Ricardo Acosta
El caso Marset parecía cosa del pasado. No porque todo hubiera quedado suficientemente aclarado, sino porque el tiempo tiene esa capacidad de ir sacando los temas de la agenda, aun cuando algunas preguntas queden por el camino. Pero apareció el expediente administrativo de Cancillería y Carolina Ache volvió al centro de la escena. Esta vez por algo bastante concreto: mintió. Cuando declaró sobre las comunicaciones que había mantenido con Guillermo Maciel, entonces subsecretario del Interior dijo que habían sido dos. Y no. Habían sido tres. Y la que quedó fuera de su relato era justamente aquella en la que Maciel le advertía que Sebastián Marset era un narcotraficante “muy peligroso y pesado” y que sería terrible que quedara en libertad. Ache recibió ese mensaje y lo contestó.
Después sostuvo que no había transmitido la información al canciller Francisco Bustillo porque aquello había sido una simple consulta de trámite en la que no existía ninguna advertencia.
Sí existía.
Tampoco estamos hablando de un detalle perdido entre cientos de mensajes. Era el dato que permitía saber que desde el Ministerio del Interior se había advertido expresamente sobre quién era Marset.
Cuando la instructora quiso acceder a las comunicaciones, Ache se negó a entregarlas.
Fue, además, la única de las personas interrogadas que no proporcionó sus mensajes.
Hasta aquí, la historia pertenece enteramente al gobierno anterior y las responsabilidades también.
El caso Marset fue probablemente uno de los episodios peor manejados por aquel gobierno.
Hubo explicaciones que llegaron tarde, contradicciones, información que no se entregó cuando correspondía y una interpelación parlamentaria que con el tiempo quedó bastante golpeada por lo que se conoció después.
Ache formó parte del gobierno de Coalición y llegó a la vicecancillería por el Partido Colorado.
También es cierto que después fue ella quien reveló episodios muy graves. Contó que Bustillo le había sugerido “perder” el celular y relató lo ocurrido en una reunión en Torre Ejecutiva. Sus declaraciones terminaron provocando una crisis política enorme.
Una cosa no borra la otra.
Ache tuvo razón en contar aquello.
Y mintió cuando le tocó contar lo suyo.
Hasta ahí podríamos estar simplemente frente a un nuevo capítulo del viejo caso Marset. El problema es que la historia siguió.
Y siguió con el Frente Amplio en el gobierno.
En mayo de 2025, Carolina Ache apareció entre los nombres elegidos por el nuevo gobierno para ocupar una embajada. Su destino sería Portugal.
La noticia sorprendió al Partido Colorado, que se enteró por la prensa. No había existido una consulta previa ni Ache había sido propuesta por su colectividad política. El Comité Ejecutivo Nacional terminó pidiéndole expresamente a Yamandú Orsi que reconsiderara la decisión.
Pero lo curioso es que la sorpresa no fue solamente colorada.
También hubo frenteamplistas que no entendieron la designación.
Óscar Andrade fue particularmente claro. Dijo que no comprendía cuáles eran los fundamentos para nombrar a Ache y recordó su actuación en el caso Marset.
El gobierno, sin embargo, no cambió de opinión.
Orsi dijo que daría marcha atrás si aparecían elementos que justificaran hacerlo, pero que hasta ese momento no los había. Defendió la decisión hablando de amplitud y de generar espacios para que otros partidos pudieran hacer sus aportes.
El argumento tenía un pequeño problema: el partido al que pertenecía Ache no había pedido ese espacio y, de hecho, estaba solicitando que no la nombraran.
Mario Lubetkin habló de construir una política de Estado y dijo no haber tenido en cuenta el origen político de los designados.
Pasaron los meses.
Y acá aparece un dato que hoy adquiere otra importancia.
El 13 de junio de 2025, ya durante el gobierno de Orsi, la instructora que había llevado adelante la investigación original volvió a declarar en otra investigación administrativa ordenada por las nuevas autoridades.
Allí relató, entre otras cosas, las dificultades que había tenido para obtener los mensajes de Ache y recordó que, mientras investigaba, había sido convocada a su despacho. Allí se encontró con el abogado de la entonces vicecanciller, Jorge Díaz, quien le manifestó su preocupación por la insistencia en acceder a esas comunicaciones.
Nada tiene de extraño que un abogado defienda a su cliente.
Lo que vuelve interesante aquel episodio es que ese abogado era el mismo Jorge Díaz que para junio de 2025 ya ocupaba la Prosecretaría de la Presidencia.
Y hay algo más importante todavía.
Aquella declaración de la instructora ocurrió el 13 de junio.
El gobierno envió formalmente la venia de Carolina Ache al Senado recién el 3 de octubre.
Habían pasado casi cuatro meses.
Por eso ahora la discusión ya no debería limitarse a lo que hizo Ache en 2022.
Hay que preguntarle al gobierno actual qué sabía en 2025.
No hace falta imaginar conspiraciones ni adjudicarle a Jorge Díaz una intervención en el nombramiento que él expresamente negó. Ese camino sería tan fácil como irresponsable.
Alcanza con ordenar las fechas.
El gobierno anunció a Ache en mayo. En junio, una investigación dispuesta por ese mismo gobierno recibió una declaración que volvía sobre estos hechos. En octubre, Presidencia y Cancillería enviaron igualmente su venia al Senado.
Y no lo hicieron de manera burocrática.
El mensaje firmado por Yamandú Orsi y Mario Lubetkin destacó la “capacidad y eficiencia” demostrada por Ache durante su carrera y consideró que existía una evidente idoneidad para confiarle la representación del Uruguay en Portugal.
Eso fue lo que el gobierno sostuvo.
Sería bueno saber ahora si al momento de firmarlo conocía también lo que estaba dentro de sus propios expedientes.
Porque si lo conocía, evidentemente entendió que no era relevante.
Y si no lo conocía, habrá que preguntarse cómo se evaluaron los antecedentes de una persona que venía de protagonizar uno de los episodios políticos más delicados de los últimos años.
Orsi había dicho meses antes que no existían argumentos suficientemente consistentes para hacerlo cambiar de opinión.
Quizás hoy tenga alguno más.
Finalmente llegó la votación.
El Senado aprobó la venia por 17 votos contra 14.
Los 17 votos fueron del Frente Amplio.
Blancos y colorados votaron en contra.
Incluso dentro del oficialismo quedaron rastros de la incomodidad. El socialista Gustavo González terminó acompañando la venia por disciplina partidaria pese a dejar constancia de que no compartía la decisión.
No es un dato menor.
Una exvicecanciller colorada, cuyo propio partido había pedido al gobierno que reconsiderara su nombramiento, terminó siendo enviada a Portugal exclusivamente con los votos del Frente Amplio, algunos de ellos puestos más por disciplina que por convencimiento.
Después de lo que conocemos ahora, aquella insistencia resulta todavía más difícil de comprender.
Y acá tampoco corresponde hacer trampas políticas.
Ache era colorada. Fue jerarca del gobierno de Luis Lacalle Pou y las responsabilidades que tuvo en el caso Marset no se trasladan mágicamente al Frente Amplio porque hoy sea su embajadora.
Son de Ache y del gobierno que integraba.
El Partido Colorado hizo bien en no acompañar su venia. Y hoy, con estos nuevos elementos arriba de la mesa, aquella decisión aparece todavía más justificada.
Pero desde que Yamandú Orsi decidió ofrecerle una embajada, apareció una responsabilidad política nueva.
Esa sí pertenece al actual gobierno.
Porque nadie obligó al Frente Amplio a elegir a Carolina Ache.
No fue una negociación con el Partido Colorado. No fue una propuesta de la oposición. No existía un compromiso político que hubiera que respetar.
Fue una decisión de Orsi y de su gobierno.
Y la sostuvieron.
Incluso frente al rechazo colorado.
Incluso frente a las dudas que existían dentro del propio Frente Amplio.
Incluso después de que durante el nuevo gobierno volvieran a investigarse administrativamente aspectos de aquel caso.
Por eso la pregunta sigue siendo tan sencilla como desde el primer día:
¿Por qué Ache?
No alcanza demasiado con hablar de amplitud. Para integrar a otros partidos primero sería razonable hablar con esos partidos.
Tampoco alcanza ahora con exhibir un currículum y hablar de idoneidad.
Estamos hablando de confianza política. De la confianza necesaria para que una persona represente al Uruguay y hable en nombre del país.
La investigación penal por el pasaporte de Marset fue archivada. Conviene recordarlo porque aquí no estamos hablando de delitos ni inventando condenas.
Estamos hablando de política. Y de confianza.
Ache tendrá que explicar por qué dijo lo que dijo y por qué omitió lo que hoy sabemos que conocía.
Porque al final, entre tantos mensajes, declaraciones, silencios y explicaciones, el caso volvió a hacer ruido por donde menos se esperaba.
