Gonzalo Durañona
La claudicación de una clase política de espaldas al pueblo
¡Qué triste espectáculo ha ofrecido la República Oriental del Uruguay! Un país que dedicó décadas de luchas a emanciparse del oscurantismo clerical, que levantó escuelas donde antes se pretendía imponer catecismos y que separó al Estado de la Iglesia para liberar la conciencia de sus ciudadanos, contempla hoy a buena parte de su dirigencia política rendida ante una sotana. En pleno siglo XXI, cuando creíamos superadas las genuflexiones medievales, hemos visto a representantes de nuestra República arrodillarse y besuquear anillos eclesiásticos. ¡Qué penosa imagen la de quienes, investidos de la soberanía popular, parecen necesitados de la bendición de Roma! Y más penoso todavía resulta encontrar entre ellos a quienes se proclaman herederos de las tradiciones laicas del batllismo. Parece que algunos han conservado sus cargos, pero han extraviado más de un siglo de progreso republicano. La devoción privada merece respeto; el espectáculo de sumisión de nuestros dirigentes merece una severa censura.
Pero hay algo todavía más revelador: apenas el 33 % de los uruguayos adultos se identifica como católico, y solamente el 9 % se declara practicante, según una encuesta de Cifra. Otro estudio señala que al 63 % de los consultados la visita pontificia le merece poca o ninguna importancia. ¡Y sin embargo, contemplamos a una clase política entregada a una exaltación religiosa que difícilmente refleje semejante indiferencia ciudadana! Gobernantes, legisladores, autoridades civiles y militares, oficialistas y opositores, todos embarcados en una demostración de fervor institucional que parece más propia de un Estado confesional que de nuestra República laica. ¿A quiénes creen representar? ¿Al pueblo que los eligió o a una jerarquía religiosa que no recibió mandato alguno de los orientales? Una dirigencia que se reconoce entre sí, comparte privilegios, olvida sus principios y parece vivir de espaldas al sentir ciudadano. Si a esa desconexión entre gobernantes y gobernados no puede llamársela casta, ¡habrá que inventar otra palabra!
Los unos y los otros
Y mientras nuestros políticos se disputan el privilegio de inclinar la cabeza, el visitante ilustre viene a cuestionar las conquistas civiles de nuestra democracia. El papa León XIV, representante de una institución que durante siglos pretendió gobernar las conciencias, nos recuerda sus doctrinas sobre el aborto y la muerte digna. ¡Como si necesitáramos autorización de Roma para resolver nuestros propios problemas! ¡Como si las convicciones de un pontífice debieran prevalecer sobre las leyes de una República soberana! Hay entre nosotros personas condenadas por enfermedades incurables a padecimientos atroces. Para la doctrina eclesiástica, deberán soportarlos hasta que la naturaleza, o la providencia, decida ponerles término. ¡Admirable generosidad la de quienes, sin sufrir en carne propia el dolor ajeno, se permiten dictar cuánto debe soportarlo otro ser humano! Nuestro Parlamento, por fortuna, ha reconocido el derecho a una muerte digna bajo estrictas garantías. También hemos reconocido a las mujeres el derecho a decidir sobre su embarazo. No obligamos a ningún católico a abortar ni a solicitar la eutanasia. Pero la jerarquía católica pretende que sus prohibiciones alcancen también a quienes no compartimos su fe. ¡He ahí la diferencia entre la libertad y el dogma, entre una República de ciudadanos y una sociedad de súbditos!
Pero acaso más grave que las prédicas del pontífice sea la conducta de nuestro propio gobierno. El artículo 5 de la Constitución proclama con absoluta claridad: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo puso dos aeronaves de la Fuerza Aérea, con sus tripulaciones y recursos públicos, al servicio del traslado del jefe de la Iglesia católica a Paysandú, donde celebró una misa. ¡El Estado laico convertido en empresa de transporte de la Iglesia! Una cosa es recibir diplomáticamente al jefe de un Estado extranjero y garantizar su seguridad; otra, muy distinta, es poner medios militares al servicio de una misión pastoral. ¿O acaso basta una invitación presidencial para que el artículo 5 quede suspendido por obra y gracia del Espíritu Santo y la “Santa Fé” (de Hyundai)? ¡Imaginemos por un instante que semejante privilegio fuera solicitado por un pastor evangélico, un rabino, un imán o una sacerdotisa de los cultos afroamericanos! ¿Pondría el Poder Ejecutivo dos aviones militares para conducirlos a sus ceremonias religiosas? ¿Movilizaría los recursos de la República con idéntico entusiasmo? Seguramente escucharíamos entonces los sermones de austeridad, las apelaciones al presupuesto y las invocaciones a la separación entre Iglesia y Estado. Pero cuando se trata de Roma, desaparecen los principios, se doblan las rodillas y el erario parece transformarse en una piadosa caja de limosnas.
Las obligaciones republicanas
Lo verdaderamente indignante es la claudicación de un sistema político que parece haber olvidado sus obligaciones republicanas. Qué escasas las voces dispuestas a preguntar dónde termina la cortesía diplomática y dónde comienza el privilegio religioso. Y particularmente doloroso resulta comprobar que dirigentes del Partido Colorado, heredero de las grandes reformas secularizadoras, participen de semejante espectáculo sin advertir la contradicción histórica que representan. ¡Qué distancia entre aquellos hombres que enfrentaron valientemente el poder clerical y estos políticos que parecen buscar en un anillo episcopal la bendición que no les alcanza con recibir del pueblo! Conviene recordarles a estos nuevos cortesanos de Roma que el Uruguay moderno no nació de los milagros, las procesiones ni las indulgencias. Nació del esfuerzo de generaciones que combatieron los privilegios, defendieron la educación pública y laica, promovieron el conocimiento científico y arrancaron a las autoridades religiosas el poder de decidir sobre la vida civil. El progreso no descendió del cielo: fue conquistado mediante la razón, el estudio, el trabajo y la lucha política. Mientras las religiones prometían recompensas en otra vida, nuestros reformadores se empeñaron en mejorar esta. Mientras unos predicaban resignación ante el sufrimiento, otros construían derechos, hospitales, escuelas y leyes. ¡Y ahora parece que a más de un dirigente le bastó el brillo de una mitra para olvidar toda esa historia!
Que el papa visite nuestro país, que predique a sus fieles y que sea recibido con el respeto debido a su investidura. ¡Nadie pretende negarle ese derecho! Pero que no espere que los orientales renunciemos a nuestras libertades para complacer a Roma. Y que nuestros gobernantes comprendan, de una buena vez, que no fueron elegidos para servir a los altares, sino para defender la Constitución. El batllismo no es únicamente una divisa electoral: es una concepción de la libertad, del progreso y de la dignidad humana. Quien renuncia a defender esos principios podrá conservar su cargo, pero habrá renunciado a lo más noble de su tradición. La libertad de conciencia no se negocia, la soberanía popular no se bendice y los derechos civiles no se someten a votación en ningún concilio. Podrán arrodillarse los políticos, podrán besar anillos los devotos, podrán repicar todas las campanas de la cristiandad. Pero hay algo que ninguna sotana, ningún dogma y ninguna claudicación política deberían conseguir jamás: ¡que la República Oriental del Uruguay vuelva a ponerse de rodillas!
