Cuestión de ética, legalidad, o exageración

Zósimo Nogueira

Renuncio Santiago González Director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior por atenderse en el Hospital Policial sin ser beneficiario del servicio.

Un dolor lumbar lo llevo a ese centro, recibió consulta médica y se le aplico un calmante.

Luego de trascendidos periodísticos y de políticos de su partido lo negó con respuestas evasivas.

Pero debido a las evidencias renuncio ante el Presidente Dr. Lacalle Pou, expresando arrepentimiento y que para bien del partido debía irse.

La renuncia fue aceptada pero tanto el Presidente como el Ministro Heber agradecieron sus servicios, expresando conformidad con su desempeño.

Santiago González, fue designado en el cargo en marzo del 2020.

En su relacionamiento con los mandos policiales se ganó simpatía de unos y rechazo de otros. 

Era persona de extrema confianza del Ministro Larrañaga y luego de fallecido éste continuo con el apoyo político de la cúpula Ministerial.

Remplazo al Sociólogo Gustavo Leal iniciador del cargo en administración del Frente Amplio quién continua como asesor en seguridad.

Su actividad consistía mayormente en acompañar operativos policiales de entidad, hablar con vecinos, notificar ordenes de desocupación de espacios públicos; generar cercanía entre policía y ciudadanía.

Reconoció a periodistas de El País y Canal 12 que por un fuerte dolor de espalda fue a consulta médica y le administraron OXA B 12, pero no retiro ningún medicamento.

Quiere que se investigue; porque su Número de Cédula aparece ingresado en el monitor para retirar medicación en farmacia.

No se constata el retiro y aporta pruebas de que al momento de ese registro estaba trabajando.

Considera  que lo quieren perjudicar.

Expresa en su renuncia que nunca se aprovechó ni beneficio del poder.

Actúa en concordancia con el proceder del Dr. Luis Calabria de su mismo sector que por haber consultado con un oftalmólogo  del Hospital Policial sin ser afiliado al mismo opto por renunciar.

Recordemos que en el Senado hay una comisión que investiga el uso indebido del Hospital Policial por atención de algunas personas en forma irregular. 

En especial lo actuado por disposición del hoy Senador Charles Carrera.

Estadía y  atención de civil víctima de una balacera que se presume partió de la Comisaria de la Paloma (Rocha); y a la Diputada Pereyra esposa del fallecido Ministro Eduardo Bonomi que recibía atención habitual y especial en el Policial 

En ambas situaciones hay muchas irregularidades y datos falsos. 

Sobre Santiago González diversos  políticos expresaron conformidad con su gestión y les parece loable su actitud de renunciar como impronta partidaria.

Ante una equivocación un paso al costado. 

Es evidente que este desenlace ocurre a instancia de que el tema está instalado; hasta los estudiantes del IAVA desalojados hace pocos días  se permiten burlas sobre González  quién  estuvo en algunas tratativas previas  a ese desalojo. 

Muchos policías cuestionan el desempeño de González por su visibilidad en los medios opinando sobre seguridad sin conocimientos profesionales, pero hay que tener en cuenta que su cargo es político con la tarea de nexo entre policía y población Civil.

Es un cargo político para una función política.

Si se excede en alguna apreciación profesional son los mandos afectados quienes deben realizar las aclaraciones correspondientes. 

En ocasiones a muchos beneficia, que le saquen responsabilidades. Es cuestión de poner límites y buen entendimiento.

Una actividad tan diversa, dinámica y sensible.

Con tanto personal, con espacios no tan delimitados, pueden ocurrir y ocurren estas situaciones.

Hay que entender que en un organismo jerárquico como la policía el pedido de un superior es una orden.

Ante la comparecencia de un jerarca ministerial a cualquier unidad se lo atiende con deferencia y se allanan caminos en procura de satisfacer su demanda.

A no ser que constituya una notoria ilegalidad, lo que amerita las explicaciones del caso.

Lo que no se puede obviar es la comunicación al mando inmediato superior.

Seguramente cuando  González concurrió a asistirse hablo con algún superior del Policial.

De no ser así el Jefe del servicio médico que debió ser enterado, y es un hecho que le prestó atención  al tenor de la consulta y a la solución clínica abordada. González es una figura conocida.     

Para ingresar a cualquier consulta se deben aportar sus datos y pagar el ticket.

Si no figura en el registro de usuarios debe intervenir el jerarca de turno que habilite la atención, para luego derivarlo a medicina general o al especialista que corresponda.

En este caso para suministrar medicación también fue requerida la atención de enfermería.

Es imposible que esto pase desapercibido.

Lo del ingreso del documento de González para Farmacia otro imposible, no es afiliado y ahí carecen de sus datos. Alguien lo digito en el monitor.

O mala fe, o alguien quiso hacerle un favor.

Pero en este y en todos estos casos me pregunto.

Si se hizo el uso indebido de un servicio, si éste servicio tiene un costo con renunciar no se subsana el perjuicio.

Nadie habla del pago de la consulta y de la atención.

O debe pagar, o a nivel de la Dirección del Hospital se debe generar una resolución que lo absuelva de ello.

La o las renuncias tienen una connotación política pero no reparan el perjuicio económico, que es lo que se está cuestionando.

Esta situación requiere de una simple resolución, pero hay que tomarla.

Fijando costos de atención para quién pertenezca al Ministerio del Interior pero no figure entre los usuarios del HHPP, están en el mismo barco.

Pueden afiliarse y pagar una cuota porcentual de su salario pero por la inestabilidad temporal de los cargos de particular confianza o ser contratados bien puede fijarse valores de descuento fijos.

El Hospital Policial vende servicios a privados, a otras instituciones estatales y tiene un régimen de extensión de atención para familiares de policías luego de mayoría de edad hasta los alcanzar los 30 años.

En emergencia se atiende a quién fuere por casos de accidentes o situaciones de extrema gravedad.

Cualquier persona siendo socia de una mutualista puede ser atendida en otra o en un centro de Salud Pública pagando

En los casos de Calabria y Santiago González se ha sobredimensionado. También admite dudas la sorpresa de las jerarquías superiores.

¿En las charlas diarias no comentaron estas consultas médicas?

Todas estas situaciones se pueden resolver con resoluciones administrativas de las jerarquías Ministeriales  

Se está exagerando y me pregunto.

Defensores o detractores de González nunca trasgredieron esos códigos de ética.

No le pidieron una extra a un prestador de servicios públicos.

 Nunca le dieron una propina, un obsequio a quién cumplía con su tarea ya asignada y por las que recibe un salario.

Se está exagerando y prescindiendo de recursos humanos que se dicen importantes por nimiedades.

Porque no cobrar los costos del servicio, o si entiende que no corresponde avalar y poner punto final.

Aclaro, nunca trate con esta persona, discrepo con su forma de abordar varios temas policiales, penitenciarios y otros pero representa una fuerza política.

Hay un plan de gobierno concertado que no se ha cumplido pero el esfuerzo y dedicación de Santiago González es incuestionable.