Guzmán A. Ifrán
La frustrada reunión entre el presidente Yamandú Orsi y los principales líderes partidarios dejó, más allá de las circunstancias que determinaron su postergación, una reflexión que Uruguay debería aprovechar. El encuentro había sido concebido para intercambiar visiones sobre la compleja coyuntura internacional y procurar una señal de estabilidad y consenso antes de la participación presidencial en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las tensiones políticas de los últimos días terminaron interfiriendo en esa posibilidad. Sin embargo, el episodio también demuestra algo más profundo. El diálogo entre los partidos no debería depender únicamente del clima político de una semana, de una convocatoria presidencial puntual o de la mayor o menor intensidad de una controversia coyuntural.
Uruguay posee una ventaja institucional que muchas veces damos por descontada. Tenemos partidos fuertes, alternancia democrática, reglas respetadas y una tradición de convivencia política que, aun con diferencias importantes, ha permitido construir acuerdos relevantes. Esa virtud podría transformarse en una verdadera herramienta de desarrollo. Por ello, entiendo que el país debería avanzar hacia la creación de un Comité Permanente de Políticas de Estado (CPPE), integrado por autoridades oficiales de todos los partidos con representación parlamentaria y por cuadros técnicos destacados designados por esas mismas colectividades. No se trataría de sustituir al Parlamento, limitar al Poder Ejecutivo ni diluir las legítimas diferencias ideológicas. Se trataría de crear un ámbito institucionalizado, periódico y permanente para identificar aquellos asuntos en los que el Uruguay puede acordar un rumbo común y sostenerlo más allá de quién gane la siguiente elección.
La política democrática supone diferencias y sería absurdo pretender eliminarlas. Pero no todo tiene por qué comenzar nuevamente cada cinco años. Hay áreas en las que el horizonte necesario es de diez, veinte o treinta años y en las que la incertidumbre permanente conspira contra los resultados. Turismo, Educación, Energía y Macroeconomía podrían constituir un excelente punto de partida. Son materias en las que existen componentes técnicos suficientemente importantes como para procurar acuerdos sobre grandes objetivos, aun cuando cada gobierno conserve libertad para definir los instrumentos concretos con los que pretende alcanzarlos. El CPPE no debería aspirar a consensuarlo todo. Su fortaleza estaría precisamente en delimitar aquellos puntos macro en los que todos puedan coincidir y convertirlos en compromisos políticos duraderos.
Los beneficios internos serían extraordinarios. Una política energética acordada permitiría planificar inversiones con décadas de anticipación. Una estrategia turística nacional podría sobrevivir a los calendarios electorales. Determinados objetivos educativos podrían evaluarse durante períodos suficientemente extensos como para conocer sus verdaderos resultados. Y un conjunto básico de compromisos macroeconómicos contribuiría a preservar uno de los principales activos que Uruguay ha construido durante décadas, la previsibilidad. Los gobiernos continuarían gobernando y las oposiciones continuarían controlando y proponiendo alternativas, pero existiría un núcleo de decisiones estratégicas que el sistema político asumiría como patrimonio del país y no de una administración.
Hacia afuera, la señal sería todavía más poderosa. En un mundo atravesado por polarizaciones, cambios abruptos de rumbo e incertidumbre geopolítica, poder decir que determinadas políticas fundamentales cuentan con el respaldo permanente de todo el arco político sería una ventaja competitiva excepcional. Para quien analiza invertir a largo plazo, saber que las reglas esenciales y los grandes objetivos nacionales no desaparecerán con la próxima elección vale tanto como muchos incentivos económicos. Uruguay podría ofrecer algo que muy pocas naciones están en condiciones de garantizar, estabilidad política acompañada de previsibilidad estratégica.
La reunión que esta semana no pudo concretarse puede quedar simplemente como otra consecuencia de la disputa política cotidiana o puede servir como disparador de una ambición mayor. El diálogo nacional no debería ser una fotografía ocasional ni una herramienta reservada para momentos de crisis. Puede convertirse en una institución. Un Comité Permanente de Políticas de Estado permitiría que las diferencias legítimas convivan con acuerdos igualmente legítimos y que el país aprenda a pensar más allá del período de gobierno. En tiempos en que tantas democracias parecen especializarse en destruir lo que construyó el adversario, Uruguay tiene la oportunidad de distinguirse haciendo exactamente lo contrario. Construir juntos aquello que, precisamente porque pertenece a todos, ningún gobierno debería volver a empezar.
