Eduardo Irigoyen García
Hay discusiones que en Uruguay tienen una curiosa capacidad para convertirse rápidamente en una guerra de trincheras. Aparece la palabra «odio» y unos gritan «censura». Aparece la palabra «libertad» y otros contestan «impunidad». En el medio, la conversación se va al carajo.
La reciente discusión a partir de las declaraciones de la senadora Blanca Rodríguez sobre la necesidad de penalizar los discursos de odio en redes, medios y otros espacios públicos volvió a poner el asunto sobre la mesa. Martín Aguirre, director de Redacción de El País, escribió sobre el tema y planteó sus reparos frente a lo que considera una creciente hipersensibilidad hacia determinadas expresiones y una tendencia a querer controlar el discurso público.
Martín Aguirre es un señor periodista. Yo soy apenas un escribidor.
El tipo es un tigre y yo, como mucho, pretendo ser un gato con las uñas afiladas, de esos que merodeaban la pila de leña en la panadería de mi viejo. Pero precisamente porque no soy periodista profesional puedo permitirme meterme en estos berenjenales desde otro lugar.
Los delitos de odio no los inventó el wokismo
Creo que Aguirre tiene razón en algunas cosas. En otras, me parece que patina.
Empecemos por algo bastante sencillo: los delitos vinculados con la incitación al odio no son una importación reciente de alguna universidad norteamericana ni una ocurrencia de las nuevas izquierdas.
Uruguay incorporó en 1989 el artículo 149-BIS al Código Penal, que sanciona la incitación pública al odio, desprecio o violencia contra personas por determinados motivos. La legislación fue modificada posteriormente y en 2004 la Ley 17.817 declaró de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación.
Por lo tanto, cuando Aguirre señala que ya existe un marco jurídico para determinadas conductas, se apunta un poroto. En eso tiene razón.
Pero justamente por eso, la discusión no debería terminar ahí.
Que exista una ley no significa que esté prohibido discutir sus alcances, su aplicación o sus límites. Al contrario. En una República, esas cosas se discuten públicamente y, cuando corresponde, en el Parlamento y en la Justicia.
La cuestión tampoco consiste en convertir en delito todo aquello que nos molesta o nos desagrada. El derecho internacional establece una diferencia importante entre la expresión ofensiva o provocadora y la incitación al odio que busca promover discriminación, hostilidad o violencia. El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece precisamente ese umbral.
No es lo mismo decir «me cae mal fulano» que decir «hay que echarlos a todos». No hace falta ser jurista para entender que entre una cosa y la otra existe una diferencia.
Ni todo es odio ni todo es humor
Acá es donde, a mi juicio, aparecen los dos extremos.
Durante años me he opuesto a esa corriente que se horroriza porque Edinson Cavani llamó «negrito» a un amigo. Me parece absurdo trasladar mecánicamente determinadas categorías raciales propias de otras sociedades a una conversación privada entre dos personas que conocen el sentido de las palabras que utilizan.
Pero también me opongo a la murga compañera que trató de «conchuda» a Laura Raffo.
Y no porque haya que proteger a Laura Raffo por ser mujer. Precisamente al revés.
Una mujer que participa en política tiene el mismo derecho que cualquier hombre a ser criticada, cuestionada, discutida y hasta duramente confrontada. Lo que no necesita es que la sobreprotejan como si por ser mujer fuera una criatura incapaz de soportar una discusión política.
Eso también puede terminar reproduciendo una lógica machista: la mujer como sujeto al que hay que cuidar especialmente porque supuestamente no puede recibir el mismo trato que un hombre.
Una cosa es criticar a una mujer. Otra es agredirla por ser mujer. Una cosa es el humor político, incluso el humor grosero. Otra es utilizar el sexo, la condición racial, la orientación sexual o cualquier otra característica personal como instrumento de humillación o incitación contra alguien.
El límite no puede ser «me ofendí». Porque entonces estamos fritos.
La sensibilidad no puede ser mordaza
Aguirre advierte sobre un fenómeno que tampoco conviene ignorar: la tendencia a transformar cualquier expresión desagradable en una forma de violencia. En su análisis, esa hipersensibilidad no sería exclusivamente uruguaya ni patrimonio de una corriente política determinada.
Ahí también coincido en algo.
Una democracia necesita ciudadanos capaces de escuchar cosas que no les gustan sin pedir inmediatamente que alguien las prohíba. La libertad de expresión tiene precisamente ese problema: incluye también el derecho a decir cosas equivocadas, desagradables, provocadoras y hasta ofensivas.
Si cada ciudadano pudiera exigir que se silencie aquello que le resulta intolerable, terminaríamos teniendo una sociedad donde todos tendrían libertad para hablar siempre que nadie se sintiera molesto.
Eso no es libertad de expresión. Es un jardín de infantes.
Pero tampoco compro el argumento contrario: que en nombre de la libertad todo vale.
La libertad de expresión no convierte automáticamente en legítimo el llamado a discriminar o ejercer violencia contra otros. Y tampoco convierte el «era un chiste» en una especie de salvoconducto universal.
El problema está justamente en establecer una frontera razonable.
¿Y dónde ponemos el límite?
Creo que acá deberíamos salir de las trincheras.
Dentro de tanta confusión y de tantas posturas extremas, tiene que haber fronteras razonables, comunes, comprensibles. Fronteras que prioricen la libertad, pero también la Ley. Que protejan el derecho a expresarse, pero también el derecho de cualquier persona a no ser agredida de hecho o de palabra por ser mujer, negra, judía, homosexual, extranjera o por cualquier otra condición protegida por la legislación.
Y esas fronteras no deberían depender de quién está gritando más fuerte en Twitter.
Tampoco deberían modificarse cada vez que cambia el gobierno, la mayoría parlamentaria o la sensibilidad del momento.
La Ley ya establece algunos límites. El desafío es aplicarlos con criterio y, cuando sea necesario, discutir democráticamente si esos límites necesitan modificaciones, sin convertir cada insulto en un delito de odio, pero sin utilizar la palabra «libertad» como excusa para negar que existen formas de discriminación e incitación que el orden jurídico debe enfrentar.
Porque tampoco compro la equidistancia boba de «todos hacen lo mismo». No todos tienen siempre el mismo poder, ni producen necesariamente los mismos efectos. Pero tampoco existe un monopolio ideológico de la estupidez. La historia demuestra que tanto la derecha como la izquierda pueden caer en tentaciones autoritarias cuando creen tener razones suficientes para decidir qué puede decir el otro.
Por eso desconfío tanto del censor de derecha como del censor de izquierda.
La República tiene la palabra
No tengo una fórmula mágica para resolver dónde termina la expresión legítima y empieza la conducta sancionable. No tengo las herramientas ni el conocimiento para eso.
Pero sospecho que quien tenga una fórmula demasiado sencilla para semejante problema probablemente no haya pensado demasiado en él.
Pero sí tengo algunas convicciones.
Sigo confiando en la República, en la Ley y en el debate de ideas.
Confío más en eso que en las campañas de los enojaditos y ofendiditos de las redes, en los tribunales insultadores de Twitter o en quienes pretenden decidir desde una tribuna política qué palabras son aceptables y cuáles deben desaparecer.
La democracia necesita defenderse de la discriminación y de la violencia. Pero también necesita defender el derecho a pensar distinto, a discutir, a equivocarse y hasta a decir alguna estupidez sin que aparezca inmediatamente alguien reclamando una mordaza.
Hay que aprender a distinguir
Un insulto no es necesariamente un delito de odio. Una crítica a una mujer no es violencia política de género por el solo hecho de que la destinataria sea mujer. Un chiste no queda automáticamente legitimado porque alguien diga que era humor. Y una expresión ofensiva no se convierte automáticamente en delito porque alguien se haya sentido ofendido.
Entre esos extremos hay un territorio mucho más difícil: el territorio de la Ley, del sentido común y de la convivencia democrática.
Por ahí es donde deberíamos caminar.
Porque la democracia no es una cosa que se consigue una vez y después se guarda en un cajón. Se construye todos los días. Se defiende discutiendo, tolerando, legislando cuando corresponde y recurriendo a la Justicia cuando la Ley ha sido vulnerada.
Y vaya donde vaya, la democracia siempre va a ir en yunta con dos viejas compañeras de viaje: la libertad y la República.
