Eduardo Irigoyen
Hace algún tiempo, el Turco Abdala se mandó un artículo tan interesante como provocador.
Le pasé un poco el plumero porque merece ser releído con atención. El artículo sostenía que la Policía ya no podía enfrentar sola el avance del narcotráfico. El narco se encontraba —y se encuentra— en una fase agresiva de territorialidad, con mayor violencia, intimidación y capacidad económica, generando zonas donde su influencia podía llegar a ser dominante.
Ante esa realidad, el autor afirmaba que era urgente dejar de lado prejuicios ideológicos y reconocer que el problema superaba la capacidad de las fuerzas policiales, tal como había admitido el propio ministro del Interior al calificar la batalla como “perdida”. La propuesta central era incorporar a las Fuerzas Armadas en apoyo al combate contra el narcotráfico, mediante una acción coordinada entre ambos ministerios.
El Turco planteaba que, si era necesario, había que capacitar y especializar a los militares para esa tarea, invirtiendo en ellos en lugar de hacerlo en “frivolidades”.
Advertía que, sin una presencia institucional fuerte y decidida, Uruguay corría el riesgo de derivar hacia situaciones como las de México, con territorios controlados por el crimen organizado.
Por eso llamaba a superar miedos y tabúes, generar conciencia y preparar una respuesta conjunta y más robusta antes de que fuera demasiado tarde.
TERRITORIO COMANCHE Le envié mi punto de vista:
Estimado Turco, muy interesante la propuesta. Nos obliga a pensar y razonar sin prejuicios. Me permitirás entrar en lo que podría ser un interesante debate.
Veamos.
El problema no era —ni es— si las Fuerzas Armadas pueden ayudar. El problema es para qué, cómo, bajo qué mando, con qué reglas y hasta dónde.
Había argumentos serios a favor.
La Policía uruguaya enfrentaba organizaciones criminales cada vez más violentas, mejor financiadas y con capacidad para controlar territorios. El narcotráfico ya no era solamente venta de merca y peleas a tiros con muertos por la ocupación de espacios. Era —y sigue siendo— lavado de guita, corrupción, armas, intimidación de vecinos, reclutamiento de menores y control social.
Cuando el Estado pierde presencia en determinados barrios, alguien ocupa ese vacío. Y generalmente no son los scouts ni los pastores neopentecostales o las ONG compañeras.
Clarito: entran los narcos.
Además, las Fuerzas Armadas tienen capacidades que la Policía no posee, o posee en menor medida: logística, inteligencia técnica, vigilancia, comunicaciones, transporte, control de fronteras, drones, radares y capacidad de despliegue rápido.
Negarse siquiera a discutir su participación por reflejos ideológicos o por traumas históricos tampoco parecía una actitud demasiado racional.
Pero también había —y sigue habiendo— argumentos muy fuertes en contra.
Los militares están entrenados para enfrentar enemigos, no ciudadanos. Su lógica es distinta. La misión de un soldado no es la misma que la de un policía.
Está en la tapa del libro.
Y las propias Fuerzas Armadas lo saben.
Cuando se mezclan demasiado ambas funciones aparecen riesgos enormes: abuso de fuerza, errores operativos, deterioro de las garantías individuales y una peligrosa militarización de conflictos sociales que deberían resolverse con herramientas civiles.
Por eso no me convencía —y tampoco me convence— la idea de poner soldados a patrullar barrios como si estuviéramos en una guerra.
La pregunta era otra:
¿Qué pasa después de ocupar el territorio?
Porque entrar es relativamente fácil.
Lo difícil es quedarse.
Lo difícil es que al día siguiente haya una escuela y un CAIF funcionando mejor, una policlínica abierta, tratamiento de adictos, clubes deportivos, plazas iluminadas, trabajo, educación, actividades culturales y una presencia permanente del Estado.
Sí, el malvado Estado que tanto desprecian los libertarianos y algunos liberales conservadores.
Si no ocurre eso, el narco se esconde unos meses y vuelve.
En ese sentido, siempre me llamó la atención una idea que defendían hace muchos años dos arachanes: el recordado amigo Carlos Romay Eccher, colorado y batllista, y Jorge Saravia, blanco-MPP-blanco de nuevo, quienes coincidían en la ocupación integral del territorio comanche —gracias, Pérez-Reverte, por la imagen— por parte de las Fuerzas Armadas.
Seguridad, sí.
Pero también educación, deporte, recreación, asistencia social y recuperación de los espacios públicos.
Porque un barrio no se recupera únicamente con patrulleros, que generalmente son apedreados por gurises chicos y madres planchas.
Un soldado intimida al comienzo.
Luego descubren que es como uno, pero con uniforme verde y un fierro pesado, al que más de uno le tiene ganas para robárselo, llevárselo a su casa y alardear con la patota.
Tampoco la solución pasa únicamente por asistentes sociales, pintadas de murales o talleres de candombe.
No seamos Frutillita: se recupera con todo junto.
FINALMENTE ENTRARON LOS BLINDADOS Volvamos al presente, porque pasadas unas semanas desde que envié ese mensaje al Turco, ocurrió algo que, en ese momento, todavía era una hipótesis.
En junio, el gobierno de Yamandú Orsi resolvió poner hasta doce blindados del Ministerio de Defensa a disposición de la Policía para operar en las zonas de mayor complejidad. En julio comenzó a utilizarse el primero, un Cóndor, y policías fueron capacitados por el Ejército para conducirlos.
Aclaremos algo importante: no entró el Ejército a patrullar los barrios. Entraron vehículos militares, pero conducidos y utilizados por policías y bajo mando policial.
No es exactamente militarización. Es utilizar capacidades materiales de las Fuerzas Armadas para reforzar el trabajo policial. Y me parece una distinción importante.
¿Funcionan?
Todavía es demasiado pronto para saberlo.
Los blindados comenzaron a operar hace poco más de un mes y no existe todavía una serie estadística que permita medir su incidencia. Lo que sí sabemos es que el problema sigue siendo serio. En el primer semestre hubo 195 homicidios, un 6,6% más que en igual período de 2025, y los heridos por armas de fuego aumentaron 7,4%.
Y los episodios recientes muestran la dimensión del problema. En Santa Catalina, por ejemplo, la Policía detuvo al presunto autor de cuatro homicidios y en los allanamientos incautó armas, municiones y droga. En agosto, además, el Departamento de Homicidios llevaba 28 casos aclarados y había incautado 22 armas de fuego.
Eso no significa que todos esos homicidios sean consecuencia del narcotráfico. Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas. Pero sí muestra un escenario de violencia armada y de criminalidad organizada que justifica una respuesta estatal firme.
Y esa respuesta no puede ser solamente el blindado.
El programa Más Barrio, iniciado en Cerro Norte, intenta precisamente combinar seguridad con recuperación de espacios públicos, vivienda y trabajo comunitario. Eso se parece bastante más a lo que yo planteaba originalmente: no alcanza con entrar; hay que recuperar el territorio y quedarse.
No creo que cada problema social se resuelva con mano dura y plomo. Tampoco creo que el narcotráfico vaya a desaparecer con talleres de convivencia, pintada de murales y asistentes sociales.
El Estado tiene que estar presente con Policía, inteligencia, Justicia, educación, salud, vivienda, deporte, cultura y oportunidades. Y, cuando sea necesario, también con los recursos que pueda aportar la Defensa.
Porque un blindado no recupera un barrio.
Un soldado tampoco.
Un policía solo, tampoco.
Pero un Estado que se retira deja el territorio libre para que otro lo ocupe.
Y ese otro puede ser el narco.
Yo deseo sinceramente que cada operativo destinado a combatir a los narcos, recuperar territorio y llevar tranquilidad y paz a esos barrios tenga éxito. Ojalá los blindados sean una herramienta eficaz y dentro de unos meses podamos decir que ayudaron a cambiar la situación.
Pero hay algo que conviene reconocer desde ahora: la guerra contra las drogas, entendida como la pretensión de derrotar definitivamente al narcotráfico mediante la represión, ya sabemos que es una guerra perdida.
Eso no significa bajar los brazos ni dejarles el territorio.
Significa entender que una cosa es combatir al narcotraficante, desarticular organizaciones, cerrar bocas, incautar armas y proteger a los vecinos; y otra muy distinta es creer que así se terminará con el negocio de las drogas.
Pero esa discusión da para otro artículo.
Por ahora, blindados adentro. Policías al mando. Estado eficiente.
Ojalá funcione.
