Tabaré Viera
Uruguay no es El Salvador, ni debe copiar modelos. Pero cerrar los ojos a una experiencia que transformó la vida de un país sería un error. Hace pocos días visitó Uruguay el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa. Tuve la oportunidad de reunirme personalmente con él y de intercambiar opiniones sobre la experiencia que está viviendo su país. Fue una conversación muy interesante, porque permitió conocer de primera mano una realidad que merece ser estudiada, más allá de las simpatías o diferencias que cada uno pueda tener con su gobierno.
El Salvador fue durante muchos años uno de los países más violentos del mundo. Las maras, organizaciones criminales que controlaban barrios enteros, imponían el miedo, extorsionaban a comerciantes y trabajadores y asesinaban cada día a numerosos ciudadanos. Era una sociedad que había perdido algo fundamental: la libertad de vivir sin miedo.
Según nos explicó su vicepresidente, esa realidad ha cambiado radicalmente. El Salvador ha logrado reducir de manera extraordinaria los homicidios y recuperar el control de territorios que estaban en manos de la delincuencia organizada.
De la seguridad al desarrollo
Lo que más me interesó de aquella conversación fue comprender que, para ellos, la seguridad no es solamente un objetivo en sí mismo, sino el punto de partida de una nueva etapa de desarrollo económico y social. El Salvador está apostando a las inversiones, al turismo, a la innovación y a las nuevas tecnologías, y espera para este año un crecimiento de su economía superior al cuatro por ciento. Detrás de esa apuesta hay una convicción: la seguridad pública, acompañada de seguridad jurídica, genera confianza, atrae inversiones y crea oportunidades de trabajo.
Precisamente, uno de los objetivos de su visita fue profundizar los vínculos de cooperación tecnológica y científica con nuestro país. Ulloa visitó el LATU, conoció nuestras capacidades de innovación y suscribió un acuerdo con ITC, empresa vinculada a ANTEL. Se reunió además con representantes de distintos sectores políticos, con el presidente de la República y con el expresidente Julio María Sanguinetti. Fue, en suma, una visita que procuró trascender las diferencias partidarias y construir cooperación entre ambos países.
Sin idealizaciones, pero sin prejuicios
¿Qué enseñanzas podemos recoger los uruguayos de esta experiencia? Lo primero es dejar algo muy claro: Uruguay no es El Salvador, y nuestra realidad no es comparable con la situación extrema que vivió aquel país. Tampoco se trata de copiar modelos ni de aceptar sin discusión todos los métodos utilizados. Existen legítimos cuestionamientos internacionales sobre derechos humanos, garantías individuales y condiciones de detención que deben ser tenidos en cuenta. Para quienes creemos profundamente en la democracia liberal, seguridad y libertad no pueden ser enemigas; deben fortalecerse mutuamente.
Pero reconocer esas diferencias no significa cerrar los ojos a experiencias que pueden enseñarnos algo. Y Uruguay necesita aprender, porque también nosotros sufrimos una inseguridad que golpea duramente a nuestra sociedad. Los homicidios, la violencia vinculada al narcotráfico, las disputas entre organizaciones criminales y las víctimas inocentes —entre ellas niños y hasta bebés— son una realidad que no podemos aceptar con resignación. Detrás de cada cifra hay una vida perdida, una familia destruida y una comunidad que siente miedo. Y cuando el miedo se instala en los barrios, la libertad comienza a desaparecer.
La cárcel no puede ser una escuela del delito
Debemos estudiar seriamente cómo otros países han enfrentado el crimen organizado, cómo han recuperado territorios, cómo han fortalecido sus instituciones y, especialmente, qué están haciendo con sus sistemas penitenciarios. Me interesa en particular conocer cuánto ha invertido El Salvador en sus cárceles, cómo funcionan sus programas de trabajo, educación y rehabilitación, y cuáles son sus resultados efectivos.
Porque una política de seguridad no termina cuando un delincuente ingresa a prisión. El Estado debe garantizar que cumpla su condena, pero también debe procurar que, cuando recupere la libertad, no vuelva a delinquir. Eso exige inversión, disciplina, educación, capacitación laboral y oportunidades reales de reinserción.
En Uruguay necesitamos más presencia policial, mejor tecnología, mayor capacidad de investigación criminal, una Fiscalía fortalecida y un sistema penitenciario que no sea una escuela del delito. Y necesitamos, además, comprender que la seguridad pública es una condición esencial para el desarrollo. No hay verdadera libertad cuando una familia teme salir de noche. No hay igualdad de oportunidades cuando un niño crece rodeado de violencia. Y no hay desarrollo sostenible cuando la delincuencia condiciona la actividad económica y la convivencia social.
Esto vale para Montevideo y para el interior, para cada capital departamental, cada ciudad y cada pequeña localidad del país. La paz social es un patrimonio que debemos defender todos los días.
Una responsabilidad irrenunciable
Como batllista, estoy convencido de que el Estado tiene una responsabilidad irrenunciable: proteger la vida, la libertad y los derechos de las personas. Por eso la experiencia salvadoreña merece ser conocida y estudiada con seriedad, sin idealizaciones, pero también sin prejuicios. Debemos aprender de sus aciertos, examinar críticamente sus métodos y encontrar nuestras propias respuestas, dentro de la Constitución, la ley y el respeto a los derechos humanos.
La paz no consiste solamente en que desaparezcan los disparos. La verdadera paz existe cuando las personas pueden vivir libres, trabajar, estudiar, progresar y construir su futuro sin miedo. Esa es la paz que debemos defender. Y ese es el Uruguay que tenemos la obligación de construir.
