Gustavo Gómez Rial
El pasado 5 de octubre, para un artículo publicado en El País, el economista Ignacio Munyo expresó en un video, de forma contundente y concluyente: “Uruguay no debe regular la inteligencia artificial”. Citó el ejemplo de Milei, que busca convertir a Argentina en un centro mundial para el desarrollo de esa tecnología. Pareció alinearse con Donald Trump a efectos de evitar regulaciones generales que frenen el desarrollo de la IA. Insinuó, en relación con la temprana regulación europea, el tropiezo que produjo (agrego: por un enfoque regulatorio reactivo basado en riesgos, explicabilidad exagerada y fuertes sanciones). Y citó que China ya regula contenidos y ciertos usos sensibles.
Brevemente, tras resaltar las preferencias de Milei y Trump y describir los límites regulatorios impuestos por el gobierno de Xi Jinping, elogió los anuncios del presidente Orsi -coincido que muy auspiciosos y necesarios- por la reciente creación (ley mediante) de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Instituto Vidart).
Diríase que de allende el Plata como desde norte y Oriente nos advierten: mejor dejen todo como está, no toquen nada. Entrecasa, el coro: ¡Ojo, no toquen nada! El Estado es capaz de romper todo lo que toca (a menos que se trate de otorgar subsidios impositivos y exenciones). ¿Se olvidarían de que este país es valorado porque tenemos un Estado de Derecho basado en la ley escrita y en el orden jurídico?
Reiteró su leit motiv: “Uruguay no debe regular la inteligencia artificial.” Dando a entender que con lo que hay alcanza. ¡Por supuesto! Mientras los robots sean curiosidades de feria y los vehículos autónomos o los drones sólo circulen por Beijing o California. Me cuentan en un par de años.
La contundencia fácil y peligrosa de tales expresiones podría inducir conclusiones imprecisas.
Uruguay debe legislar por y para desarrollar la inteligencia artificial, priorizando el progreso y el bienestar de sus ciudadanos.
Respecto al proyecto anunciado en Argentina, no se parece al dislate inicial que otorgaba personería jurídica a los bots de IA. La enmienda que Bullrich impulsa en el senado, como jefa del bloque oficialista, propone que las llamadas “sociedades automatizadas” identifiquen personas físicas como responsables.
270 artículos no parecen un buen ejemplo de NO regulación. Aceptando que se trata de una regulación de baja intensidad para la IA, no es menos verdadero que las anunciadas ventajas regulatorias para estas nuevas sociedades se basan en una importante reforma de su ley de sociedades y en fuertes incentivos fiscales. Acá el panorama es distinto. Con la legislación actual (para hacerlo mal, mejor abstenerse), esas sociedades agénticas, afincadas en nuestro territorio e inscriptas como SAS o SA, en algunos casos ya obtendrían el amparo de los socios bajo la responsabilidad limitada consagrada por las leyes 16.060 y 19.820. ¿Y si la casuística resulta demasiado amplia? Como ejemplo: Una máquina expendedora no recibe una orden del dueño por cada venta: el dueño consiente de antemano en vender a quien ponga el dinero, y la ley siempre le atribuyó esas ventas. Con agentes de IA el principio es el mismo, pero sus agentes no solo venden: negocian, eligen proveedores, derivan tareas a otros agentes, a veces de otros dueños. Cuanto más amplio es ese preconsentimiento, más necesario es que la ley diga hasta dónde llega y quién responde. No es una sociedad de hecho, ni una burocracia nueva: es poner reglas al marco que los socios ya están dando por su cuenta.
En lo referente a incentivos, en Uruguay compete al Poder Ejecutivo declarar promovidos los proyectos de inversión bajo la Ley 16.906, previo asesoramiento de la COMAP. El Decreto 329/025 sustituye al 268/020 y habilita exoneración de IRAE de hasta el 100% de la inversión.
Dar incentivos también supone regular, a menos que usemos distintos diccionarios.
Cuando el presidente de Estados Unidos reclama no regular la IA, evitando frenar su desarrollo con prohibiciones que los pondrían en desventaja frente a sus competidores, no ignora que en varios Estados ya existen normas regulatorias (109 leyes estatales de IA a julio de 2026 en 29 estados, y entre 131 y 145 en 2025, según conteos; una de alcance federal). Además, el derecho se aplica en base a lo que dicta su jurisprudencia. En este lado del continente los vacíos legales los llena el derecho positivo.
Refiriéndose a China, Munyo parece minimizar que poseen regulaciones en IA más específicas que las que aplicamos.
No debería librarse a la buena voluntad de las empresas; aun si la enorme mayoría, por dar un ejemplo, no emplease técnicas de social scoring mediante IA, justificadas bajo la idiosincrasia de otros sistemas políticos. No condice con nuestros valores. Urge preservar derechos constitucionales que, inexorablemente, enfrentarán nuevos riesgos. Más pronto que tarde, convendrá brindarles protección legal. Ya con grandes lagunas, nuestra Ley de Datos Nº 18.331 y las leyes complementarias apenas logran garantizarlos.
Regular seriamente no reclama sustituir los principales códigos ni la Ley de Protección a los Consumidores.
Entonces, ¿para qué regular? ¿Nos conformamos con lo que hay?
Nadie debería sugerir que basta la legislación actual.
¿Y si, mediante leyes que la promuevan, la propia IA fuese el instrumento que agilizara expedientes judiciales, e impulsara un Estado ágil y eficiente sin desplazar a nadie e involucrándonos en una necesaria revolución transformativa?
Regular no debe consistir en levantar muros muy altos que muy pocos trepen y que conviertan startups en presa fácil mediante la captura regulatoria.
En cambio, legislar debería implicar considerar a la inteligencia artificial como un fenómeno tecnológico inédito en la historia de la humanidad que impactará de forma muy veloz y transversal en todos los órdenes de la sociedad. ¿Supone apurarnos a legislar? No necesitamos más normativa dispersa e inconexa dedicada a atender urgencias e inmediateces. No repitamos esa forma de regular impuesta en este siglo que, antes de que nos preocupase la IA, nos ha sumido en limbos jurídicos irresolubles que ya no facilitarían a nadie para exportar su software.
Una vez que la IA irrumpa masivamente en todos los rincones de la sociedad (como al prender la luz o como abrir una canilla en Uruguay), si no intentamos rodearla de un marco de seguridad y de confianza, arriesgaremos mucho más. Dejarlo igual, sin legislar a tiempo y proactivamente, no hará ganar a nadie.
No es a tontas y a locas, ni es “lo quiero ya”. Ni tampoco es confiar en la miopía del que todavía tiene; o ignorarlo, mientras el agua nos llega a las rodillas.
Sí, el tiempo corre; y un proyecto integral (aunque en marcha) aún deberá acreditar su equilibrio, encontrar consensos y, siendo optimista, recibir aprobación: tres años, quizás.
Aun entendiendo la desconfianza, espero se atrevan a considerar propuestas orientadas a legislar de forma integral. Generando a tiempo nuevas formas de empleo, puestos de trabajo y oportunidades para el tejido empresarial y formando una ciudadanía debidamente alfabetizada para la nueva época.
Desde la perspectiva del Derecho, procuramos superar cualquier escenario de límites y prohibiciones mediante un modelo adaptativo que evite imponer cargas inútiles a una industria que debería contribuir a proyectarnos de manera segura hacia la era próxima, dentro de un entorno donde todos seamos responsables. Con sandboxes de prueba donde ensayar y validar la tecnología, un Hub de Trabajo Inteligente y normas evolutivas con marcos racionales.
No minimizo los temores ni descarto las buenas intenciones del destacado economista. Prefiero imaginarlo proponiendo soluciones para enfrentar, en menos de un lustro, los retos que esta nueva economía impone.
Hay ideas. Querremos contrastarlas con los que saben.
