Marcelo Gioscia
La postergación de la inauguración de una importante obra -en un sitio emblemático de Punta del Este como es el predio que ocupara el histórico Hotel San Rafael- deja al descubierto cómo intereses sindicales pueden incidir negativamente en los planes de inversiones que a la postre, generan riqueza y son los que aseguran el desarrollo de nuestro país.
Según nos hemos enterado por la prensa, no hubo una sola semana en que la construcción pudiera trabajar todos los jornales de corrido y sin algún tipo de interrupción por reclamos de distinta índole y aunque luego del anuncio, el sindicato “de la construcción y afines” del Departamento de Maldonado, pretendiera tomar distancia de los hechos, lo cierto es que por una razón u otra, la próxima temporada no contará con ver finalizado ese emprendimiento que apunta al turismo de alto poder adquisitivo.
Ello repercute en lo que tiene que ver no sólo con la oferta de hotelería, sino además con un sin número de actividades que mueven la economía y generan tanto servicios como empleos genuinos y con ello, ingresos no menores, tanto a quienes los brindan, como a los empleados, y al propio Estado como al Gobierno Departamental.
Se argumentan discordancias entre el grupo inversor y la empresa encargada de la construcción, como forma de tomar esa distancia de la grave noticia hecha pública, en una inversión de esta envergadura, lo que resulta preocupante y debiera llamar a todos los involucrados a la reflexión.
Sería lamentable que estas posibles desinteligencias entre el inversor y la constructora, pudiera tomar de rehenes a los trabajadores, como también que las medidas sindicales impidan avanzar a la empresa constructora.
Nuestro país requiere que estos emprendimientos se concreten y los sindicatos, debieran ser los primeros en defenderlos, ya que sin renunciar a la defensa de los derechos de sus afiliados y del sector en que actúan, deben contribuir a garantizar la estabilidad y la continuidad de las obras hasta su concreción, para que los resultados aparezcan sin contratiempos, de conformidad con los planes de obra y los cronogramas de cumplimiento inicialmente formulados.
Se han enviado más de 250 operarios al seguro de paro y no se vislumbra la continuidad de estas obras, (que ha brindado trabajo a más de 600 trabajadores), pudiéndose llegar a incrementar ese número con todas las consecuencias que ello trae consigo.
Mientras esto ocurre en el caso que motiva nuestra opinión, se habría acordado reducir las horas de trabajo semanal en la construcción, que la legislación actual establece en 44 horas, para llegar a una semana de 40 horas en forma paulatina, a razón de lograr esa reducción una hora por año.
Esto ha dado lugar a la preocupación de otros sectores de la actividad privada, por el posible efecto “contagio” de este planteo, y sobre quién asumirá los costos de tal reducción de las horas semanales sin que tal “beneficio” se acompañe de una disminución del salario.
En definitiva estos “logros” sindicales son costeados por alguien, esto es por los empresarios, que ya de por sí, asumen una elevada carga tributaria en un Estado donde la voracidad fiscal no disminuye.
