Ricardo Acosta
Hay números que pueden discutirse. Hay encuestas que pueden equivocarse. Y hay gobiernos que pueden recuperarse. Pero cuando los números negativos se repiten, se profundizan y empiezan a aparecer en distintas mediciones, resulta bastante más difícil atribuirlo todo a un error estadístico.
La última encuesta de Opción Consultores puso al gobierno de Yamandú Orsi ante un dato difícil de esconder: 57% de desaprobación y apenas 19% de aprobación. El saldo evaluativo es de -38 puntos. No se trata de una fotografía aislada: la desaprobación viene creciendo de manera sostenida desde que Opción comenzó a medir la gestión del actual gobierno. Incluso entre quienes votaron al Frente Amplio en 2024, la valoración negativa pasó de 2% al comienzo de la serie a 28% actualmente, mientras la positiva cayó de 61% a 39%.
La reacción política fue casi inmediata. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, dijo que la encuesta “debe tener alguna falla” y aseguró que no cree posibles niveles de aprobación del 19%. No cuestionó la honestidad de la consultora, pero sí el resultado.
Es una reacción comprensible desde la lógica partidaria. Lo que resulta más difícil de comprender es que, frente a una sucesión de números adversos, la primera respuesta sea poner en duda al mensajero.
Porque Opción no está sola.
Cifra había ubicado en junio la desaprobación de Orsi en 65%. Equipos había registrado 53% de desaprobación. Y Factum también mostraba una mayoría crítica. Las cifras no son idénticas, porque tampoco lo son las metodologías ni las fechas de cada relevamiento, pero todas apuntan hacia el mismo lado.
Entonces aparece una pregunta que el oficialismo debería hacerse con mucha más seriedad: ¿cuántas encuestas tienen que dar mal para empezar a considerar que quizá el problema no esté en las encuestas?
Porque una encuesta puede fallar. Lo que cuesta bastante más explicar es una tendencia.
Y mientras la discusión política se concentra en los porcentajes, hay una realidad que ayuda a entender por qué parte de la sociedad está mirando al gobierno con creciente desconfianza.
La seguridad es uno de esos terrenos.
El primer semestre terminó con 195 homicidios, un 6,6% más que en el mismo período de 2025 y la cifra más alta para un primer semestre desde 2015.
Pero hay hechos que explican mejor que cualquier estadística el tipo de sensación que puede estar detrás de esos números.
El domingo ocurrió algo que debería haber encendido todas las alarmas del Estado.
Un grupo de unos 50 hinchas de Cerro tomó un ómnibus de la línea 306 de UCOT en la Terminal del Cerro. Dos hombres amenazaron con armas de fuego al conductor y lo obligaron a trasladarlos hasta el Intercambiador Belloni. Durante el trayecto, una moto y dos automóviles escoltaron al ómnibus. Al conductor le ordenaron seguir la marcha y pasar semáforos en rojo.
El recorrido fue de unos 13 kilómetros. Una hora de miedo para el trabajador y para quienes estaban arriba del ómnibus.
Pero lo más preocupante vino después.
Llegaron a Belloni. Se bajaron. Caminaron aproximadamente 15 o 17 cuadras hasta el estadio de Danubio. Entraron al partido. Se quedaron allí durante casi dos horas. Y se retiraron.
No tuvieron que esconderse. No tuvieron que escapar. No tuvieron que abandonar la ciudad.
Simplemente siguieron con su plan.
Habían tomado un ómnibus a punta de pistola, habían obligado a un trabajador a conducirlo durante varios kilómetros, habían circulado escoltados por otros vehículos y, después, caminaron hasta una cancha para mirar un partido de fútbol.
Todo con una tranquilidad que debería resultar insoportable para cualquier autoridad.
Lo más grave es que el conductor había pedido auxilio. Según su relato, hubo una comunicación con el 911, pero no recibió una respuesta policial efectiva. Cuando llegó a Belloni, no había efectivos esperándolo.
Y acá aparece una contradicción que merece ser discutida.
Tenemos cámaras. Tenemos tecnología. Tenemos centros de monitoreo. Tenemos información. Tenemos inteligencia policial. Tenemos identificación facial en los estadios.
Sin embargo, un grupo de personas armadas pudo recorrer Montevideo durante casi 50 minutos dentro de un ómnibus secuestrado y terminar entrando tranquilamente a un estadio.
El propio sindicato de la Guardia Republicana terminó preguntándose dónde estuvieron la inteligencia policial, las cámaras, los drones y la prevención.
El nuevo jefe de Policía de Montevideo es Alfredo Clavijo, un funcionario con extensa trayectoria y formación en análisis criminal y seguridad.
Nadie discute que las cámaras sean útiles. Pero una política de seguridad no puede transformarse en una competencia por acumular dispositivos mientras el ciudadano que está siendo amenazado necesita, antes que nada, que alguien llegue.
Porque una cámara puede identificar después. Puede servir para reconstruir. Puede aportar evidencia.
Pero cuando un delincuente tiene un arma en la cabeza de un trabajador, lo que importa no es saber quién fue después.
Importa que alguien aparezca en ese momento.
Y en este episodio hay algo todavía peor: los delincuentes parecieron actuar con la certeza de que nadie iba a detenerlos.
Esa es la palabra que más debería preocupar: impunidad.
No solamente porque hubo un delito grave, sino porque después de cometerlo pudieron completar tranquilamente el objetivo que se habían propuesto: llegar a un partido de fútbol.
Hasta ahora, dos días después, no había detenidos por el episodio.
En ese contexto, la reacción del gobierno no puede limitarse a decir que son “cosas que tenemos que evitar”.
Hay que evitarlas.
Y hay que explicar por qué no se evitaron.
Porque el problema de fondo vuelve a ser el mismo que aparece detrás de las encuestas: la percepción de que el gobierno no está consiguiendo dar respuestas convincentes frente a problemas concretos.
El ciudadano no vive dentro de una encuesta. Vive en una ciudad. Toma un ómnibus. Sale a trabajar. Lleva a sus hijos al colegio. Camina por la calle. Mira las noticias.
Y cuando observa que un grupo armado puede tomar un ómnibus en el Cerro, cruzar buena parte de Montevideo, bajar en Belloni, caminar 15 cuadras, entrar a una cancha y ver tranquilamente un partido, la discusión sobre si una encuesta tiene un margen de error determinado puede parecer bastante lejana.
Tal vez por eso el oficialismo debería mirar los números con menos enojo y más atención.
Porque quizá el 19% no sea el problema.
Quizá sea el síntoma.
Y si todas las encuestas empiezan a mostrar el mismo deterioro, si la desaprobación crece incluso dentro del electorado frenteamplista y si, al mismo tiempo, hechos como el secuestro de un ómnibus generan la sensación de que el Estado llega tarde o directamente no llega, discutir la encuesta puede terminar siendo la manera más cómoda de evitar la discusión que realmente importa.
¿Qué está haciendo mal el gobierno para que cada vez más uruguayos dejen de confiar en él?
Esa es la pregunta.
Y ninguna encuesta tiene la culpa de hacerla
