Eduardo Fazzio
Cada entrega de PISA reactiva la misma pelea de siempre: para unos, el problema es la educación pública; para otros, la culpa es de la desigualdad y no hay nada más que discutir. Demasiadas veces esas pruebas terminan sirviendo de pretexto para duelos ideológicos, donde cada bando reivindica su posición y acusa al otro, en lugar de orientar la discusión hacia la mejora concreta del sistema y hacia una comprensión más clara de sus problemas por parte de la gente común. Esa comprensión no es un detalle menor: ningún proyecto de mejora educativa, por acertado que sea en su diseño técnico, prospera sin el consenso social que lo sostenga en el tiempo. Por eso los datos, solos, no alcanzan: necesitan ir acompañados de una propuesta que la sociedad pueda entender y respaldar. Mientras la discusión se agote en la pelea entre público y privado, ese acuerdo social va a seguir sin construirse.
Este texto sostiene algo distinto de las dos posturas habituales. La enorme diferencia entre público y privado no puede atribuirse sin más a la gestión: cuando se consideran el origen social y académico de los estudiantes y las características de los centros, la ventaja asociada al tipo de establecimiento deja de ser estadísticamente significativa. Pero reconocer eso no debería convertir al sector privado en modelo: ni siquiera él alcanza los niveles de los sistemas de mayor rendimiento. Ninguno de los dos sectores uruguayos, tomado en soledad, merece salir de esta discusión exento de examen.
Una diferencia que dice menos de lo que parece
Los privados uruguayos aventajan a los públicos en 67,2 puntos en Ciencias, 70,7 en Lectura y 75,3 en Matemática. Cuando ANEP ajusta esa comparación por el perfil social y académico de los estudiantes y por las características de los centros, esas diferencias dejan de ser estadísticamente significativas: pesa fuertemente quién llega a cada uno.
Incluso esa comparación simplifica de más. Lo público uruguayo agrupa liceos, con 394,5 puntos en Matemática, y escuelas técnicas, con 380,5 — una brecha interna de casi 14 puntos que rara vez se menciona. Comparando solo liceo privado contra liceo público, sin la técnica, la distancia en Ciencias baja de 67,2 a 62,2 puntos. Agrupar centros con trayectorias y poblaciones distintas bajo una sola etiqueta oculta más de lo que revela: eso ya deja claro que la diferencia bruta no puede leerse como mérito o fracaso de la gestión sin considerar antes quiénes llegan a cada tipo de centro.
El origen social, medido
El peso del origen social se puede medir directamente. La OCDE calcula que, entre el cuarto de estudiantes uruguayos de mayor nivel socioeconómico y el cuarto de menor nivel, hay una diferencia de 87 puntos en Ciencias. El nivel socioeconómico explica el 14,9% de la variación en el desempeño científico del país, contra 11,6% en el promedio de la OCDE.
Pero esa brecha no funciona como una sentencia. La OCDE informa que el 12% de los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos de Uruguay logró ubicarse en el cuarto superior del desempeño nacional en Ciencias. Son los que el organismo denomina estudiantes académicamente resilientes. El promedio de la OCDE es también 12%. El origen social condiciona con fuerza, pero no clausura el resultado individual. Y si buena parte de la diferencia entre público y privado responde justamente a esa composición social, discutir gestión pública contra gestión privada es discutir la mitad del problema, y probablemente no la mitad más importante.
El privado, puesto a prueba
El sector privado uruguayo, con toda su ventaja, tampoco alcanza los niveles de los sistemas de mayor rendimiento. En Matemática promedia 466,2 puntos; Singapur, en su sector privado, promedia 577,6; Estonia, 548,8; Japón, 525,7. La distancia es de entre 60 y más de 100 puntos, una magnitud demasiado grande para tratarla como un matiz. En Ciencias, el privado uruguayo empata estadísticamente con el público de Finlandia, un dato que suele citarse como orgullo. Pero tener 75 puntos más que el público uruguayo no significa acercarse a los sistemas de mayor rendimiento: esos mismos 466 puntos siguen lejos de los 561 del público de Singapur y de los 525 del público japonés.
Comparar el privado uruguayo con el finlandés, además, no es comparar configuraciones institucionales equivalentes: el primero aparece clasificado como privado independiente, mientras el segundo pertenece a una categoría con financiamiento estatal mayoritario. En Corea del Sur ocurre algo parecido. Ganarle al público uruguayo, entonces, no convierte al privado en un sistema de excelencia: compite en condiciones distintas a las que suelen citarse como comparación, y sigue lejos de los mejores del mundo.
Lo que cuesta y lo que rinde
Ese arreglo institucional tiene también una dimensión económica que merece examinarse. El privado uruguayo aparece en PISA como independiente del financiamiento estatal mayoritario, a diferencia de sistemas donde el Estado sostiene buena parte de la gestión privada. Y ahí surge una pregunta que rara vez se formula con la misma dureza que se le exige a lo público: cuánto valor educativo adicional obtiene efectivamente una familia por el esfuerzo económico que realiza para acceder a ese sector, una vez descontadas las diferencias de origen social. Este informe no tiene cifras de costo, cuota ni ingreso familiar para responderla. Pero eso no le quita legitimidad a la pregunta: si queremos discutir seriamente calidad educativa, también deberíamos saber cuánto aprendizaje adicional obtiene una familia por el esfuerzo económico que realiza.
Un problema que no es de un año
Tampoco se trata de un traspié de un solo ciclo. La OCDE observa que, entre 2015 y 2025, Uruguay retrocedió en Lectura y Matemática, mientras Ciencias recorrió el camino contrario y alcanzó en 2025 su mejor resultado histórico. En el período más reciente, Ciencias mejoró, Lectura cayó y Matemática permaneció estable respecto de 2022. No es la foto de un mal año: es una tendencia que exige una política sostenida, no una reacción a la última prueba.
Gestionar el contexto, exigir parejo
Todo esto lleva a dos conclusiones, y ninguna se desprende directamente de PISA: son una posición sobre qué hacer con esa evidencia. La primera es que Uruguay necesita una gestión diferenciada según el contexto social de cada centro, con más recursos, mejores condiciones de trabajo docente y estrategias específicas para los liceos y escuelas que reciben a los estudiantes con mayores desventajas de origen, sea cual sea su padrón administrativo. Tratar igual a centros que parten de puntos radicalmente distintos no es neutralidad, es resignarse a que la desigualdad social se traduzca, año tras año, en desigualdad de aprendizajes.
La segunda es que el examen de la calidad tampoco puede detenerse en la puerta de los colegios privados. Su ventaja sobre el sector público no debería transformarse automáticamente en certificado de excelencia: también ellos deben ser juzgados por lo que efectivamente logran enseñar, y por lo que las familias reciben a cambio de lo que aportan.
La mejora educativa, en definitiva, no se resuelve premiando a un sector y castigando al otro. Se construye con una propuesta que toda la sociedad, no solo los especialistas, pueda entender y respaldar — porque reconocer que la desigualdad social pesa no exime a ningún sector de rendir cuentas por sus resultados, y reconocer que uno rinde mejor que otro no lo exime de preguntarse por qué, partiendo de condiciones más favorables, sigue tan lejos de los sistemas de mayor rendimiento.
