Discurso de odio, violencia verbal y libertad de expresión.
Daniel Manduré
La senadora Blanca Rodríguez “no da pie con bola”. Sus errores reiterados en cada aparición pública llaman la atención. El tren que la llevaba a jerarquizar la política descarriló rápidamente. Aquel mesías que bajaba a iluminar el mundo terrenal, comprometida en inundar de ética un parlamento repleto de pecadores y conversos comete una nueva “pifiada”. Desde pretender atribuirle a su fuerza política ser la dueña del diseño de todas las políticas sociales del país. Hasta mentir descaradamente en su visita a la Biblioteca Nacional al describir la situación supuestamente calamitosa de esta para intentar en su momento justificar su cierre. Se suman ahora las declaraciones de hace algunos días afirmando que: “hay que penalizar los discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación” y agregó que su fuerza política va a avanzar en un proyecto concreto.
La legisladora y comunicadora por varias décadas, mal informada, sin asesorarse antes de hablar y con un llamativo desconocimiento de la ley hace estas apreciaciones al parecer sin saber que ya existen leyes aplicables a estos efectos. De sus propias palabras se sugiere la idea de que hay un vacío legal en ese sentido. Cuando en realidad nuestro país tiene desde hace décadas normas penales específicas.
Vivimos tiempos violentos. Lo vemos en toda la sociedad y se manifiesta de diferentes formas. En las calles, en el hogar, el fútbol, centros educativos, redes sociales y también en la política. Una violencia expresada muchas veces con agresiones físicas y otras veces a través de la palabra. Donde en reiterados casos el insulto o la descalificación sustituyen al argumento.
La palabra puede motivar, convencer, educar, reconciliar o construir convivencia. Pero también puede herir, humillar, descalificar, sembrar odio y hasta transformar al adversario en enemigo.
Ese es precisamente el enorme poder de la palabra.
Por eso merece ser tomada con enorme seriedad. La discusión que se abre a partir de las declaraciones desafortunadas de la senadora Blanca Rodrìguez.
La preocupación por la violencia verbal es legítima. Nadie puede defender una sociedad en la que se incite a agredir, discriminar o violentar a otros.
No es correcto presentar la situación como si Uruguay careciera de legislación penal contra el discurso de odio.
Además, es una afirmación la de la senadora muy vaga, que deja zonas oscuras y de incertidumbre.
La ley 16.048 de 1989 incorporo los artículos 149 bis y 149 ter al código penal que castiga la incitación publica al odio, desprecio o violencia contra una persona o grupo (color de piel, raza, religión, origen étnico)
Luego la ley 17.677 del 2003 sustituye y amplia los artículos anteriormente mencionados, sumando la orientación e identidad sexual.
Existe también para aquel ciudadano que sienta afectado su honor ante hechos falsos, insultos o agravios los artículos 333 y 334 sobre difamación o injurias.
Lo que habría que preguntarle a Blanca Rodríguez es: ¿Qué conducta concreta que hoy no sea delito se pretende convertir en delito? ¿En qué proyecto concreto se supone que va a avanzar su fuerza política?
Porque una cosa es incitar deliberadamente a la violencia contra una persona o grupo, por su raza, religión, origen u orientación sexual. Esto ya tiene una respuesta penal clara.
Otra muy diferente y creo que a eso se refería la senadora y de allí la gravedad, el considerar “discurso de odio” a cualquier expresión dura, agresiva, ofensiva, intolerante, desagradable o políticamente incorrecta
Porque aquí, esta situación, se da de bruces con la libertad de expresión.
Una profesora de literatura como la senadora Rodrìguez debería saber mejor que nadie que las palabras no son intercambiables: violencia verbal, insulto, critica, provocación y discurso de odio no significan lo mismo.
Corremos el riesgo de pasar de algo legítimo como es: el Estado castigando la incitación a la violencia y la discriminación. A otra muy peligrosa: un Estado decidiendo que discurso le gusta y cuál no.
La violencia verbal debe ser combatida. Pero combatirla no puede ser la excusa perfecta para reducir la libertad de expresión. O acostumbrarnos en etiquetar como discurso de odio la crítica política legitima, aunque se realicen con términos que no compartimos.
No todo discurso que resulta ofensivo, agresivo, desagradable es jurídicamente de odio. No todo aquello que nos puede llegar a ofender es delito.
Combatir y penalizar el discurso de odio es una obligación democrática. Pero también es una obligación democrática la más amplia libertad de expresión.
Tenemos que hacer inevitablemente la referencia a Orwell y su obra “1984”. El peligro que significaría el solo pensar en comenzar a vigilar, clasificar o castigar ideas, opiniones o formas de pensar o expresarse, aunque esas formas de expresión sean desagradables. La verdadera amenaza de “1984” no consiste únicamente en que el Estado diga: “esto no lo puedes decir”. Sino que el comenzar limitando las palabras puedo llegar a limitar lo que las personas son capaces de pensar.
La democracia no necesita de una policía del pensamiento.
No estamos diciendo que esa sea la intención de la senadora, la de censurar el pensamiento. No sería serio hacerlo. Pero por algunos antecedentes considero que la advertencia no pierde vigencia.
Existe una diferencia enorme entre combatir el odio y penalizar el pensamiento. Una cosa es reconocer que existe, sin dudas, una preocupante degradación del lenguaje y otra muy diferente es pretender resolverlo mediante el Código Penal.
Porque si cada insulto, cada descalificación política o agresión en redes puede ser interpretada como odio, estaremos cruzando una línea extremadamente peligrosa. La historia demuestra que las mayores restricciones a la libertad comenzaron con el pretexto de: “vamos a perseguir el discurso de odio”. Pero luego terminaron buscando controlar el pensamiento.
La libertad de expresión no fue concebida únicamente para proteger las palabras que pueden agradar al poder. Fue concebida además para todo lo contrario. Para proteger también aquellas palabras o dichos que incomoden al poder, que lo provoquen y lo desafíen.
Alguien que además de legisladora ha sido durante décadas periodista y comunicadora como Blanca Rodríguez lo debería tener muy claro.
Decir que un gobierno es mentiroso, incompetente, que una ley es desastrosa o que un político ha traicionado sus principios puede ser considerado ofensivo, injusto o incluso falso.
Pero eso no significa que sea un delito.
Porque si cada forma de expresión que puede ser considerada violencia verbal se convierte en materia penal, terminamos entregándole al Estado una facultad muy inconveniente.
El insulto, la descalificación, el lenguaje agresivo debe ser fuertemente combatido, pero no criminalizado
La palabra no es inocente. Pero no puede convertirse en delito simplemente porque incomode, incluso aunque se utilice en la construcción de un lenguaje inapropiado.
No podemos mirar para otro lado frente a la violencia verbal. Las palabras importan mucho. Un dirigente político tiene una responsabilidad mayor que cualquier otro ciudadano. Tiene la capacidad, por la amplificación de su llegada, de calmar a la sociedad o también de incendiar la pradera.
Una democracia madura necesita recuperar algo que parece elemental, pero que en tiempos de tanta violencia no lo es: la tolerancia y la capacidad de respetar al otro.
Podemos defender nuestras ideas con pasión sin reclamar para nosotros el monopolio de la verdad. Podemos discutir hasta con dureza, pero sin la necesidad de convertir al adversario en enemigo. Podemos ser firmes sin ser violentos.
Aquí tal vez esté la verdadera batalla cultural de nuestro tiempo. No necesitamos una sociedad muda. No necesitamos menos libertad de expresión. No necesitamos censores del pensamiento.
Necesitamos una sociedad que defienda sus ideas con argumentos, como decíamos, con tolerancia y respeto.
El discurso de odio debe ser combatido con la ley que existe. La discriminación sancionada. Pero la defensa de la libertad de expresión es absolutamente innegociable.
Porque una democracia puede sobrevivir a un término desagradable, una opinión injusta o un discurso que nos incomode y nos indigne.
Lo que no debe sobrevivir indemne es a la tentación ni a la más leve insinuación en convertir al Estado en arbitro de nuestros pensamientos.
Ser un celoso custodio de sus límites no es proteger el odio. Es proteger la libertad. Porque custodiar la libertad es en definitiva cuidar la república.
