Fitzgerald Cantero
Hay acontecimientos que ocupan las portadas y otros que, aunque parecen reservados a especialistas, ayudan a explicar hacia dónde se mueve el poder mundial. La refinanciación de la deuda de Estados Unidos pertenece a esta segunda categoría.
A inicios de este mes, el Tesoro estadounidense anunció la emisión de 125.000 millones de dólares en títulos a tres, diez y treinta años. De ese monto, unos 96.300 millones se destinaron a sustituir deuda que vencía y el resto permitió obtener nuevo financiamiento. El organismo proyecta, además, un endeudamiento neto de 739.000 millones de dólares en el trimestre julio-setiembre y de otros 628.000 millones entre octubre y diciembre.
Nada de esto significa que Estados Unidos esté ante una cesación de pagos o que no encuentre compradores. Tampoco anuncia el derrumbe del dólar. La economía estadounidense conserva dos ventajas extraordinarias: emite la principal moneda de reserva internacional y cuenta con el mercado de deuda soberana más profundo, líquido y seguro del mundo.
Pero una ventaja no equivale a inmunidad.
Durante muchos años, Estados Unidos pudo endeudarse a tasas excepcionalmente bajas. Hoy, cuando una parte de aquella deuda vence, debe renovarla a un costo mayor. A comienzos de agosto, el rendimiento de los títulos del Tesoro a diez años rondaba el 4,6 %. La pregunta relevante no es, por tanto, si habrá compradores, sino a qué tasa estarán dispuestos los inversores -estadounidenses y extranjeros- a seguir financiando al Gobierno Federal.
El efecto se acumula silenciosamente. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el pago neto de intereses superará el billón de dólares en 2026, equivalente al 3,3 % del producto estadounidense. Si la trayectoria fiscal no cambia, ese gasto podría superar los dos billones anuales dentro de una década. Cada dólar destinado a intereses es un dólar que no queda disponible para defensa, infraestructura, innovación, política industrial, transición energética o presencia internacional.
Allí la cuestión financiera se transforma en geopolítica.
Los datos publicados la semana pasada por el propio Tesoro permiten observar quiénes están financiando esa deuda. Japón continúa siendo el principal tenedor extranjero, con aproximadamente 1,1 billones de dólares. Le siguen el Reino Unido y China, cuyas tenencias descendieron a unos 633.000 millones. Un año antes superaban los 731.000 millones y, en la década pasada, llegaron a ubicarse por encima de 1,2 billones.
La reducción china admite una lectura estratégica: es consistente con la búsqueda de una mayor diversificación de reservas y disminuye gradualmente la exposición a un activo emitido por su principal competidor. Sin embargo, conviene no confundir esa tendencia con un abandono generalizado de la deuda estadounidense. Mientras China redujo sus tenencias, el total en manos extranjeras aumentó durante el último año y alcanzó unos 9,3 billones de dólares. El repliegue de un gran acreedor está siendo compensado por otros inversores.
También llama la atención la presencia de centros financieros como las Islas Caimán, Luxemburgo o Irlanda. No significa necesariamente que sus gobiernos sean grandes prestamistas de Washington. Las estadísticas registran, en buena medida, el lugar de residencia jurídica o de custodia de fondos, bancos y vehículos de inversión. Por eso, detrás de una tenencia atribuida a Caimán puede haber capital perteneciente a inversores de muchas nacionalidades. El propio Tesoro advierte que esos datos no siempre permiten identificar al beneficiario final.
El verdadero desafío estadounidense aparece cuando se conectan las distintas piezas. Las tensiones en Medio Oriente y las dificultades para la navegación por el estrecho de Ormuz pueden elevar el precio del petróleo y del gas. Una energía más cara alimenta la inflación. Una inflación persistente dificulta que la Reserva Federal reduzca las tasas. Y tasas más altas encarecen tanto la refinanciación de la deuda pública como el crédito disponible para familias y empresas.
La cadena no termina en Washington. Los títulos del Tesoro funcionan como referencia para el precio del dinero en todo el mundo. Cuando aumenta la tasa considerada prácticamente libre de riesgo, tiende a subir también el costo de financiar a los países emergentes. A ese piso se agrega luego el riesgo propio de cada Estado, empresa o proyecto.
Para América Latina no es una discusión distante. Puede significar mayor costo para emitir deuda, menor disponibilidad de capital, postergación de inversiones y financiamiento más caro para carreteras, puertos, redes eléctricas, generación de energía o infraestructura digital. Incluso los países con instituciones sólidas y buena reputación financiera operan dentro de ese sistema global y no pueden aislarse completamente de sus movimientos.
No estamos ante el fin del dólar ni ante una crisis inmediata de la deuda estadounidense. Sí estamos ante una tendencia que merece seguimiento. Estados Unidos seguirá disponiendo de recursos formidables, pero deberá dedicar una porción creciente de ellos a sostener obligaciones acumuladas en el pasado.
La geopolítica no se construye únicamente en las fronteras, los conflictos o las cumbres internacionales. También se construye en los mercados financieros. Y el costo de financiar el poder puede terminar condicionando la capacidad de ejercerlo.
