Pablo Caffarelli
Hay una forma muy particular de cobrarle más al uruguayo sin anunciar que se le está cobrando más. No hace falta mandar al Parlamento un nuevo impuesto, discutir una tasa, imprimir un proyecto de ley ni escuchar durante semanas a los economistas explicando la letra chica. A veces alcanza con una tarifa.
Durante la campaña electoral Yamandú Orsi prometió dos veces, en el debate presidencial, que no subiría los impuestos. Fue claro. No había demasiada literatura en la frase. Después llegaron modificaciones tributarias en el Presupuesto, impuestos, la Rendición de Cuentas y, más importante todavía para el bolsillo cotidiano, llegaron las tarifas. Porque en Uruguay cuando la voracidad Estatal por cubrir déficit no es saciada con impuestos el ciudadano puede perfectamente encontrarse con una UTE más cara o con un combustible cuyo precio no sigue exactamente la lógica del petróleo internacional.
UTE ajustó sus tarifas en promedio 4% desde enero de este año. La empresa, además, cerró 2025 con una ganancia de $13.152 millones, unos US$337 millones. Nadie pretende que una empresa pública tenga que perder dinero. El problema es otro: ¿cuánto debe ganar una empresa monopólica que presta un servicio esencial y cuánto de esa rentabilidad debe volver al ciudadano mediante tarifas más bajas? ¿Es necesario subir tarifas para tirar las “ganancias” a rentas generales?
El uruguayo, desde hace años ya, aprendió a ahorrar electricidad. Cambió las lamparitas. Compra electrodomésticos eficientes. Apaga la luz. Mira el reloj antes de prender el lavarropas. Hace ingeniería doméstica para bajar unos pesos la factura. Y después descubre que el importe tiene una parte que no depende tanto de cuánto consumió.
En los combustibles el asunto es todavía más interesante. Uruguay tiene un sistema en el que la URSEA calcula el Precio de Paridad de Importación, una referencia técnica que estima cuánto costaría traer el combustible terminado al país. Pero ese precio no manda. Es un insumo. El precio final sigue siendo potestad del Poder Ejecutivo. En julio, por ejemplo, la URSEA calculó para la nafta Súper un Precio de Paridad de Importación de $37,04 por litro antes de márgenes, impuestos y otros componentes, mientras el precio de referencia al público alcanzaba $88,93.
No todo lo que hay entre esos dos números es “ganancia de ANCAP”. Hay impuestos, distribución, márgenes y mecanismos de política pública. Precisamente por eso la discusión debería ser más seria y no menos. La duda radica en si es correcto que el Estado utilice el precio de un bien esencial para financiar impuestos, subsidios, costos sectoriales o políticas públicas, el ciudadano tiene derecho a saber exactamente cuánto está pagando por el combustible y cuánto está pagando por el Estado.
El problema es que los monopolios tienen esa compleja característica en la que uno puede discutir con ellos, pero no puede cambiar de proveedor. Y ese proveedor pone el precio que quiere.
ANCAP no es un monopolio absoluto de toda la cadena de combustibles, pero conserva el monopolio legal de la importación y refinación. UTE mantiene el monopolio de la distribución eléctrica. Y allí donde no existe competencia real, el control regulatorio tiene que ser mucho más fuerte.
Uruguay tiene URSEA. Tiene normas de defensa de la competencia. Tiene incluso una Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia con facultades para investigar abusos y controlar determinadas concentraciones. El problema es que una cosa es controlar que un monopolio no abuse y otra muy distinta es preguntarse si el Estado debe seguir creando, conservando o utilizando monopolios allí donde podría existir competencia.
La peor parte de ese juego se la lleva la clase media.
El muy rico puede amortiguar el golpe. Puede invertir en eficiencia, instalar paneles, cambiar equipos, consumir de otra manera. El más pobre puede recibir subsidios y bonificaciones. Es, en ciertos casos, el que se “cuelga” de la luz encareciendo las tarifas de los demás. El trabajador formal de clase media, en cambio, queda atrapado en esa maravillosa tierra de nadie donde gana demasiado para recibir ayuda y demasiado poco para poder escapar del costo.
Paga la luz. Paga el combustible. Paga el IVA. Paga IRPF. Paga los costos que el combustible incorpora en el transporte, en los alimentos, en la producción y en el comercio. Y después paga nuevamente esos costos cuando compra el producto final. Ese es el verdadero impuesto silencioso.
Por eso necesitamos un Uruguay más libre, no un Uruguay sin Estado. Un Uruguay donde los monopolios públicos sean estrictamente controlados, donde los monopolios privados tampoco puedan abusar (como por ejemplo en los frigoríficos que se van convirtiendo en eso), donde el Precio de Paridad de Importación sea una referencia realmente vinculante y donde cada subsidio tenga un costo visible en el Presupuesto y no escondido dentro de la factura de quien carga nafta o prende la estufa.
Si el Estado necesita recaudar más, que tenga el coraje de decirlo y vaya al Parlamento. Y si la respuesta de los representantes del pueblo es negativa, que reacomode sus gastos.
Lo que no parece razonable es decir que no se suben impuestos y después nos sacan lo que falta de las facturas.
Al menos el impuesto tiene la delicadeza de presentarse como impuesto.
Es una tarea de todos el rebelarnos contra estas cuestiones y hacer del Uruguay un lugar más justo y serio.
