Eduardo Irigoyen
Aclaración previa: pido disculpas de antemano por los errores en los números que se me hayan colado en este artículo. Me defiendo con las letras, pero soy malo con los números. Si encuentran un dato flojo, avísenme y lo corrijo. Cada tanto vuelve la misma discusión. Aparece la tribu libertariana, la secta paleoliberal, los conservadores de siempre y también unos cuantos desencantados con el Estado —entre los que, en algunas cosas, me incluyo— a reclamar una reforma profunda de la administración pública. Hasta ahí, ningún problema: yo también quiero reformar el Estado uruguayo.
El problema empieza cuando «reforma» se convierte en eufemismo de otra cosa: recortar por recortar, reducir funcionarios como quien reduce kilos en el gimnasio, privatizar porque «el Estado es ineficiente» y, finalmente, terminar creyendo que una motosierra es una política pública.
Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿qué Estado quieren reducir?
Ponele nombre
El relevamiento de Políticas Públicas Uruguay tiene una virtud sencilla: obliga a ponerle nombres concretos a eso que algunos llaman «el Estado». En 2025 aparecen 318.269 vínculos laborales con organismos estatales. Atención: vínculos, no personas. Y los cinco organismos con más vínculos concentran 212.608, el 66,8% del total:
ANEP: 97.079 (30,5%)
Ministerio del Interior: 35.821 (11,3%)
ASSE: 30.612 (9,6%)
Ministerio de Defensa Nacional: 29.301 (9,2%)
Universidad de la República: 19.795 (6,2%)
Es decir, cuando alguien dice alegremente «hay que achicar el Estado», uno tiene derecho a preguntar: ¿cuál de estos cinco querés achicar? ¿La educación? (Solo ANEP y la Udelar suman 116.874 vínculos: más de un tercio del total.) ¿La Policía? ¿La salud? ¿Defensa?
Y si seguimos bajando en la lista, el panorama no cambia mucho: Intendencia de Montevideo (9.260; 2,9%), UTE (6.313; 2,0%), INAU (5.128; 1,6%), Poder Judicial (4.874; 1,5%) y ANTEL (4.689; 1,5%). Ni rastro de la legión de funcionarios dedicados todo el tiempo a elegir el tamaño de los sellos para estampar en el expediente de papel.
Porque resulta bastante curioso que el «Estado gigante e ineficiente que nos dejó el despilfarro batllista con 300.000 funcionarios» aparezca, mirando dónde están los vínculos, concentrado en educación, seguridad, salud, defensa e investigación. Y ojo, que son vínculos, no personas: según cómo se cuente, alguien con más de un cargo puede aparecer más de una vez.
Acá aparece la primera trampa del discurso antiestatista irracional: se habla del Estado como si fuera una cosa homogénea. No lo es. Un maestro, un policía, una enfermera de ASSE o un investigador no son burócratas de escritorio. Un administrativo que hace un trámite que podría digitalizarse, quizá sí sea candidato razonable para preguntarse si ese puesto tiene sentido. Pero no podemos meterlos a todos en la misma bolsa.
Una confesión
Yo mismo he descrito al Estado uruguayo como un gordo pelotudo y displicente, acostumbrado a caminar despacio, a no correr riesgos y a esperar tranquilamente la jubilación. A algunos les causa gracia. Pero si quiero discutir seriamente una reforma, tengo que reconocer que la caricatura es injusta: detrás de esos 318.269 vínculos hay policías, docentes, médicos, investigadores y muchísima gente que simplemente hace su trabajo.
También hay, naturalmente, burócratas cuya función parece consistir exclusivamente en generar anhídrido carbónico. Es decir: respirar. Y probablemente algunos hasta lo hagan con eficiencia. Pero tampoco podemos convertir esa caricatura en una categoría de análisis.
Porque hay algo que la caricatura del empleado público oculta deliberadamente: el problema de un Estado no se mide solo por cuánta gente tiene. Se mide por qué hace esa gente, cómo se la selecciona, cómo se la dirige y qué resultados obtenemos.
Ahí sí quiero una motosierra. De las grandes. Quiero motosierra contra el trámite absurdo y el formulario que nadie sabe para qué carajo sirve. Contra la oficina que exige un papel que otra oficina del mismo Estado ya tiene. Contra la duplicación de funciones, los sistemas informáticos diseñados para que el ciudadano demuestre que merece el privilegio de ser atendido, el expediente que pasa tres meses de bandeja en bandeja porque nadie exige resultados. Contra la cultura de «acá siempre se hizo así» y, sobre todo, contra esa enfermedad tan uruguaya de confundir prudencia con inmovilidad.
Porque ahí sí tenemos un problema.
Pero una cosa es reformar y otra es demoler.
¿Quién paga?
Los libertarianos tienen una pregunta legítima: ¿quién paga el Estado? Nosotros, con impuestos. Por supuesto que importa cuánto cuesta, si el gasto es sostenible, si una estructura puede producir lo mismo con menos. Por supuesto que un Estado que no controla sus costos les traslada ineficiencias a todos. Hasta ahí, de acuerdo.
Pero existe una segunda pregunta que a veces desaparece misteriosamente: ¿quién paga cuando el Estado deja de hacer algo necesario? También lo pagamos nosotros. Si hay menos policías o menos docentes donde hacen falta, si ASSE pierde capacidad asistencial, si se deteriora la universidad pública: alguien paga la consecuencia.
La discusión adulta no es «Estado sí / Estado no». Es: ¿qué debe hacer el Estado, ¿cómo y cuánto debe costarnos? Y eso es bastante más difícil que sacar una motosierra.
Y acá tengo otra cosa para decirles a los furiosos enemigos del Estado. Algunos teorizan sobre cómo administrar un país mientras mami les sirve la chocolatada y ellos aplauden entre sí la última salida absurda de su ídolo o influencer libertariano favorito. No han administrado ni un kiosco, no tienen un minuto de administración de gobierno y, sin embargo, se sienten guerrilleros del capitalismo, expertos en dinamitar todo desde el teclado. Pobrecitos. Siguen en brazos de Onán, convencidos de que descubrieron el secreto del universo.
Después llaman «tibios» o «derechita cobarde» a quienes entienden algo bastante elemental: si recortás a lo bestia, podés solucionar un problema y crear cinco nuevos.
El caso argentino
Acá aparece Argentina. El gobierno de Milei hizo de la motosierra su símbolo. Según el INDEC, la dotación de personal del Estado nacional (administración, organismos y empresas) pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 271.696 en junio de 2026: 69.769 puestos menos, algo así como una quinta parte. El propio gobierno habla de un ahorro anual de unos US$ 2.800 millones, que es una estimación suya: en informes anteriores, la mitad del ahorro declarado salía de suponer que cada empleado cuesta el doble de su sueldo.
Es un dato. Podemos discutir si fue acertado, insuficiente o excesivo. Lo que no deberíamos hacer es convertir la motosierra en categoría filosófica.
Porque cortar casi 70.000 puestos es una cifra. Qué funciones cumplían esas 70.000 personas es otra cosa, y es la pregunta que importa. Para los primeros 33.291 recortes (hasta septiembre de 2024) el gobierno argentino sí discriminó: 20.026 en la administración central y descentralizada, 11.014 en empresas públicas y 2.251 en personal militar y de seguridad. No era solamente «burocracia de escritorio», y de ahí en adelante nos faltan datos finos para saber qué se perdió y qué no.
Un Estado no se vuelve eficiente por tener menos empleados, igual que una empresa no se vuelve eficiente por despedir trabajadores. Puede tener exceso de personal, personal mal asignado, funciones duplicadas, procedimientos absurdos, malos gerentes o trabajadores necesarios pésimamente organizados. El número bruto no responde ninguna de esas preguntas.
Mi contradicción
Yo quiero menos Estado en algunos lugares y más Estado en otros. Menos burocracia y más capacidad estatal. Menos formularios y mejores servicios. Menos funcionarios haciendo lo que la IA y la digitalización puede hacer (cuántos y dónde, todavía no lo sé), y mejores condiciones para quienes hacen lo que ninguna computadora puede reemplazar. Menos jerarquías inútiles y más evaluación de resultados.
Y, sobre todo, quiero que el Estado deje de tenerle miedo al fracaso.
Porque hay una característica del Uruguay que confundimos con virtud: somos prudentes, estables, previsibles. Eso tiene enormes ventajas, pero al extremo se vuelve conservadurismo administrativo y nadie se anima a hacer nada porque siempre hay alguien que pregunta:
¿Y si sale mal?
Bueno.
¿Y si sale bien?
¿Demasiado grande?
¿En serio tenemos un Estado demasiado grande? La respuesta es más incómoda que un sí o un no. Los datos de la OCDE muestran que el empleo público uruguayo era el 15% del empleo total en 2018, frente a 11,9% en América Latina y 21,1% en la OCDE. Es un dato viejo; para 2022, la OIT ubica el promedio latinoamericano en 11,6% y el de la OCDE en 20,8%, y a la Argentina de la motosierra en 19,3%, por encima de nuestro 15% (años distintos, así que ojo con la comparación).
O sea: tampoco sería serio decir «acá no hay ningún problema de tamaño». Sí hay una cuestión que discutir. Y hay que mirar el denominador: la OCDE señala que entre 2014 y 2021 el empleo total uruguayo cayó, lo que puede explicar parte de que el empleo público pese más. Menos gente trabajando en el sector privado también hace que el Estado se vea más grande.
Pero de ahí no se puede saltar a «Uruguay está lleno de ñoquis, pasemos la motosierra». Con estos datos no se puede afirmar eso. Tampoco se puede afirmar lo contrario: lo que muestran es dónde está la gente, no qué hace cada uno.
Y el BID, en su diagnóstico del servicio civil uruguayo de 2024, encuentra algo más interesante: el índice de calidad del servicio civil pasó de 52 a 60 puntos entre 2014 y 2023, pero persisten problemas de planificación de personal, movilidad, concursos abiertos y recambio generacional. Es decir: menos Estado no es necesariamente mejor Estado. Ni más tampoco.
La cuestión difícil es tener un Estado capaz.
Capaz de contratar mejor y de despedir cuando corresponda, no solamente cuando llega un gobierno con una motosierra.
Capaz de premiar al que trabaja bien, mover funcionarios de donde sobran hacia donde faltan, digitalizar, medir, experimentar, equivocarse y cambiar.
Porque me preocupa tanto el exceso de Estado como un Estado que no se anima a hacer nada diferente. Puede tener funcionarios innecesarios y, a la vez, carecer de capacidades profesionales.
Gente excelente atrapada en procedimientos mediocres; gente mediocre protegida por procedimientos diseñados para que nadie responda.
Eso no se arregla con una motosierra. Se arregla con reforma del Estado.
Tengo algo para decirle al gobierno
Ya que estoy repartiendo palos, tampoco quiero hacerme el distraído con el gobierno actual del Frente Amplio.
La conducción económica sabe, a mi juicio, bastante bien hacia dónde debería ir el país: responsabilidad fiscal, crecimiento, inversión, competitividad y políticas sociales capaces de atender los problemas reales. No me parece que el problema esté necesariamente en desconocer el rumbo.
Me preocupa la falta de audacia política para recorrerlo.
Hay sectores y dirigentes que siguen anclados en los años sesenta, pero —a veces tengo la impresión— del siglo XIX. Entonces la nave acelera un poco, alguien frena, otro mueve el timón, otro mira hacia atrás y finalmente terminamos navegando con un rumbo que se parece demasiado al paso de un borracho.
No digo que todo el Frente Amplio piense así. Ni siquiera digo que esa sea la explicación de cada decisión del gobierno. Digo que existe una tensión entre la necesidad de transformar y las resistencias de quienes todavía sospechan de cualquier cambio que no hayan imaginado ellos.
Gobernar también exige animarse a decirles que no.
Porque el inmovilismo de izquierda no deja de ser inmovilismo por tener buenas intenciones.
La tijerita
Lo curioso es que la discusión política evolucionó así: primero algunos clamaban «¡Motosierra!» y «Derecha, ¡más derecha!». Ahora, cuando uno pregunta qué van a cortar, aparece una versión amable: «Bueno, unos ajustes. Recortar un poco. Racionalizar. Optimizar».
De la motosierra de Milei pasamos a la tijerita del jardín de infantes, la que corta cartulina para hacer una mariposa y pegarla en el cuaderno.
Perfecto.
Entonces hablemos de eso. ¿Dónde cortamos, cuánto, por qué, qué resultado esperamos, qué indicador va a demostrar que funcionó, quién queda a cargo, en cuánto tiempo? Y si no funciona, ¿qué hacemos?
Eso es una reforma.
Lo otro es una consigna.
Acá es donde quisiera que el Partido Colorado tuviera algo para decir. No una defensa nostálgica del Estado batllista, ni una conversión tardía al evangelio libertariano, ni una defensa corporativa de cada estructura existente.
Audacia.
Eso es lo que extraño.
Y audacia no significa destruir: significa atreverse a cambiar lo que funciona mal sin destruir lo que funciona bien. Probar, evaluar, corregir, volver a probar. Y cuando corresponda, decir una palabra que en la administración pública todavía produce escalofrío:
«No funcionó. La cagamos. Cambiemos».
Eso también es reformismo.
Porque yo no quiero un Uruguay donde el Estado crezca solo porque nadie se anima a tocarlo. Pero tampoco un Uruguay donde cada vez que alguien descubre una ineficiencia aparezca con una motosierra dispuesto a cortar el pie porque encontró una uña encarnada.
Quiero un Estado más pequeño donde pueda serlo, más grande donde deba serlo, más eficiente donde hoy es ineficiente y más audaz donde hoy sea demasiado prudente.
Eso implica reconocer que mi «gordo pelotudo y displicente» es una caricatura.
El Estado no es el gordo: es una máquina complejísima, con piezas excelentes, piezas obsoletas, piezas duplicadas y piezas que faltan.
No hay que romper la máquina. Hay que animarse a desarmarla, entenderla y volver a armarla mejor.
En esta penillanura suavemente ondulada hubo un partido con vocación de gobierno para entender esto.
Hoy está lleno de conservadores, libertarianos, religiosos dogmáticos y chicotacistas. Parece destinado a convertirse en un sublema del Partido Nacional. Dentro de un tiempo habrá que pedir perdón y pedir permiso para proclamar la vigencia de la ética de Don José Batlle y Ordóñez.
Y ahora permítanme respirar.
Estoy viejo, disculpen.
Me parece que acabo de descubrir cuál debería ser la orientación de esa reforma.
Pero eso queda para otro artículo.
Si me acuerdo de escribirlo.
Fuentes de los datos: Políticas Públicas Uruguay (vínculos laborales 2025); INDEC, informe de empleo público de julio de 2026 (vía Elonce); informes del Ministerio de Desregulación argentino (vía El Economista y Bloomberg Línea); OCDE, Government at a Glance: América Latina y el Caribe (2020 y 2024); BID, Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina: Uruguay (2024).
