Adrián Báez
En una democracia madura, gobierno y oposición no están llamados a pensar igual. Por el contrario, las diferencias constituyen parte esencial del sistema democrático. Quien gobierna tiene la responsabilidad de llevar adelante el programa que recibió el respaldo ciudadano y quien ocupa la oposición tiene el derecho —y también el deber— de controlar, cuestionar y proponer alternativas. Pero ninguna de esas funciones debería impedir algo fundamental: dialogar.
Uruguay ha construido buena parte de su estabilidad institucional sobre una tradición política donde adversarios circunstanciales han podido encontrarse cuando los intereses del país estuvieron por encima de las conveniencias partidarias. Esa capacidad constituye un patrimonio que debemos preservar, especialmente en momentos donde la discusión pública parece cada vez más dominada por la confrontación.
Sin embargo, tampoco alcanza con reivindicar el diálogo como una palabra políticamente correcta. El diálogo solamente adquiere verdadero sentido cuando existe voluntad de escuchar y, eventualmente, de modificar posiciones.
Existe una equivocación frecuente: considerar que sentarse a conversar implica abandonar convicciones o concederle razón al adversario. Nada más alejado de una democracia plural.
Gobierno y oposición representan sensibilidades diferentes de la sociedad. Es lógico que discrepen sobre seguridad, educación, economía, políticas sociales, relaciones laborales, inserción internacional o el papel del Estado. Pretender eliminar esas diferencias sería desconocer la propia esencia del sistema democrático.
Pero una cosa es discrepar y otra muy diferente convertir al adversario político en alguien con quien resulta imposible construir absolutamente nada.
El desafío consiste precisamente en encontrar aquellos asuntos donde, pese a las diferencias ideológicas, puedan establecerse mínimos acuerdos nacionales.
Uruguay necesita políticas que puedan sobrevivir a los períodos de gobierno. La educación es probablemente el ejemplo más evidente, pero no el único. Seguridad pública, primera infancia, desarrollo productivo, infraestructura, ciencia y tecnología, inserción internacional y sostenibilidad de la seguridad social requieren miradas que superen los cinco años de una administración.
También debemos ser cuidadosos con otro fenómeno: transformar el diálogo en una puesta en escena.
Una reunión entre dirigentes políticos, una conferencia de prensa posterior y una fotografía institucional pueden transmitir una señal positiva. Pero si después de esa imagen cada sector regresa exactamente a su posición inicial y nada de lo conversado tiene consecuencias, el diálogo termina perdiendo credibilidad.
La ciudadanía tiene razones para exigir algo más.
Cuando se convoca a la oposición, debe existir disposición real del gobierno para considerar sus propuestas. Y cuando la oposición acepta participar, también debe concurrir con voluntad constructiva, sin utilizar cada instancia exclusivamente como escenario para obtener rédito político.
El diálogo verdadero exige escuchar, ceder cuando corresponda y asumir que ninguna fuerza política posee el monopolio de las buenas ideas.
Esto no significa que toda convocatoria deba terminar necesariamente en un acuerdo. Habrá ocasiones en las cuales las diferencias sean legítimamente irreconciliables. Pero incluso entonces una instancia habrá sido útil si permitió comprender posiciones, delimitar desacuerdos y encontrar coincidencias parciales.
Lo que debemos evitar es el diálogo meramente protocolar: aquel que comienza sabiendo de antemano que ninguna de las partes está dispuesta a considerar siquiera los argumentos de la otra.
En tiempos de polarización puede resultar electoralmente más sencillo confrontar que acordar. El enfrentamiento genera titulares rápidos, moviliza a los sectores más identificados con cada partido y permite construir un relato basado en vencedores y derrotados.
Llegar a acuerdos suele ser bastante más difícil.
Implica explicar por qué se aceptó una propuesta del adversario, reconocer que alguna idea ajena puede ser buena y asumir costos frente a quienes entienden cualquier concesión como una muestra de debilidad.
Sin embargo, gobernar también significa asumir esos costos.
Los grandes acuerdos nacionales no deberían buscar unanimidades artificiales, sino bases suficientemente amplias para otorgar continuidad a determinadas políticas públicas.
La responsabilidad tampoco corresponde exclusivamente al gobierno. Quien gobierna debe generar ámbitos sinceros de participación y evitar convocatorias destinadas simplemente a legitimar decisiones previamente adoptadas. Pero la oposición debe ejercer su papel con la misma responsabilidad.
Controlar no significa obstaculizar sistemáticamente. Oponerse tampoco significa negar todo aquello que provenga del Poder Ejecutivo.
Una oposición firme puede ser, al mismo tiempo, una oposición constructiva. Del mismo modo, un gobierno con mayoría o legitimidad electoral puede reconocer que escuchar otras voces fortalece, y no debilita, sus decisiones.
Uruguay necesita recuperar permanentemente esa cultura.
Porque después de cada elección quedan ganadores y perdedores, oficialismo y oposición, mayorías y minorías. Pero por encima de esas categorías existe una responsabilidad común: gobernar y hacer política pensando en el país.
El diálogo no debe borrar las diferencias. Debe permitir administrarlas democráticamente.
Y para que tenga valor no puede limitarse a una mesa, un comunicado y una fotografía. Tiene que producir propuestas, coincidencias, rectificaciones o, cuando sea posible, acuerdos concretos.
La fotografía puede registrar el encuentro. Lo verdaderamente importante comienza cuando las cámaras se apagan.
