenía una posición mucho más cuidadosa para no incomodar a la tribuna frenteamplista. Almagro puede tener razón o puede estar equivocado. Puede recordar exactamente lo ocurrido o puede estar interpretándolo desde una relación que terminó de la peor manera. En democracia, justamente, esas cosas se discuten. Lo verdaderamente curioso fue la respuesta de Fernando Pereira, que decidió no discutir solamente lo que Almagro dijo, sino discutir si Almagro tenía derecho a decirlo.
Y ahí apareció una categoría nueva dentro de la libertad de expresión: la habilitación partidaria. Pereira sostuvo que Almagro no estaba habilitado para hablar de Mujica. Es una afirmación extraordinaria. Hasta ahora, para hablar de un expresidente bastaba con conocerlo, haber trabajado con él, haber sido amigo, enemigo, compañero, adversario o simplemente ciudadano. Ahora parece que hace falta una credencial emitida por la autoridad correspondiente. Uno imagina el trámite. “Buenos días, vengo a opinar sobre Pepe”. “¿Tiene autorización?”. “No”. “Entonces vuelva cuando la tenga”.
Lo más divertido es que, para demostrar que Almagro no podía hablar de Mujica, el Frente Amplio terminó hablando de Mujica durante varios días. Y para refutar a Almagro difundió una carta de Mujica de 2015 en la que el propio Mujica lo cuestionaba duramente por su posición sobre Venezuela. Es decir que el argumento terminó funcionando al revés. Almagro dijo que había una cosa que Mujica pensaba en privado y otra que decía públicamente. El Frente Amplio respondió mostrando un documento en el que Mujica decía públicamente exactamente lo que Almagro decía que hacía para “la barra”.
El resultado es una discusión bastante más interesante que la prevista.
La izquierda uruguaya siempre tuvo una enorme sensibilidad frente a los autoritarismos ajenos. Lo curioso es que esa sensibilidad parece funcionar mejor cuando el autoritarismo está suficientemente lejos. Venezuela, Cuba o Nicaragua pueden ser objeto de interminables debates sobre soberanía, imperialismo y no intervención, pero cuando algún compañero piensa en irse a vivir, generalmente, no eligen esos destinos.
Después llegó la Rendición de Cuentas y apareció otro episodio que parece escrito por un guionista con demasiado tiempo libre. Un artículo de la ley presupuestal buscaba resolver una situación salarial vinculada a Fabiana Goyeneche, funcionaria que se encuentra en comisión desde el Ministerio de Economía hacia Cancillería. La cuestión era una partida que percibía en su organismo de origen y que, según los informes jurídicos de la propia Cancillería, no correspondía trasladar en esas condiciones. Entonces apareció la solución: si el derecho dice que no, hagamos una ley.
El problema fue que alguien lo vio. Y cuando algo así sale de la oscuridad administrativa y entra en la luz pública, ocurre el milagro republicano. Los 99 diputados presentes votaron en contra. Todos. Oficialismo y oposición. Noventa y nueve votos negativos. Una unanimidad tan contundente que hasta el artículo debe haber pedido disculpas por haber nacido. El gobierno lo mandó, el Parlamento lo rechazó y ahora todos pueden decir que nunca estuvieron de acuerdo.
Y mientras todo esto sucede, Alejandro “Pacha” Sánchez ya está mirando bastante más lejos. El secretario de la Presidencia anunció que, si Luis Lacalle Pou vuelve a ser candidato, el Frente Amplio le va a ganar. Faltan años para la próxima elección, pero la campaña ya empezó. En Uruguay podemos tener dificultades para resolver los problemas del presente, pero jamás hemos tenido dificultades para organizar anticipadamente la campaña del futuro.
Lacalle Pou volvió a ocupar el centro de la escena política con su discurso por los 190 años del Partido Nacional. Habló de política, de futuro, de construir y, sobre todo, de no convertir la discusión pública en una guerra permanente contra el adversario. Del otro lado apareció la respuesta habitual: Lacalle, Lacalle, Lacalle. Es una estrategia electoral sencilla. Cuando no se sabe exactamente cómo explicar lo propio, siempre ayuda mucho explicar por qué el otro es peor.
El problema es que la política tiene una pequeña dificultad llamada realidad. Las encuestas pueden subir, bajar o detenerse. Los gobiernos pueden mejorar, empeorar o simplemente desgastarse. Y los ciudadanos tienen la pésima costumbre de recordar lo que les pasa en la vida cotidiana mucho más que los discursos pronunciados desde un escenario.
Por eso hay algo profundamente prematuro en esta nueva épica electoral. Un gobierno que todavía está construyendo su propia identidad ya tiene decidido contra quién competir y quién va a perder. Mientras tanto, entre la discusión sobre quién puede hablar de Mujica, el artículo que nadie quiso votar y el candidato que ya anunció una victoria dentro de tres años, queda flotando una pregunta bastante más modesta.
¿Y si, antes de decidir quién puede hablar, quién puede cobrar y quién va a ganar, empezamos por gobernar?
