Guzmán A. Ifrán
Hay reformas que nacen para administrar lo existente y otras que se atreven a cambiarlo. La Transformación Educativa encabezada por Robert Silva al frente de la ANEP perteneció claramente a las segundas. Entre 2020 y 2023, en un período atravesado además por la pandemia, Silva asumió uno de los desafíos más complejos de la vida pública uruguaya y decidió no refugiarse en la comodidad de la inercia. Impulsó un nuevo Marco Curricular Nacional, una educación orientada al desarrollo de competencias, progresiones de aprendizaje y perfiles de egreso, nuevos planes y programas, cambios en la evaluación, formación para decenas de miles de docentes, fortalecimiento de los centros educativos, tutorías, nuevas carreras de formación docente y políticas destinadas a combatir el rezago, el abandono y la inequidad. No fue un maquillaje administrativo. Fue el intento de modificar de manera sistémica qué se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña.
Naturalmente, la transformación encontró resistencias. Las reformas profundas casi siempre las encuentran, especialmente cuando alteran rutinas, estructuras y concepciones instaladas durante décadas. Silva debió enfrentar paros, movilizaciones, cuestionamientos sindicales y una oposición política que llegó a pronosticar consecuencias muy negativas para la educación pública. Sin embargo, mantuvo el rumbo. Lo hizo con una valentía política que merece ser reconocida, porque reformar cuando existe consenso es relativamente sencillo; hacerlo cuando el costo político es alto, defendiendo públicamente cada decisión y sometiéndose al escrutinio permanente, es otra cosa. La educación uruguaya arrastraba problemas demasiado graves como para seguir esperando. El abandono golpeaba especialmente a los sectores de menores ingresos, el rezago comprometía miles de trayectorias y los aprendizajes mostraban desde hacía años señales que exigían actuar.
Esta semana los resultados de PISA 2025 volvieron inevitable aquella discusión. Uruguay obtuvo su mejor registro histórico en Ciencias, con aproximadamente 445 puntos y una mejora cercana a diez puntos respecto de 2022, mientras Matemática permaneció relativamente estable y Lectura retrocedió, aunque en un contexto internacional de caída generalizada. Nuestro país quedó además en una posición de liderazgo regional, junto con Chile, y los datos muestran otros avances relevantes en las trayectorias educativas. Robert Silva destacó que hoy estudian más jóvenes, abandonan menos y que el 81% de los estudiantes de 15 años se encuentra en el grado que corresponde a su edad. Nadie sensato debería sostener que una prueba internacional resuelve por sí sola el debate educativo ni que cada mejora admite una única causa. Pero tampoco resulta serio ignorar que estos estudiantes atravesaron precisamente los primeros años de aplicación de aquella transformación. Quienes anunciaban un derrumbe tienen ahora delante evidencia que, como mínimo, obliga a revisar aquellos pronósticos. Al final, las consignas pueden discutirse; los números, en cambio, son bastante más difíciles de desmentir.
Y allí aparece el conflicto actual. La administración encabezada por Pablo Caggiani reivindica la estabilidad alcanzada por Uruguay en un mundo que retrocede y pone el acento, con razón, en las inequidades que todavía persisten. Desde el Frente Amplio también se sostiene que los resultados deben interpretarse como producto de esfuerzos acumulados durante décadas y se cuestiona que la transformación anterior no hubiera contado con suficiente respaldo docente. Silva, por su parte, denuncia que el nuevo gobierno está desarmando componentes centrales del camino iniciado, dejando de aplicar herramientas metodológicas, fragmentando nuevamente las políticas entre Primaria, Secundaria y UTU y abandonando por razones ideológicas una concepción curricular basada en competencias. Ese es el verdadero debate que Uruguay debería tener. No se trata de defender una reforma porque la hizo un gobierno ni de eliminarla porque la hizo el anterior. Se trata de preservar lo que funciona, corregir lo que deba corregirse y medir antes de destruir. Desmontar una política antes de permitir que maduren sus resultados puede ser una decisión políticamente cómoda, pero educativamente irresponsable.
Robert Silva merece, en este punto, un reconocimiento que trasciende cualquier simpatía partidaria. Se animó a tocar una estructura históricamente difícil de transformar, asumió costos, soportó una resistencia considerable y dejó encaminado un proceso cuyos primeros resultados hoy merecen ser observados con atención. Queda muchísimo por hacer. Que más de la mitad de los estudiantes no alcance todavía el nivel básico en Matemática demuestra que no existe espacio para triunfalismos. Precisamente por eso sería absurdo volver atrás. La educación necesita continuidad, evaluación, coraje y políticas que sobrevivan a los calendarios electorales. Silva tuvo el coraje de empezar. El tiempo comienza a mostrar que aquella dirección tenía fundamentos. Uruguay debería aprender una lección elemental antes de volver a empezar de cero. Cuando una reforma comienza a mostrar resultados, la respuesta responsable no es desarmarla. Es mejorarla y seguir adelante. Porque ya lo dijo el último gran Batlle: “La soberanía no está el ferrocarril, no está en el gas, no está en el puerto, no está en el avión, no está en el teléfono. La soberanía está en que usted tenga buena educación, y buena información, porque el único capital real que tiene el Uruguay son los uruguayos”.
