Guzmán A. Ifrán
La reciente investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia abre un nuevo ciclo político en un país cuya historia contemporánea ha estado marcada por una singular combinación de fortaleza institucional, violencia persistente, desigualdad, narcotráfico y una notable capacidad para procesar electoralmente sus diferencias. Su llegada a la Casa de Nariño representa un giro respecto del gobierno de Gustavo Petro, pero reducir el resultado a un simple desplazamiento ideológico de izquierda a derecha sería insuficiente. Lo verdaderamente relevante es observar quién es el nuevo presidente, cómo llegó hasta allí, qué mandato recibió de las urnas y, sobre todo, con qué márgenes políticos deberá gobernar.
De la Espriella llega a la Presidencia desde una trayectoria poco convencional. Abogado penalista, empresario y figura de fuerte exposición mediática, no construyó su carrera recorriendo las etapas habituales de la política profesional ni acumulando cargos públicos. Su notoriedad nació fundamentalmente en el ejercicio del derecho, en litigios de alta repercusión y, posteriormente, en una presencia pública cada vez más vinculada al debate político. Esa condición de outsider fue uno de los elementos centrales de su candidatura: pudo presentarse ante una parte importante del electorado como alguien exterior a las estructuras partidarias tradicionales y, al mismo tiempo, convertir su reconocimiento público en una plataforma electoral propia.
Su ascenso fue rápido, aunque no inexplicable. Colombia llegó a las elecciones de 2026 después de cuatro años de un gobierno de izquierda que había despertado enormes expectativas al asumir y que, como ocurre tantas veces cuando las expectativas son altas, terminó generando también frustraciones y resistencias. La inseguridad, el avance o recomposición de organizaciones armadas en determinadas regiones, las dificultades de la llamada “paz total”, la situación fiscal, las tensiones alrededor del sistema de salud y las controversias políticas del período Petro configuraron un escenario favorable para una candidatura que ofreciera ruptura, autoridad y un cambio de rumbo. De la Espriella interpretó ese espacio y construyó su campaña alrededor de tres ideas fácilmente identificables: recuperación de la seguridad, reducción del peso del Estado y reactivación de la economía privada.
El resultado, sin embargo, obliga a introducir desde el comienzo una cautela esencial. La elección fue extraordinariamente estrecha. En el escrutinio nacional, la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo obtuvo 12.960.166 votos, equivalentes al 49,66%, mientras Iván Cepeda y Aída Quilcué alcanzaron 12.708.312, el 48,70%. La diferencia fue de apenas 251.854 votos. Es una victoria democrática plenamente válida, pero políticamente constituye un mandato que exige una lectura cuidadosa. El nuevo presidente ganó; no arrasó. Casi la mitad de quienes optaron por una de las dos fórmulas finales prefirió un proyecto diferente. En una democracia, la legitimidad no se mide por la amplitud de la ventaja, pero la capacidad de gobernar sí puede verse condicionada por la profundidad de las divisiones que deja una elección.
Allí aparece, a mi juicio, el primer gran desafío de De la Espriella. La campaña permite enfatizar diferencias; la Presidencia obliga a administrar pluralidades. Quien llega al gobierno gracias a una coalición electoral debe transformarse, desde el día de la investidura, en presidente de todos los ciudadanos. Esto resulta particularmente importante en Colombia, donde las diferencias políticas han estado demasiadas veces acompañadas por formas de estigmatización y donde la violencia ha tenido durante décadas una presencia que excede ampliamente la competencia democrática normal. El estrecho margen electoral no debería ser interpretado como una debilidad institucional, sino como una invitación a la prudencia, al diálogo y a la búsqueda de acuerdos.
La seguridad será inevitablemente la primera prueba. El nuevo presidente hizo de ella uno de los ejes principales de su campaña y ha anunciado una orientación sustancialmente más dura frente a las guerrillas, las organizaciones criminales y el narcotráfico. Su programa propone recuperar el control territorial, fortalecer a la Fuerza Pública, combatir los cultivos de coca mediante distintas modalidades de erradicación, endurecer la política penitenciaria y abandonar la lógica de negociaciones indefinidas con organizaciones que mantengan las armas. La investidura confirmó esa prioridad: el nuevo gobierno quiso transmitir desde sus primeras horas una imagen de autoridad, orden y respaldo a las instituciones encargadas de la seguridad.
La cuestión decisiva no será, naturalmente, la contundencia de las palabras, sino la eficacia de las políticas. Colombia conoce muy bien los costos de la violencia y también las limitaciones tanto de las estrategias exclusivamente militares como de los procesos de negociación que no logran traducirse en control efectivo del territorio. La experiencia del acuerdo de paz con las FARC demostró que reducir la violencia constituye un avance enorme, pero también que allí donde el Estado no ocupa integralmente los espacios abandonados por los grupos armados pueden surgir nuevas estructuras ilegales. Seguridad, por tanto, no significa solamente soldados y policías. Significa justicia, carreteras, escuelas, oportunidades económicas, presencia administrativa y capacidad real del Estado para impedir que el narcotráfico se convierta en la autoridad efectiva de regiones enteras.
El segundo desafío será económico y fiscal. De la Espriella ha planteado una reducción importante del tamaño del Estado, austeridad en el gasto, simplificación tributaria, estímulos a la inversión privada y un cambio profundo en la política energética. Su visión parte de la premisa de que Colombia necesita recuperar inversión, generar empleo y aprovechar con mayor intensidad sus recursos petroleros, gasíferos y mineros. En esa dirección, el nuevo gobierno ha señalado su voluntad de revitalizar Ecopetrol, ampliar la exploración de petróleo y gas y reconsiderar instrumentos como el fracking bajo determinadas condiciones ambientales. Se trata de un giro claro respecto de la orientación energética del gobierno anterior.
Pero nuevamente será la ejecución, y no la formulación, la que determinará los resultados. Reducir el gasto público puede ser necesario cuando las cuentas fiscales están tensionadas, pero no todo gasto es equivalente ni toda reducción genera eficiencia. Colombia necesita simultáneamente disciplina fiscal e inversión en seguridad, infraestructura, educación, salud y desarrollo territorial. El verdadero desafío consiste en distinguir el gasto improductivo de aquel que sostiene capacidades esenciales del Estado. Del mismo modo, promover la inversión privada puede convertirse en una poderosa herramienta de crecimiento, siempre que exista seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, competencia y reglas previsibles.
En materia social, el nuevo gobierno tendrá que evitar una falsa dicotomía que aparece con frecuencia en el debate latinoamericano: la idea de que crecimiento y protección social pertenecen a proyectos incompatibles. Ninguna política social es sostenible sin una economía capaz de financiarla, pero ningún crecimiento resulta políticamente estable si amplios sectores sienten que sus beneficios nunca llegan. Colombia sigue arrastrando desigualdades territoriales y sociales profundas. El desafío será combinar una economía más dinámica con mecanismos eficaces de movilidad social, acceso a la salud, educación de calidad y oportunidades para quienes viven lejos de los grandes centros urbanos.
También será determinante la relación con el Congreso. De la Espriella no dispone de una mayoría automática que le permita convertir cada promesa electoral en ley. La fragmentación parlamentaria obligará al Ejecutivo a negociar, construir coaliciones y aceptar que la democracia representativa introduce límites deliberados al poder presidencial. Esto puede parecer una dificultad, pero en realidad constituye una de las virtudes del sistema. Un presidente con una victoria estrecha y sin hegemonía legislativa está llamado a convencer además de mandar. La calidad de esas negociaciones permitirá apreciar si el outsider que conquistó el poder puede convertirse en un gobernante capaz de trabajar dentro de las instituciones.
La política exterior será otro terreno de cambio. Es previsible una relación más estrecha con Estados Unidos y una modificación de varias de las prioridades diplomáticas de Petro. También habrá mayor afinidad con gobiernos latinoamericanos que privilegian políticas de mercado y seguridad. Sin embargo, Colombia ocupa una posición regional demasiado importante como para convertir su diplomacia en una prolongación de afinidades ideológicas. La cooperación contra el narcotráfico, la situación venezolana, la migración, el comercio, la Amazonía y la seguridad fronteriza requieren pragmatismo y continuidad institucional más allá de las simpatías entre presidentes.
Existe, finalmente, un desafío que quizá englobe a todos los demás: el de transformar un liderazgo electoral intensamente personal en un gobierno institucional. De la Espriella cultivó durante la campaña una comunicación directa, confrontativa y de gran impacto mediático. Esa estrategia contribuyó a llevarlo a la Presidencia. Pero el ejercicio del poder exige otros registros. Las instituciones democráticas necesitan oposición, prensa independiente, justicia autónoma, controles parlamentarios y una administración pública profesional. La fortaleza de un presidente democrático no debería medirse por su capacidad para prescindir de esos contrapesos, sino por su aptitud para gobernar eficazmente respetándolos.
Por eso sería apresurado celebrar anticipadamente su gestión del mismo modo que sería injustificado condenarla antes de que comience a producir resultados. De la Espriella ha recibido una oportunidad y una responsabilidad enormes. Será evaluado por aquello que consiga hacer frente a problemas concretos: reducir homicidios, extorsiones y secuestros; recuperar territorios dominados por economías ilegales; contener el narcotráfico; ordenar las finanzas públicas; mejorar las condiciones para invertir y trabajar; fortalecer los servicios esenciales; y preservar la convivencia democrática de una sociedad que acaba de dividirse prácticamente en mitades.
En definitiva, Colombia no necesita que el nuevo gobierno tenga éxito para demostrar que una determinada corriente ideológica tenía razón. Necesita que tenga éxito porque detrás de cualquier administración existen millones de ciudadanos cuya vida cotidiana depende de que las instituciones funcionen. Y también necesita que los eventuales errores sean corregidos por los mecanismos normales de la democracia, sin convertir cada desacuerdo político en una confrontación existencial.
Los mejores augurios, entonces, para Abelardo de la Espriella en la responsabilidad que acaba de asumir. No se trata de una adhesión política ni de un juicio anticipado sobre su gobierno. Se trata de algo bastante más elemental: desear que un presidente elegido democráticamente pueda contribuir al bienestar de su pueblo, dentro de la Constitución, con respeto por quienes piensan diferente y con resultados que mejoren la vida de los ciudadanos. Colombia ha sufrido demasiado tiempo la violencia como método de acción política y como instrumento de poder territorial. Su pueblo merece paz, seguridad y desarrollo; merece que las diferencias se resuelvan en las urnas, en el Parlamento, en los tribunales y en el debate público, nunca mediante las armas. Si el nuevo ciclo político consigue avanzar en esa dirección, no será solamente un éxito de un presidente o de un partido. Será, sobre todo, un éxito de Colombia.
