Zósimo Nogueira
La seguridad siempre tiene problemas de salud, dolores de cabeza, de estomago, gripes. Siempre va sanando, hasta que aparece otro problema. Pero mirando hacia nuestra América y al contexto internacional siempre éramos abanderados. Los mas saludables.
PUBLICACIÓN UNIVERSITARIA DE 1980. El Abogado y Sociólogo Ulises Graseras comparaba la criminalidad entre EE. UU. y Uruguay en base a datos del FBI y la Jefatura de Policía de Montevideo. Previo a 1960 tuvimos la tasa de muertes violentas más baja del mundo.
El crecimiento de las ciudades corrió en paralelo con la criminalidad.
En EE. UU. entre 1960 y 1971 la tasa de delitos aumento 158% cada 100.000 habitantes. En las grandes ciudades brasileñas también crecía la criminalidad.
En EE. UU. entre 1940 y 1971 los delitos violentos se multiplicaron por 4, y contra la propiedad por 6.
En 1940 por cada crimen violento en Uruguay, ocurría 1,5 en EE. UU. Para 1971 paso a 6,44.
En los delitos contra la propiedad la relación paso de 2,7 a 9,5 en 1971.
Nuestro país era la Meca, no había casi aumento de criminalidad.
La policía trabajaba como auxiliar de la justicia. Para detenciones regía el código de Instrucción Criminal de 1878, época de Latorre.
Un siglo después el presidente de facto Dr. Aparicio Méndez modifico el proceso penal, cesaron las detenciones en averiguación de antecedentes.
El código, decreto ley 15032 del 07/07/1980; inquisitivo, con la fase sumarial secreta, unifico las actuaciones judiciales en el juez penal; entro en vigor el 01/01/1981 simultáneamente con el decreto 690 del 30/12/1980 que le dio marco a la actuación policial.
A poco de aprobado ese CPP la sociedad comenzó a padecer fiebre de inseguridad; el delito campeaba con el único freno de la flagrancia.
Aparicio Méndez en acuerdo con los ministros de Interior y Justicia aprobó el Decreto 690/980 que reglamenta facultades en los procedimientos de averiguación de delitos.
Considerando que las autoridades policiales en su carácter de auxiliares de la justicia deben investigar los delitos, reunir pruebas y entregar a los delincuentes a los jueces (Art 2 LOP)
Corresponde dotarles de las facultades necesarias para el cumplimiento de este precepto. Atento al Artículo 168 inciso 4to de la Constitución el presidente decreta.
Articulo 1ro. En los procedimientos administrativos de averiguación de delito, en caso de negativa de los eventuales implicados o testigos a concurrir voluntariamente a dependencias policiales la autoridad podrá tomar las medidas de conducción correlativas a la situación planteada y mantener en aquellas a las personas aludidas siempre con la finalidad de obtener la información que fuere posible.
Artículo 2do. En los casos del artículo anterior la autoridad policial deberá dar cuenta de inmediato al Juez competente y estar a lo que este resuelva. Salvo disposición judicial expresa la permanencia en los locales policiales de las personas indicadas no podrá prolongarse por más de 24 horas (Código del proceso Penal art.123)
La “detención en averiguaciones” pasó a denominarse “conducción correlativa”.
EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE DEGRADACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA. Desde la llegada del Frente Amplio al poder hemos pasado en “cuidados intermedios, a puertas del CTI”.
Hasta el 2005 hubo sanación con resultados tolerables.
El ministro Stirling con sus mesas de convivencia, programa vecino alerta y policía comunitaria contaba con las simpatías de la comunidad. Era el ministro mejor evaluado. Con recursos limitados por la peor crisis económica del país.
Al partido colorado tuvo las peores elecciones de su historia, llego el frente con su impronta y afán de cambios radicales. Ya participaban de su interna exguerrilleros devenidos en políticos.
Su primer ministro del Interior Dr. José Díaz elabora la ley de humanización carcelaria. Se reducen penas y liberan presos. Unos 1100 beneficiados.
Comenzó una gran reforma en la policía; se eliminaron unidades, crearon otras, redistribuyo personal, hubo vacíos de fiscalización y control, se modifico los sistemas de calificación y ascensos, entro el dedo político bajo el rotulo de selección. Mecanismo de captación política y penetración institucional.
Se promovió la sindicalización y se desmitifico la actividad policial con trato de operario o empleado público.
Algunas decisiones que restaron capacidad al Estado para resolver problemas de seguridad
Hubo y hay afectaciones de índole cultural, económica y social, pero todos reclaman mejoras de gestión de policías, fiscales y jueces.
Transformaciones en la policía que afectaron rendimiento y la distanciaron de la comunidad.
Extorsivo retiro de las cúpulas jerárquicas. Decían que estaban contaminados por convivencia con el gobierno de facto. Ya iban 20 años de democracia. Otra era la intención.
Captar la adhesión política de los policías.
Se generaron mecanismos para promover y ascender a “dedo”. ¿Como lo hicieron?
Generando vacantes jerárquicas. Impulsando retiros.
Retiro de compensaciones por destinos, cargos de responsabilidad y mando, por ficto casa habitación; no devolución de montepíos por permanencia en el cargo habiendo alcanzado “computo máximo de haber de retiro”.
Pase a retiro obligatorio de aquel al que no se le asignara destino por dos años.
Se realizo una gradual y continua reestructura de las unidades policiales, modificando espacios de actividad y se redistribuyo el personal.
Al reasignar cometidos de las unidades disueltas quedaron vacíos de actividad, se perdieron archivos y recursos humanos valiosos. Eso provoco otra fuga de personal de los rangos medios.
Se vacío de personal y cometidos a las comisarias que pasaron a ser meras receptoras de denuncias que se elevan a las actuales Jefaturas operacionales.
Estas pasaron a concentrar patrullaje e investigación de delitos. La policía absolutamente atada a la voluntad de los fiscales. Inoperancia. Se prioriza la atención de las denuncias por su gravedad y trascendencia pública.
Desconexión entre demanda y resultado. Se denuncia en la Comisaría del barrio y lo sustancia la zona operacional a kilómetros de distancia.
Los jefes de policía a impulsos personales han ido rearmando unidades de investigación para las diferentes modalidades delictivas.
Se crearon unidades policiales con carácter nacional de poca operatividad, como la de policía rural para combatir el abigeato y la de Deportes. Fueron ubicadas muy distantes de los objetivos.
Se modifico la carrera, menos grados sin aumentar plazos de permanencia y promoviendo cuotas de ascensos por selección, por afinidades políticas.
Se puede alcanzar la máxima jerarquía sin la experiencia mínima razonable. Responsabilidad de médico especialista con currículo de practicante.
Reiterando criterios anteriores, se vuelven a contratar becarios para cumplir tareas en seccionales. Es personal seleccionado, pero son civiles, carecen del “estado policial”.
Esto significa que no hay voluntad de cambio y que las comisarias continuaran siendo inoperantes, la comunidad seguirá distante de la policía.
Otro problema que condiciona enlentece y resta capacidad operativa es la dependencia de apoyos de la Guardia Republicana.
Para una operación de riesgo, allanamiento, captura, disolver agitadores y no se cuenta con grupos Geo se debe aguardar a la GR. Hay que pedirlos, coordinar. Retrasa, resta eficiencia, diluye responsabilidades, justifica omisiones.
Por otro lado, la GR, una unidad de choque asume tareas propias de las comisarias.
Otro mazazo para la seguridad ha sido el actual CPP. Cárceles llenas por los extorsivos acuerdos en los juicios abreviados.
Hay que derogarla como dice Bordaberry, volver a un 690 mejorado como también lo dijo Lacalle.
Nuestra salud en seguridad sigue inestable y muchos quieren la intervención militar, olvidan que los ejércitos son para la guerra y los quieren en tareas policiales y aduaneras.
No conviene entreverar roles. A retornar al poder para recuperar salud ciudadana.
