Guzmán A. Ifrán
Hay actividades que, por su contenido y por la calidad de quienes participan, trascienden largamente el hecho puntual para convertirse en una invitación a pensar el país. Eso ocurrió en la Sala Acuña de Figueroa del anexo del Palacio Legislativo, donde el senador Robert Silva convocó a destacados referentes del ecosistema uruguayo de ciencia, tecnología e innovación. La extraordinaria concurrencia y el nivel magistral de las exposiciones confirmaron algo que Uruguay necesita asumir con mayor convicción. Buena parte de nuestro futuro económico y social se juega en la capacidad de producir conocimiento, transformarlo en innovación y convertir esa innovación en valor. Que el Parlamento abra sus puertas a quienes investigan, emprenden, desarrollan y crean es, por sí mismo, una señal saludable. La política no puede mirar la revolución tecnológica desde la tribuna; tiene que comprenderla, acompañarla y ayudar a construir las condiciones para que despliegue todo su potencial.
Uruguay, además, no parte de cero. Hace años construye activos que hoy lo distinguen en la región, entre ellos institucionalidad, conectividad, talento, capacidades digitales, empresas que compiten globalmente y políticas públicas que han colocado a la innovación en la agenda nacional. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información reúne actualmente a más de 400 empresas que venden productos y servicios en 52 mercados de los cinco continentes, generan cerca de 19.800 empleos y representan aproximadamente el 4% del producto. A ello se suma una posición regional destacada en inteligencia artificial. Los índices latinoamericanos más recientes mantienen a Uruguay entre los países líderes del continente. No estamos, por tanto, ante una promesa abstracta. Estamos frente a una industria real, exportadora y sofisticada, sobre la cual podemos construir una nueva plataforma de desarrollo, especialmente ahora que la inteligencia artificial multiplica las posibilidades de crear soluciones escalables y exportables desde un país pequeño hacia el mundo.
Por eso instancias como la impulsada por Silva son tan valiosas. El desafío no consiste simplemente en incorporar tecnología, sino en pensar estratégicamente qué Uruguay queremos construir con ella. Ciencia, empresas, academia, educación, inversión y Estado tienen que dialogar mucho más entre sí. Necesitamos formar talento, retener investigadores, atraer inversión, facilitar el nacimiento y crecimiento de emprendimientos intensivos en conocimiento y asumir que el desarrollo tecnológico no es un capítulo lateral de la política económica, sino que puede convertirse en uno de sus grandes motores. En esa dirección ya existen antecedentes importantes, desde Ceibal y la transformación digital del Estado hasta la ANII y el Uruguay Innovation Hub. La oportunidad que abre la inteligencia artificial obliga ahora a subir la apuesta. Para Uruguay, cuyo mercado interno es pequeño, la capacidad de crear productos intelectuales y tecnológicos que puedan escalar globalmente constituye una ventaja extraordinaria.
Pero existe una segunda discusión, tan importante como la primera. La tecnología es una herramienta formidable; no es un fin moral en sí mismo. Los desarrolladores, comprensiblemente, suelen pensar en términos de eficiencia, velocidad, costos, alcance y resultados. La política democrática tiene una responsabilidad adicional y debe preguntarse por los límites. Qué ocurre con nuestros datos, quién los utiliza, con qué propósito, durante cuánto tiempo y bajo qué controles; qué decisiones pueden delegarse a un algoritmo; cómo evitamos discriminaciones, vigilancias indebidas o concentraciones de poder incompatibles con una sociedad libre. Uruguay ya ha incorporado esta preocupación a su marco institucional. La estrategia nacional de datos e inteligencia artificial debe respetar la dignidad humana, la protección de los datos personales, la transparencia, la rendición de cuentas, el sistema democrático y la forma republicana de gobierno. No es una traba al progreso. Es la manera uruguaya de progresar.
Los regímenes autoritarios pueden parecer, a veces, más rápidos. Allí donde no hay que pedir consentimiento, proteger privacidad, rendir cuentas ni someter decisiones al escrutinio ciudadano, ciertos procesos inevitablemente avanzan con menos fricción. Pero esa supuesta eficiencia tiene un precio que Uruguay no debe estar dispuesto a pagar. Nosotros no somos una dictadura y, por suerte, queremos seguir sin serlo. Desde nuestra perspectiva batllista, el desarrollo nunca puede medirse únicamente por cuánto produce una economía o por cuán sofisticada es su tecnología, sino también por cuánto ensancha la libertad y las oportunidades de las personas. El gran desafío consiste entonces en encontrar ese equilibrio, impulsando sin miedo la ciencia, la innovación y la inteligencia artificial, respaldando a una industria pujante que puede proyectar al Uruguay hacia el mundo y, al mismo tiempo, custodiando celosamente la República y las garantías individuales. Innovar, sí. Crecer, también. Pero hacerlo en libertad. Ese puede y debe ser uno de los grandes compromisos del Uruguay del futuro.
