Ricardo Acosta
Las declaraciones de María Julia Muñoz en el programa Todo un Tema, del streaming de El Observador, el pasado jueves 22 de octubre, dejaron bastante más que una polémica política. La exministra del Frente Amplio acusó al Partido Nacional de haber tenido «mucho robo para la corona» durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y vinculó directamente al astillero Cardama con el financiamiento de la Lista 40 y de Javier García. Incluso aseguró que el expresidente conocía la existencia de supuestas coimas en su administración.
No fueron comentarios al pasar. Fueron afirmaciones graves, realizadas públicamente y sin que en esa entrevista se presentaran pruebas que las respaldaran.
Cuando se le recordaron episodios judiciales que involucraron a jerarcas de los gobiernos frenteamplistas, Muñoz también hizo sus propias distinciones: reconoció responsabilidades en el caso de Juan Carlos Bengoa, pero defendió a otras figuras como Fernando Calloia y Fernando Lorenzo. Una vara que, al parecer, admite distintas medidas según quién esté del otro lado.
La respuesta de Javier García fue anunciar que recurriría a la Justicia, algo que finalmente concretó el 26 de octubre mediante una denuncia por presunta difamación e injurias. Después llegó la respuesta de Muñoz, esta vez a través de una carta pública. Allí se presentó como una «señora jubilada», ironizó sobre el planteo del senador y hasta deslizó referencias personales para restarle entidad al reclamo. Fernando Pereira, por su parte, se encargó de aclarar que aquellas declaraciones eran una opinión personal y no representaban la posición del Frente Amplio.
Conviene aclararlo desde el principio: este no es un artículo para defender a Javier García ni al Partido Nacional. No hace falta compartir sus ideas, su trayectoria o sus posiciones políticas para cuestionar las formas de quien decide enfrentarlo. La discusión está en otro lado.
La memoria también debería servir para recordar que nadie tiene un certificado de superioridad moral. Mucho menos cuando su propia trayectoria estuvo atravesada por episodios que generaron controversia y dolor. La soberbia no es una virtud, y la condición de haber ocupado cargos importantes tampoco concede patente de autoridad sobre los demás.
Muñoz fue ministra de Salud Pública, ministra de Educación y Cultura y ocupó otras responsabilidades de relevancia. No es una ciudadana ajena a la vida pública ni alguien que desconozca el peso de sus palabras. Precisamente por eso, sorprende que confunda la contundencia con la descalificación y la experiencia con una supuesta autoridad para juzgar a los demás.
La política necesita confrontación, diferencias y dirigentes capaces de defender sus ideas. Lo que no necesita es convertir el debate en un ejercicio de desprecio personal.
Porque se puede cuestionar, denunciar y hasta recurrir a la Justicia sin perder el respeto. Y también se puede tener una larga trayectoria política sin creerse dueño de la verdad.
Nadie está obligado a admirar a quien piensa diferente. Pero nadie debería sentirse con derecho a mirar a los demás desde arriba.
