Eduardo Irigoyen
Fui burócrata durante 33 años en la Intendencia de Río Negro.
Así, sin eufemismos ni complejos: burócrata.
Durante ese tiempo escuché anécdotas, chismes y leyendas urbanas de toda clase. Algunas eran ciertas; otras, fantasías de ciudadanos aburridos, funcionarios resentidos o gente que jamás había hecho un trámite en la Intendencia. Pero casi todas tenían algo en común: dejaban a los empleados municipales bastante mal parados.
La más conocida era aquella de los funcionarios comiendo bizcochos y preparando el mate a escondidas mientras el pobre contribuyente esperaba para ser atendido.
En la imaginación popular, el Estado uruguayo era un gigantesco salón con escritorios, donde los expedientes dormían la siesta y los relojes avanzaban más despacio que en el resto del universo.
¿Había funcionarios que se tomaban demasiadas libertades? Por supuesto. ¿Oficinas lentas, trámites absurdos y procedimientos que parecían diseñados por un enemigo de la humanidad? También.
Negarlo sería tan ridículo como sostener que todos se pasaban la jornada mirando el techo.
Por eso me llamó la atención una noticia que me alcanzó mi amigo Matías: Uruguay quedó en el puesto 20 entre 120 países en el Blavatnik Index of Public Administration 2024, elaborado por la Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford.
¡Mirá vos!
Tantos años escuchando que el Estado uruguayo era una máquina de ineficiencia y resulta que, cuando alguien se toma el trabajo de medirlo con una metodología internacional, no salimos tan mal parados.
¡Uruguay nomá!
Oxford nos mira el expediente
El índice utiliza 82 métricas provenientes de 17 fuentes y evalúa cuatro dimensiones: estrategia y liderazgo, políticas públicas, entrega nacional, y personas y procesos.
Uruguay obtuvo 0,72 puntos y comparte el puesto 20 mundial con Italia, Portugal y Suecia. Es el tercero de las Américas, detrás de Canadá y Estados Unidos, y el primero de América Latina. Chile ocupa el puesto 27; Brasil y Colombia, el 32; Argentina, el 62.
Nuestro mejor resultado está en personas y procesos.
En las otras tres dimensiones quedamos entre los primeros treinta.
No somos Singapur, que encabeza la clasificación. Tampoco somos un desastre condenado a la irrelevancia.
¿Significa que no tenemos problemas? Ni por asomo. Significa que hay algo más interesante que repetir que todo funciona mal: tenemos fortalezas que merecen reconocimiento y que, precisamente por eso, podemos y debemos mejorar.
Qué no mide el índice
Y acá conviene no agrandarse. El propio informe de Oxford advierte algo que pocos citan: «Los usuarios deben ser cuidadosos en la interpretación de pequeñas diferencias de puntaje y rango; el Índice es una herramienta indicativa».
No mide todo lo que hace el Estado ni garantiza que el vecino esté satisfecho con el servicio. No mide si te atendieron bien en la ventanilla ayer. Es una herramienta comparativa, no una sentencia definitiva. Y mide la administración nacional, no es una evaluación directa de las intendencias.
Lo aclaro porque si no parece que estoy sacando pecho y esa no es la idea.
Ni el Estado es el demonio ni el funcionario es un santo
En Uruguay hay dos posiciones que se enfrentan como si fueran las únicas posibles. Unos creen que cualquier crítica al Estado es una conspiración neoliberal. Otros están convencidos de que todos los problemas se arreglan echando funcionarios y vendiendo hasta el mostrador.
Los primeros confunden defender los servicios públicos con defender cada procedimiento, cada cargo y cada privilegio. Los segundos confunden eficiencia con achique, como si una oficina funcionara mejor cuanto menos personal tuviera.
Ninguna de las dos sirve demasiado.
Un Estado puede ser necesario, profesional y relativamente eficiente, y aun así gastar mal, duplicar tareas o conservar trámites que perdieron toda razón de ser. Reducir personal tampoco garantiza mejores servicios.
La discusión seria es otra: qué debe hacer el Estado, cómo debe hacerlo, cuánto cuesta y qué resultados obtiene.
Yo lo vi. Vi pasar del expediente cosido a mano, con carátula de cartón y pase a tinta, al expediente electrónico. Ese cambio solo nos ahorró varios días de vueltas entre oficinas, que antes perdía el vecino.
No hizo falta motosierra sino sentido común y que alguien se animara a cambiar un reglamento avejentado.
Detrás de cada expediente hay una persona que necesita una respuesta. Si el Estado ya tiene un documento, no debería obligar al ciudadano a peregrinar de oficina en oficina para demostrar que existe. Si un trámite puede resolverse digitalmente, no hay ninguna virtud republicana en hacerle perder una mañana de trabajo para entregar un papel.
La reforma no se hace con motosierra
Modernizar el Estado no significa perseguir empleados públicos ni blindarlos frente a cualquier evaluación. Significa establecer reglas claras, exigir responsabilidades y reconocer el trabajo bien hecho. Distinguir entre el procedimiento necesario y la traba que sobrevive porque nadie se anima a eliminarla.
También hay que discutir el costo de los servicios, la presión fiscal, los monopolios, las empresas públicas y la relación entre gasto y resultados. Son asuntos legítimos que requieren números y propuestas concretas, no una colección de anécdotas sobre empleados tomando mate y comiendo bizcochos.
Después de 33 años en la Intendencia, no necesito que Oxford me explique que la administración pública tiene defectos. Los conocí desde adentro. Pero también sé que detrás de la caricatura del funcionario que desayuna o merienda en su lugar de laburo mientras el ciudadano espera, hay miles de personas que laburan en serio, son creativos, esforzados, resuelven problemas y sostienen servicios esenciales.
Por eso me parece saludable que nos pongan en un lugar destacado. No para decir que somos los mejores, sino para recordar que hay capacidades que no conviene destruir por prejuicio ni dar por garantizadas por comodidad.
Los bizcochos pueden esperar
Aclaremos: esto no demuestra que ningún funcionario haya comido bizcochos en horario de trabajo. Lo que demuestra es que una anécdota no hace una estadística, y que un ranking no reemplaza la experiencia del vecino que espera en ventanilla.
La buena administración no consiste en prohibir el mate, sino en que las cosas funcionen en tiempo y forma.
Uruguay tiene motivos para reconocer lo que hace bien.
Y tiene, sobre todo, la obligación de mejorar lo que todavía hace mal.
