César García Acosta
Ante la angustia institucional por la que atraviesa el gobierno del presidente Yamandú Orsi, se suma el debate agresivo y estéril de una interna frenteamplista, que somete la figura presidencial a una especie de búsqueda al sometimiento a los Comité de Base, los que, desgastados por la pérdida de la utopía y el ejercicio del gobierno, sienten el peso de la falta de capacidad de respuestas en materias como seguridad pública, empleo, canasta familiar y seguridad social. El desencuentro frenteamplista requiere de gestores que el gobierno no ha encontrado.
Este déficit de quienes deben mover las palancas del Estado, los que pueden definirse como los gestores necesarios, pone en jaque a un gobierno que, sin mayorías parlamentarias necesita cada vez más rescatar lo que Aréchaga arengaba por los pasillos de la vieja facultad de Derecho cuando reclamando que: «Un sistema de instituciones tiene siempre un alma y un espíritu, y ningún sistema de instituciones funciona bien en cuanto los hombres llamados a ejercer el poder no comprendan con exactitud cuál es el alma de ese sistema.»
Esta célebre premisa fue formulada por el jurista e historiador constitucional uruguayo Justino Jiménez de Aréchaga al analizar las reformas institucionales de la Carta Magna. Su postulado jurídico y filosófico se sostenía en tres pilares fundamentales:
Más allá de la norma escrita: Establece que el Derecho no es meramente un conjunto de reglas frías o textos literales, sino que está impulsado por una intención protectora y valores fundamentales (el «alma») que justifican su existencia.
Responsabilidad política: Advierte que los gobernantes y operadores jurídicos no pueden aplicar la normativa con éxito si no comprenden de manera exacta la motivación moral y democrática detrás de la estructura estatal.
Equilibrio democrático: Bajo este pensamiento, Aréchaga argumentaba que tanto el oficialismo como la oposición deben respetar la esencia del sistema institucional, evitando el escándalo sistemático que pueda desgastar o comprometer el prestigio de la democracia.
Como uno de los intelectuales y constituyentes más influyentes de la época, Aréchaga pronunció este discurso para advertir sobre los riesgos de modificar las estructuras del Estado sin entender la idiosincrasia y los valores democráticos del país.
El Contexto Histórico: El Debate de 1917
La crisis del presidencialismo: Tras las guerras civiles y el impulso reformista de José Batlle y Ordóñez, Uruguay buscaba una fórmula para evitar que el presidente de la República acumulara un poder absoluto que devengara en dictaduras.
La propuesta del Colegiado: Batlle y Ordóñez proponía sustituir al presidente por un «Colegiado» (un comité de gobierno). Aréchaga, desde una postura nacionalista/conservadora moderada, defendía que el diseño institucional uruguayo requería un equilibrio adaptado a su propia historia, no la simple copia de modelos extranjeros.
El nacimiento del Ejecutivo Bicéfalo: La tensión se resolvió con la Constitución de 1917, que dividió el Poder Ejecutivo entre el presidente de la República y un Consejo Nacional de Administración, dándole vida a un sistema único en el mundo.
El Significado Jurídico: «El Alma» frente a la Letra de la Ley
Para Aréchaga, el éxito de la Constitución de 1917 no dependía de la redacción exacta de sus artículos, sino de la actitud de la clase política. El «alma del sistema» implicaba:
Cultura de compromiso: La nueva estructura obligaba al partido gobernante y a la oposición a cogobernar y negociar de forma permanente.
No vaciar las instituciones: Si los gobernantes usaban las reglas de forma literal, pero con la intención maliciosa de bloquear al rival, el espíritu democrático se corrompía y el sistema colapsaba (lo que trágicamente ocurrió después con el golpe de Estado de Gabriel Terra en 1933).
Explorar cómo influyó lo que se conoce como la “coparticipación” como idea en el equilibrio entre partidos políticos, nos lleva a la idea del «alma y espíritu» del sistema institucional de Aréchaga que se convirtió en el fundamento filosófico de la coparticipación política, por ser el que definió la estabilidad democrática de Uruguay durante el siglo XX al transformar la competencia destructiva entre partidos en una gestión compartida del Estado.
El impacto de este pensamiento en el equilibrio partidario uruguayo se estructuró a través de tres ejes principales:
El fin del «ganador único» y las guerras civiles
Hasta principios del siglo XX, Uruguay sufría constantes conflictos armados porque el partido que ganaba la presidencia (históricamente el Partido Colorado) excluía por completo al perdedor (el Partido Nacional). La premisa de Aréchaga exigía entender que el «alma» del sistema uruguayo no soportaba la hegemonía de una sola facción. La coparticipación civilizó el conflicto: en lugar de tomar las armas, la oposición recibía una cuota legítima de poder y control en la administración pública.
El «espíritu» de los Directorios de Entes Autónomos
La traducción más práctica de esta idea se plasmó en la integración de los Directorios de las empresas públicas y servicios del Estado (como la educación o la energía). La ley comenzó a exigir constitucionalmente que la oposición tuviera representación en estos organismos.
El control mutuo: No se trataba solo de repartir cargos, sino de cumplir con el «espíritu» de transparencia.
Garantía de paz social: Al dar voz y voto a la minoría en las decisiones diarias del Estado, se evitaba que una mitad del país se sintiera ajena o gobernada por un enemigo.
La cultura del compromiso frente al bloqueo político
Aréchaga advirtió con su frase que, si los hombres políticos usaban las reglas solo para beneficio propio, el sistema fallaría. En el equilibrio uruguayo, esto significó que la coparticipación requería una cultura de compromiso. Los partidos tradicionales entendieron que para que las instituciones funcionaran bien, el oficialismo debía negociar y la oposición debía ejercer un control responsable, sin caer en el sabotaje sistemático. Cuando este espíritu de buena fe se rompió, el sistema efectivamente colapsó, demostrando la veracidad de su advertencia.
