Guzmán A. Ifrán
Las recientes desvinculaciones de trabajadores de Canal 12 reabrieron un debate que trasciende largamente a una empresa de comunicación. Detrás de cada despido hay historias personales, familias e incertidumbre, pero también un fenómeno más profundo: la transformación del mercado laboral hacia modalidades cada vez más flexibles para las organizaciones y, muchas veces, más frágiles para quienes viven de su trabajo. Sería un error reducir este episodio a una coyuntura empresarial. Constituye una oportunidad para preguntarnos si las garantías laborales conquistadas durante más de un siglo continúan respondiendo a la realidad actual.
En numerosos sectores comienzan a multiplicarse formas de contratación que, aun siendo legales en muchos casos, trasladan riesgos crecientes al trabajador. La comunicación, la salud y otras actividades profesionales conocen situaciones en las que la prestación de servicios mediante empresas unipersonales o regímenes de facturación termina sustituyendo vínculos de dependencia tradicionales. No corresponde generalizar ni atribuir esa realidad a un caso concreto sin pruebas, pero sí reconocer que existe una tendencia que merece ser discutida con seriedad. A ello se suma una disminución de la sindicalización en algunos ámbitos, lo que debilita la capacidad de negociación precisamente de quienes se encuentran en una posición más vulnerable.
Frente a este escenario, el pensamiento batllista recupera una actualidad sorprendente. José Batlle y Ordóñez comprendió que la libertad económica solo es auténtica cuando se ejerce sobre una base mínima de justicia social. La jornada de ocho horas, el descanso semanal, la protección frente al despido y tantas otras conquistas no surgieron espontáneamente del mercado; fueron el resultado de decisiones políticas que buscaron equilibrar una relación naturalmente desigual entre empleador y trabajador.
Quienes nos sentimos vallistas no podemos considerar aquellas conquistas como un capítulo cerrado de la historia. Los derechos laborales nunca quedan asegurados para siempre. Cambian las tecnologías, evolucionan las empresas y aparecen nuevas formas de organización del trabajo que exigen respuestas igualmente modernas. Defender hoy el legado batllista implica actualizarlo: fortalecer los mecanismos de fiscalización, combatir las falsas relaciones de independencia cuando existan, promover una negociación colectiva adaptada a las nuevas realidades y construir un marco regulatorio que combine competitividad con dignidad laboral.
Uruguay necesita empresas fuertes, inversión, innovación y crecimiento. Pero también necesita trabajadores que puedan desarrollar sus proyectos de vida con estabilidad y reglas claras. No existe contradicción entre ambas cosas. La verdadera modernización consiste en generar empleo de calidad, no en debilitar las protecciones que distinguen a una sociedad desarrollada. Si el caso de Canal 12 sirve para abrir ese debate, habrá dejado una enseñanza valiosa. El batllismo nació para poner a la persona en el centro de las políticas públicas. Un siglo después, esa sigue siendo una tarea pendiente y una responsabilidad plenamente vigente.
