La grieta previsional

Guzmán A. Ifrán

Durante décadas, Uruguay construyó uno de los activos más valiosos que puede tener un país pequeño en el escenario internacional: credibilidad. Una reputación basada en la estabilidad institucional, el respeto por las reglas de juego, la prudencia macroeconómica y la seriedad en el manejo de las políticas públicas. Esa imagen permitió que el país fuera visto como una excepción positiva dentro de América Latina, generando confianza en inversores internacionales, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y actores económicos de todo tipo.

Por eso resultan profundamente preocupantes las recientes iniciativas y planteos impulsados desde ámbitos vinculados al gobierno en torno a modificar nuevamente el régimen previsional y, particularmente, avanzar sobre aspectos centrales del sistema de AFAPS.

Más allá de los intentos posteriores de moderar el discurso o relativizar el alcance de algunas propuestas, lo cierto es que las señales ya fueron dadas. Y en economía, las señales importan. Mucho más de lo que muchas veces algunos dirigentes parecen comprender.

Los recientes documentos surgidos del denominado Diálogo Social plantean modificaciones sustanciales al funcionamiento actual del sistema previsional uruguayo, incluyendo un mayor protagonismo estatal en la administración de las cuentas individuales y cambios estructurales en el vínculo entre los trabajadores y las AFAP. Aunque oficialmente se intente negar cualquier intención de “estatización”, resulta evidente que existe una voluntad política de avanzar hacia un esquema crecientemente centralizado y con mayor control estatal.

Y eso genera incertidumbre.

Porque el principal sustento de cualquier sistema previsional no es únicamente financiero. Es la confianza. La confianza de los trabajadores en que las reglas no cambiarán permanentemente. La confianza de quienes aportan durante décadas esperando una jubilación digna. La confianza de los mercados en que Uruguay seguirá siendo un país serio y previsible.

Cuando esa confianza comienza a deteriorarse, las consecuencias pueden ser muy profundas.

Uruguay logró durante años diferenciarse de muchos países de la región justamente porque mantuvo estabilidad institucional y responsabilidad fiscal. Esa reputación permitió acceder a mejores condiciones de financiamiento, fortaleció la relación con organismos internacionales y consolidó la imagen de un país confiable para invertir y desarrollar proyectos de largo plazo.

Por eso resulta tan grave que hoy se vuelvan a instalar discursos y propuestas que generan dudas sobre el futuro del sistema previsional y sobre la estabilidad de las reglas de juego.

Porque los mercados internacionales no reaccionan solamente frente a leyes aprobadas. También reaccionan frente al clima político, a los discursos oficiales y a las señales estructurales que transmite un país.

Y cuando desde el oficialismo o desde espacios promovidos por el gobierno se plantea reducir el rol del ahorro individual, aumentar la intervención estatal o flexibilizar nuevamente condiciones jubilatorias sin resolver el problema estructural de financiamiento, lo que se transmite hacia afuera es una señal de fragilidad institucional y potencial deterioro fiscal.

El problema previsional uruguayo no desaparece por voluntad política ni por discursos ideológicos. Uruguay enfrenta un claro proceso de envejecimiento poblacional. La relación entre trabajadores activos y jubilados se deteriora año a año. La esperanza de vida aumenta. Y las presiones sobre el gasto público son cada vez mayores.

Pretender enfrentar esa realidad apelando a fórmulas políticamente simpáticas pero financieramente peligrosas constituye una enorme irresponsabilidad.

Más aún cuando el país ya destina una porción gigantesca de sus recursos al financiamiento del sistema previsional.

Uno de los aspectos más preocupantes de este debate es que parece ignorarse deliberadamente el daño reputacional que este tipo de discusiones genera en el exterior. Uruguay construyó durante décadas una marca país asociada a la estabilidad, la previsibilidad y la moderación. Esa reputación no puede ponerse en riesgo por impulsos ideológicos o por intentos de satisfacer determinadas presiones sectoriales.

Porque destruir confianza lleva muy poco tiempo. Recuperarla puede llevar décadas.

Además, existe otro elemento particularmente delicado: el mensaje que se transmite a las nuevas generaciones. Cada vez que se modifica estructuralmente el sistema previsional o se cuestionan pilares fundamentales del mismo, se incrementa la sensación de incertidumbre entre quienes hoy trabajan y aportan.

Muchos jóvenes ya observan con preocupación el futuro de sus jubilaciones. Perciben que el sistema enfrenta enormes dificultades de sostenibilidad y que, posiblemente, deberán aportar durante más años para recibir prestaciones menores. Si además el país transmite señales de inestabilidad institucional o cambios permanentes de reglas, el resultado inevitable es una mayor pérdida de confianza en el sistema.

Y un sistema previsional sin confianza termina debilitándose todavía más.

Uruguay no puede darse el lujo de comenzar a parecerse a aquellos países donde las reglas jubilatorias cambian constantemente según las necesidades políticas del momento. No puede entrar en una lógica pendular donde cada gobierno intenta rediseñar estructuralmente el sistema previsional de acuerdo con su orientación ideológica.

Eso no fortalece derechos. Eso no protege a los trabajadores. Eso no mejora las jubilaciones futuras.

Por el contrario, genera incertidumbre, deteriora la confianza y compromete seriamente la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

Desde mi punto de vista personal, este tipo de iniciativas representan un grave error político, económico e institucional. Constituyen una señal negativa hacia el mundo y ponen en riesgo una reputación internacional que Uruguay ganó con muchísimo esfuerzo durante décadas.

En definitiva, hacemos votos para que estas propuestas no prosperen y para que prevalezca la racionalidad técnica, la responsabilidad fiscal y el sentido institucional.

Porque cuando un país empieza a jugar con la credibilidad de su sistema previsional, empieza también a jugar con su estabilidad económica, con su reputación internacional y con el futuro de sus ciudadanos.