Gustavo Gómez Rial
Este titular no querrá justificarse como una errata más que se aprovecha del único fin de llamar la atención del lector. Lejos de ser una exageración, el título se quedaría corto ante el número de departamentos, dependencias, juntas locales, oficinas, reparticiones y divisiones administrativas del Estado que, desde lo municipal hasta lo nacional, y en reclamo de sus potestades, pretenderían hacer valer su libérrima facultad para decidir cómo hacer uso y elegir entre una cantidad variopinta de sistemas de Inteligencia Artificial. Un número, en total, seguramente mayor al de todas las concesiones de servicio y al de los tantos canales de cable locales que hayan sido habilitados en la historia departamental y nacional de la República.
Los lectores avezados ya sospecharán por qué se trae a colación a la TV por cable y a la satelital como ejemplo paradigmático de los reinos chacrales que han gozado de buena salud en perjuicio de una adecuada alineación para el manejo eficaz de los distintos presupuestos involucrados. Ya inferirían que, en especial, se está aludiendo a esas potestades de uso libérrimo del dinero público que, como una mala herencia, estamos arrastrando desde 1935 cuando la Ley Nº 9.515 fuera promulgada.
Si trasladásemos al terreno de la biología la situación creada desde entonces, podríamos decir que allá por 1935 aún éramos esa República campeona del mundo “unitaria y feliz” que intentaba resolver un conflicto que amenazaba dividir a la capital con el campo. Y todos querríamos creer que la mejor intención de los legisladores de aquel país orgulloso y próspero no era otra que la de dotar a las 19 administraciones municipales de las mejores herramientas posibles para garantizar el desarrollo en cada rincón de nuestro territorio.
Hablaba de biología porque el llamado órgano estatal, como consecuencia de una redacción legal desafortunada para la ley citada (y de posteriores abusos en su interpretación), no sólo vio cómo le crecían varias cabezas autónomas, sino que también nuevos estómagos, a los que se debía satisfacer así multiplicasen las mismas necesidades que el propio país, en su conjunto, ya estaba obligado a proveer desde su gobierno central para todos los uruguayos. Como una especie de competencia ineficiente en la que un ojo quisiese demostrar que es capaz de escuchar tan bien o mejor que un buen oído.
Y es con ese vicio que, recurrentemente, nos venimos enfrentando de manera creciente desde hace más de 90 años. Y ya no es que alcance conque, de una buena vez, nos hagamos cargo de ponerle coto a esa rémora; o que nos convenzamos de que con sólo resolver ese tema bastaría para que no se repitan los excesos de poder propiciados durante las administraciones del Dr. Tabaré Vázquez al frente de la Intendencia de Montevideo, ni los insistentes abusos interpretativos promovidos desde su Junta Departamental (aunque, sin olvidarnos de las otras intendencias y juntas departamentales), sino que deberíamos reaccionar lo antes posible para prepararnos con dedicación e inteligencia frente al cúmulo de nuevos riesgos disruptivos e inevitables que se asoman y se aproximan. Sin embargo, sepamos que, a la vez, estos momentos de cambio acelerado y de incertidumbre también podrían representar una ocasión histórica para transformar esos desafíos en grandes oportunidades. El quid de la cuestión residirá en lo que decidamos: ¿nos pondremos manos a la obra sin pérdida de tiempo o preferiremos seguir durmiendo y sin enterarnos?
Sin embargo, ¿seremos capaces? Es que, además de reconocer que solemos conformarnos con ir a hacer la cola para pagar el último día (o refinanciar la deuda o legislar muy tarde), parecería que también nos encanta promover la ineficiencia.
No es sino por motivo de esa misma autocomplacencia que se critica y se habla tanto del Estado y de la burocracia; como si ambos, por sí mismos, fuesen sinónimo de excesos o de ineficiencia. Cuando, si de verdad nos interesásemos en buscar el motivo y resolverlo, encontraríamos que la causa verdadera y endémica podría estar enquistada en una contumaz pereza parlamentaria, en leyes desafortunadas o en esa costumbre de los hombres de interpretarlas en favor de sus fines políticos (o incluso de los propios y más inmediatos) y no para el mejor beneficio de todos los ciudadanos.
¿Por qué la voz de alerta? ¿Acaso vamos a seguir confundiendo la virtud de tomar la iniciativa con un ejercicio de mera improvisación de corte oportunista e inspirado en el mejor voluntarismo acostumbrado a poner parches?
Debo aclarar: no me estaba refiriendo al modo de actuación de este gobierno, aunque esta descripción le encaje tan bien como se le atribuye el déficit tan alto. Las alertas se encienden no por el agua cenagosa, lenta, en la que nos va a tocar seguir viviendo, sino por la riada que se nos estará viniendo encima si no nos preparamos, y que podrá ser como la de un Himalaya que ya no para de derretirse.
Ya deberíamos estar decidiendo si queremos ser Noés o bañistas plácidos que apenas si nos encomendamos a la suerte.
Ya tendríamos que ir dándonos cuenta de que esto no es una vernissage con masitas sino una sesión permanente sin día de cierre ni descanso. Que los elegidos elijan si nos salvamos todos o no se salva nadie. Que vuelva a reinar la cordura en la República o que siga el corso por Florida y que cada quien contrate el carro alegórico que mejor le convenga como en un espectáculo de autómatas y de variedades.
Aunque, a la hora de hacer las cosas simples y eficientes, yo no confundiría coalición con bipartidismo para simplificar. Así como tampoco diría que es lo mismo tener un gobierno único porque es más eficiente, y así permitir que un partido único nos gobierne (como algunos querrían). La eficiencia no reside en querer suprimir la diversidad de manifestaciones políticas y culturales, sino en establecer normas legales comunes que nos permitan expresarnos a todos y recibir los mismos beneficios mediante un sistema eficaz y moderno de gestión y de reparto.
Lo malo sería que quisieran matar al mensajero antes de que nazca.
Este futuro viene corriendo en bajada y, si no decidimos ponerle frenos y mayorales nuevos a nuestra vieja diligencia descarriada (y hoy en manos de este gobierno), al país de todos, muy pronto, ni la propia Superinteligencia va a ser capaz de desenredarle las riendas para intentar arreglarlo y acaso depararnos el mejor destino: ya sea en el Paso del Molino, en la posta del Chuy o en esa vieja parada de santa Ernestina que aún no tengo el gusto de conocer.
