Eduardo Irigoyen
La visita de un grupo de dirigentes políticos católicos al cardenal Daniel Sturla, presentada como un encuentro de “legisladores católicos de todos los partidos” para conversar sobre la próxima visita del papa León XIV, puede ser un episodio menor de la política cotidiana. Pero también puede servir para volver a discutir una cuestión más profunda: ¿qué lugar debe ocupar la religión en una República laica?
No se trata de juzgar las creencias personales de quienes participaron. Cada uno tiene derecho a ser católico, judío, musulmán, ateo o cualquier otra cosa, y a reunirse con quien desee. La libertad de conciencia incluye eso: la libertad de creer y también la de no creer.
El problema comienza cuando quienes ejercen responsabilidades públicas se agrupan políticamente a partir de una identidad religiosa y se reúnen con la jerarquía de una confesión que sostiene doctrinas sobre asuntos que son, al mismo tiempo, materias de legislación y derechos individuales. No afirmo que de ese encuentro haya surgido una decisión política determinada; la información difundida dice solamente que se habló de la visita papal. Pero una fotografía puede no probar una conspiración y, sin embargo, plantear una pregunta legítima: ¿qué quiere hoy la Iglesia Católica de la política uruguaya? ¿Qué esperan determinados dirigentes de la Iglesia? ¿Hasta dónde llega la influencia religiosa sobre quienes tienen la responsabilidad de hacer leyes para creyentes y no creyentes?
No es una pregunta contra las personas. Es una pregunta sobre el poder.
CREER NO ES LEGISLAR Una cosa es la libertad religiosa y otra muy distinta es el poder religioso. La Iglesia tiene perfecto derecho a sostener que la vida humana debe protegerse desde la concepción, que el aborto y la eutanasia son moralmente inaceptables, o que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Son posiciones doctrinarias y tiene todo el derecho a defenderlas e intentar convencer a la sociedad.
Lo que no puede pretender es que esas convicciones se conviertan automáticamente en obligaciones jurídicas para quienes no las comparten. Porque los dogmas no se votan: se creen. Una ley, en cambio, debe poder ser discutida, argumentada, modificada y eventualmente derogada. Su fundamento debe poder exponerse ante ciudadanos que profesan distintas creencias o ninguna. Una revelación sobrenatural posee una autoridad que no depende de una votación ni de una demostración racional, y por eso no puede constituir el fundamento último de las obligaciones que el Estado impone a todos.
Una sociedad democrática puede convivir con ciudadanos que creen en milagros o revelaciones, pero no puede transformar esas creencias particulares en criterios de verdad para toda la República.
El ciudadano puede tener fe. El Estado no.
EL PROBLEMA NO ES LA IGLESIA: ES EL CLERICALISMO La Iglesia tiene derecho a expresarse, organizarse y presionar políticamente, como lo hacen sindicatos, empresarios o partidos. El problema aparece cuando esa influencia pretende transformarse en autoridad privilegiada sobre el Estado o sobre las conciencias.
Ese es el viejo problema del clericalismo.
No es anacrónico hablar de laicidad, anticlericalismo o separación entre Iglesia y Estado. Los tiempos cambiaron, Uruguay cambió, el batllismo cambió, la ciencia y las costumbres cambiaron. Pero un dogma continúa siendo un dogma aunque se presente con una estética moderna. La Iglesia puede modificar su lenguaje, el marketing y su estrategia, pero aquello que constituye un dogma no se transforma en una verdad democrática porque haya cambiado el modo de comunicarlo. No se vota, no se modifica por una mayoría circunstancial: se cree. Por eso el Estado debe mantener una distancia prudente, firme y saludable.
¿QUÉ BATLLISMO QUEREMOS RECORDAR? Hubo batllistas creyentes que ejercieron responsabilidades públicas sin traicionar sus convicciones religiosas, pero utilizar solo esos ejemplos sería contar una historia incompleta. Junto a ellos estuvieron otros que acompañaron a José Batlle y Ordóñez en la lucha contra el clericalismo y contra la pretensión de convertir verdades religiosas en autoridad social y política. Batlle no combatió al ciudadano que cree, sino al dogma cuando pretendía gobernar la conciencia y condicionar al Estado.
Don Pepe llegó a considerar la religión católica «absurda y grotesca».
Domingo Arena lo describió de una manera todavía más contundente. Al recordar las ideas de Don Pepe escribió que no podía soportar «ninguna religión positiva, sobre todo la católica», porque entendía que contribuían a «nublar la conciencia del pueblo» y a llenarla de prejuicios.
Esto no convierte al batllismo en una doctrina atea, sino en una defensa de la libertad absoluta de conciencia, que vale tanto para quien cree como para quien no.
Por eso tampoco compro el argumento de algunos dirigentes colorados que dicen que no quieren “mimetizarse con los marxistas” y que, frente a los problemas del Uruguay, necesitamos “más espiritualidad y más fe”.
¿En serio?
¿Más fe para enfrentar la pobreza?
¿Más espiritualidad para resolver la inseguridad?
¿Más revelaciones para mejorar la educación?
¿Más oración para combatir el narcotráfico?
¿Más creencias sobrenaturales para reconstruir una sociedad fragmentada?
¿Acaso un exorcismo o una cadena de oración para mejorar la salud mental?
Eso no es una alternativa al marxismo.
Es otra forma de abandonar la razón.
UNA VIEJA BATALLA QUE SIGUE SIENDO NUESTRA No me interesa convertir la visita al cardenal en un escándalo, sino que no perdamos la capacidad de hacer preguntas incómodas. Que un legislador sea católico, vaya a misa o se reúna con el cardenal no me preocupa. Lo que me preocupa es que algún día, por temor a contrariar a una confesión religiosa o a perder el voto de sus fieles, termine subordinando su decisión pública a una doctrina que solo una parte de la sociedad acepta. Ahí está la frontera.
Defenderla no es anticatolicismo: es republicanismo. No es intolerancia: es laicidad. No es negar la libertad religiosa, sino defenderla, porque esa libertad solo existe plenamente cuando ninguna religión dispone del Estado para proteger sus verdades particulares.
Sigo estando del lado de Don Pepe: no contra el creyente, sino contra quien quiera convertir su creencia en obligación; no contra la fe, sino contra el poder político del dogma; no contra la Iglesia como institución libre, sino contra cualquier pretensión clerical de colocarla por encima de la conciencia individual y de la soberanía republicana.
El batllismo que reivindico eligió la razón, la libertad de conciencia, la educación, la ciencia y la autonomía del individuo frente a cualquier dogma. No necesitamos volver al Uruguay de hace cien años, sino conservar la valentía de discutir los dogmas, vengan de donde vengan.
Parafraseando a un senador católico y chicotacista: faltan huevos.
Los tiempos cambian.
Los dogmas no necesariamente.
¡Viva la libertad de conciencia!
¡Viva la República!
¡Viva Batlle!
