Jorge Nelson Chagas
Un célebre articulo publicado en Marcha en los años ’40 – probablemente escrito por Carlos Quijano- advertía que la vida del ciudadano uruguayo desde que se levantaba en la mañana hasta que se acostaba en la noche estaba regida por la presencia del Estado. Le suministraba luz y teléfono (UTE), agua (OSE), transporte (AMDET y AFE), alimentos (Subsistencias)… Este mismo artículo podía haber sido escrito en el año1985, cuando la economía ya se había liberalizado pero el Estado continuaba presente en la vida cotidiana de los uruguayos.
Contrariamente a lo que se supone el debate sobre el Estado no es nuevo en el Uruguay. En los años ’30, cuando la creación de ANCAP y UTE, los actores políticos polemizaron largamente sobre la conveniencia o no de ampliar sus funciones. En los años de prosperidad económica, salvo excepciones, el tema del Estado no estuvo presente. Pero hacia mediados de los ’50 volvió al tapete. Entre 1955-1958 El Día publicó una serie de artículos donde expresó la necesidad de terminar con el “papeleo” y el “expedienteo” (sic), lo que revela la desaprobación del batllismo catorcista con la gestión estatal. Es más: hay indicios históricos de que Lorenzo Batlle Pacheco estaba desconforme con el funcionamiento de las empresas públicas y estaba pensando en realizar cambios. Todo indica que tales cambios tenían que ver con la incorporación de técnicos en sus direcciones, en desmedro de los políticos.
Tema aparte merece la gestión de Nilo Berchesi como ministro de Hacienda de Luis Batlle (durante los años 1949-1950) que intentó con variado éxito una racionalización del Estado. En realidad, hubo en esos años una multiplicación y difusión de informes de expertos internacionales que diagnosticaron las dificultades de la Administración Pública uruguaya: en 1952, James Garvey sobre contrataciones del Estado; en 1954, Elwyn Mauck sobre capacitación de funcionarios públicos y John Hall sobre la reorganización administrativa del Ministerio de Salud Pública; y en 1955, Justo Orozco y John Hall acerca de las funciones de la Secretaría del Consejo Nacional de Gobierno. También es de relevancia el curso sobre Administración Pública dictado por el experto Wilburg Jiménez Castro en agosto de 1955 y el Seminario sobre Capacitación y Administración del Personal Público, realizado en octubre de 1955 por las Naciones Unidas; que diera posteriormente lugar a la creación de la Comisión Asesora sobre Administración Pública (CASAP).
El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (1965-1974) de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) fue un ambicioso proyecto de planificación estructural para Uruguay, impulsado a mediados de los 60 para superar el estancamiento económico. En uno de sus capítulos plantea la modernización del Estado.
Y en 1969, durante el gobierno de Pacheco Areco, se presentó el informe de Oscar Ozlak – un erudito en el campo del pensamiento sobre el Estado y la administración pública – sobre el mismo tema.
También existen indicios históricos que Pacheco consideraba que la estructura del Estado era lenta y pesada, y se lamentaba de no haber logrado una mayor eficiencia en sus políticas públicas.
O sea que la clase política no miró para el otro lado en cuanto a encarar el problema del Estado. Los mismos militares cuando pasaron a conducir el Estado buscaron darle – con una lógica autoritaria – mayor efectividad.
Entonces, ¿por qué, aún hoy, el tema del Estado sigue en la agenda política?
TIEMPO DE CAMBIOS Adolfo Garcé ha sostenido – y creo que con mucho acierto- que la modernización del Estado uruguayo no ha avanzado más de prisa porque existe un bloqueo originado por el choque entre las reformas impulsadas por los técnicos y las necesidades de los partidos políticos de atender a sus clientelas electorales.
Un ejemplo histórico concreto es la gestión del contador Nilo Berchesi (integrante de la primera generación de egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración) durante el primer gobierno de Luis Batlle entre los años 1949 -1950. A lo largo de su breve actuación hizo un vigoroso intento por racionalizar la Administración Pública y el sistema presupuestario. Incluso concibió un sistema de planificación amplio y complejo, que no llegó a concretarse por las resistencias políticas dentro del mismo gobierno.
Sin embargo, sería un error achacar al batllismo la obstaculización de la modernización del Estado. El famoso artículo del “3 y 2” de la Constitución de 1952 – que implicó un reparto descarado de empleos públicos – contó con la entusiasta aprobación del herrerismo. Lo que demuestra que las prácticas clientelìsticas estuvieron siempre muy extendidas en los partidos políticos.
Durante su primer gobierno 1985-1990 Julio María Sanguinetti habló concretamente de modernizar el Estado y mostró su preocupación por terminar con las colas en las dependencias públicas. Luis Lacalle Herrera fue, tal vez, el presidente que desde el retorno de la democracia intentó hacer los cambios más profundos en el Estado uruguayo. La Ley de Empresas Públicas, promulgada en 1991, no sólo buscaba modernizar las empresas del Estado, sino cambiar el modelo de gestión comercial e industrial. Esta ley abordaba áreas como la gestión de PLUNA, telecomunicaciones (ANTEL), servicios portuarios, ILPE y energía eléctrica, permitiendo. que se asociaran con capitales privados,
La historia es conocida. Tras una implacable oposición político- sindical gran parte de los artículos que permitían estas privatizaciones fueron derogados en un referéndum el 13 de diciembre de 1992, donde el «SÍ» a la derogación ganó con amplia mayoría, defendiendo la propiedad estatal. (Atención con este punto: no se derogó toda la ley, sino una parte de ella, referente a la propiedad de las empresas)
Independientemente del juicio del valor que se tenga sobre esa ley con la perspectiva histórica se puede deducir que el mayor error cometido por aquel gobierno fue cuando el entonces senador Ignacio de Posadas habló de “enterrar al batllismo”. Una mojada de oreja que hizo resurgir con fuerza la cultura estatista de los ciudadanos. Jorge Batlle apoyó esa ley, pero cuando llegó a la Presidencia de la República el cúmulo de problemas que debió afrontar impidió que impulsara las reformas que bajo otras circunstancias históricas muy probablemente, hubiese intentado
En un principio parecería que los gobiernos de izquierda de Tabaré Vázquez y José Mujica fueron predominantemente estatistas. No estoy totalmente convencido. La izquierda no tocó los privilegios corporativos, pero muchas veces actuó con pragmatismo sin apostar a la sobrerregulación. No se retornó al dirigismo económico. Y siempre me llamó la atención lo que dijo Lacalle Pou sobre que durante su gestión presidencial terminó “queriendo” al Estado.
En fin… para terminar estas notas que buscan ser un humilde aporte a la cuestión del Estado uruguayo voy a narrar una breve anécdota histórica que contaba el profesor José Pedro Barran: en tiempos de la colonia hubo una crisis económica en la Banda Oriental que afectó a los comerciantes españoles llevándolos al borde de la ruina. ¿Qué hicieron entonces? ¿Aceptaron la quiebra y comenzaron de nuevo, con esfuerzo y sacrificio? No. Nada de eso. ¡Hicieron una manifestación hasta el Cabildo para reclamarle al Estado español que los resarciera!
Nada nuevo bajo el sol.
