Ricardo Acosta
El caso de Gonzalo Gómez expuso mucho más que la contratación de un asesor condenado por lavado. Entre explicaciones fallidas, respaldos partidarios y estructuras financiadas con recursos públicos, la política volvió a mostrar sus dificultades para rendir cuentas.
Hay una vieja costumbre de la política uruguaya: cuando el escándalo salpica al adversario, sobran los discursos sobre transparencia, ética y responsabilidad. Cuando el problema aparece en casa, los argumentos cambian. De pronto, todo tiene matices, las responsabilidades se diluyen y la prudencia se convierte en una virtud que hasta ayer nadie parecía necesitar.
El caso de Gonzalo Gómez es una buena muestra de esa gimnasia.
El edil del Partido Nacional convocó a una conferencia de prensa para explicar cómo Pablo Leiva, uno de sus asesores, había terminado condenado a dos años y medio de prisión por lavado de activos vinculado al narcotráfico. La expectativa era conocer las circunstancias de la contratación, el vínculo con el condenado y los controles que existían sobre su actividad.
La conferencia fue una parodia de explicación política. Gómez se presentó para defenderse y terminó exponiendo las debilidades de su propia gestión. Reconoció que había contratado a Leiva por recomendación de su hijo Lucio, también integrante de su equipo, y que el hombre cobraba $52.364 nominales por mes. Lo más difícil de digerir llegó cuando admitió que nunca había cumplido la tarea para la cual fue incorporado.
No se trataba de un asesor que había cometido un delito a espaldas de su empleador mientras desarrollaba normalmente sus funciones. Según la propia explicación de Gómez, era una persona que cobraba del presupuesto de la Junta sin realizar el trabajo previsto.
Pablo Leiva había sido contratado para colaborar en la tarea de representación del edil, acercarse a los vecinos, recoger inquietudes y contribuir a la elaboración de iniciativas. Sin embargo, aquella función se fue diluyendo. Las gestiones terminaban llegando directamente al teléfono de Gómez y el asesor dejó de tener un cometido concreto.
Meses de salario y ninguna función efectiva reconocida por su propio jefe. No es un detalle administrativo ni un tecnicismo que pueda esconderse detrás de una explicación sobre la vida privada de un contratado. Es una decisión política, tomada por un representante público, con consecuencias sobre el uso de recursos que no le pertenecen.
Gómez quiso despegarse del narcotráfico. Y corresponde establecer una distinción: no hay pruebas conocidas de que el edil haya participado en actividades delictivas ni de que conociera las operaciones de Leiva. La responsabilidad penal es individual y no se puede repartir por cercanía, militancia o parentesco. Pero la responsabilidad política no desaparece invocando desconocimiento. Mucho menos cuando el propio protagonista admite que no controlaba el trabajo de una persona que había incorporado a su equipo.
La explicación terminó siendo más comprometedora que el silencio. No hacía falta conocer las operaciones de narcotráfico para saber si un asesor trabajaba. Bastaba con dirigir el despacho.
Y el despacho de Gómez no era precisamente una oficina pequeña.
Tenía ocho asesores y gestionaba la incorporación de otro. Entre ellos había profesionales, militantes y funcionarios provenientes de otras dependencias públicas. Irene Caballero, colaboradora histórica de Jorge Gandini, se ocupaba de asuntos presupuestales. Cristian Correa aportaba asesoramiento jurídico. Pablo Figarola trabajaba en comunicación y redes sociales. Claudia Dramis y María Cristina Piñeyro habían llegado desde la Intendencia de Montevideo mediante pases en comisión. Graciela Queiruga, contadora vinculada a Por la Patria, provenía de UTE.
Una estructura de esa dimensión puede tener una justificación funcional. El trabajo legislativo necesita apoyo técnico y administrativo. Pero la existencia de una normativa que permita contratar asesores no transforma automáticamente cualquier contratación en una decisión razonable. El dinero público exige algo más que confianza y buenas intenciones: exige tareas definidas, controles y resultados.
El caso de Gómez convirtió esa discusión en algo concreto. Hay un contrato, un salario, una función que no se cumplió y una explicación del propio responsable. Con esos elementos alcanza para cuestionar seriamente la gestión, sin necesidad de inventar delitos ni alimentar sospechas que no se hayan probado.
El trasfondo también alcanza a Jorge Gandini. Gómez integra Por la Patria, el sector liderado por el dirigente nacionalista. En paralelo, Pablo Leiva concurría a un local de cobranzas vinculado a la esposa de Gandini, donde, según explicó el dirigente, pagaba facturas de empresas constructoras. Gandini negó conocer cualquier actividad ilícita y manifestó su disposición a colaborar con la Justicia.
Son situaciones distintas y no corresponde mezclarlas para construir una acusación que no está demostrada. Pero los vínculos políticos, laborales y comerciales que aparecen en esta historia explican por qué el episodio dejó de ser un asunto doméstico de una oficina departamental. La política no puede pretender que sus relaciones internas sean invisibles cuando los recursos públicos y una investigación por lavado de activos aparecen en la misma historia.
En medio del escándalo aparecieron dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado que salieron a respaldar a Gómez o a pedir cautela. Andrés Ojeda, por ejemplo, planteó la necesidad de no sacar conclusiones apresuradas y esperar el desarrollo de las actuaciones judiciales. Álvaro Delgado defendió la actuación de su partido y Martín Lema cuestionó duramente las críticas provenientes del Frente Amplio.
La cautela judicial es indispensable. Nadie debe ser condenado por la opinión pública ni perder sus derechos por una asociación circunstancial. Pero esperar una sentencia no obliga a suspender el juicio político sobre hechos que el propio edil reconoció. Una cosa es no condenar a nadie sin pruebas; otra, muy distinta, es fingir que no hay nada que cuestionar.
La solidaridad entre dirigentes es legítima. Lo que no puede convertirse en una costumbre es utilizarla como escudo frente a las explicaciones que la ciudadanía tiene derecho a exigir. El respaldo partidario no vuelve razonable pagar durante meses un salario público sin una tarea efectiva. Tampoco transforma una mala decisión en una buena gestión.
Gómez pasó de sostener en su conferencia que no encontraba mérito para apartarse de la banca a pedir licencia al día siguiente. El Partido Nacional resolvió que su caso fuera estudiado por la Comisión de Ética. La Junta Departamental aprobó su licencia hasta el 22 de octubre y Martín Lema promovió una revisión de las contrataciones y los pases en comisión de los ediles blancos.
La reacción llegó. Ahora falta que sirva para algo más que contener los daños.
Porque este episodio no puede terminar con una comisión que se reúne, un edil que se toma licencia y un partido que espera que el ruido desaparezca. La revisión debe alcanzar los mecanismos de contratación, los criterios para asignar funciones y los controles sobre quienes reciben dinero público. De lo contrario, la transparencia será apenas otra palabra que los partidos desempolvan cuando la situación se vuelve insostenible.
Tampoco se trata de aprovechar el caso para declarar virtuoso a un partido y corrupto a otro. La historia política uruguaya está llena de ejemplos que aconsejan desconfiar de semejantes superioridades morales. El clientelismo, el uso discrecional de los cargos y la confusión entre intereses partidarios y responsabilidades institucionales no tienen una única bandera.
La independencia periodística exige sostener el mismo criterio frente a todos. No consiste en repartir críticas para que nadie se enoje ni en buscar un equilibrio artificial entre partidos. Consiste en no cambiar el argumento cuando cambia el protagonista. Por eso, los respaldos políticos no modifican los hechos ni convierten las decisiones cuestionadas en actuaciones aceptables.
La operación que terminó con la condena de Pablo Leiva es un asunto de enorme gravedad. El vínculo de uno de sus protagonistas con una oficina política agrega una dimensión institucional que no puede minimizarse. Pero el escándalo también dejó expuesto un problema que va más allá del narcotráfico: la facilidad con la que determinadas estructuras políticas funcionan alrededor de relaciones personales, recomendaciones y mecanismos de control que, en ocasiones, parecen no existir.
Y hay algo todavía más preocupante. Durante años, los ciudadanos han escuchado discursos sobre austeridad, eficiencia, profesionalización del Estado y eliminación de privilegios. Sin embargo, las estructuras políticas siguen multiplicando cargos y mecanismos de contratación cuya utilidad no siempre resulta fácil de comprobar. Mientras se exige sacrificio a quienes sostienen el sistema con sus impuestos, algunos despachos parecen manejarse con una generosidad que no se explica por la austeridad que predican sus partidos.
Gómez no es responsable penal de los delitos de Leiva por el simple hecho de haberlo contratado. Sí es responsable de sus decisiones como edil. Por haber contratado a una persona recomendada por su hijo, por asignarle un salario mensual de más de 52 mil pesos, por reconocer que no cumplía la función prevista y por haber comparecido ante la prensa sin ofrecer una explicación convincente sobre el control de su propio despacho.
La conferencia no lo exoneró. Lo dejó más expuesto.
La política suele hablar de confianza como si fuera una virtud suficiente para administrar lo público. No lo es. La confianza sin controles puede convertirse en una puerta abierta al privilegio y a la desidia. Los cargos no son favores entre compañeros, los salarios no son premios a la militancia y los despachos públicos no son extensiones de las relaciones personales de quienes ocupan una banca.
La Constitución protege a las personas frente al poder y garantiza que nadie sea condenado sin las debidas pruebas. También establece un marco de responsabilidades para quienes ejercen funciones públicas. Respetar las garantías no significa renunciar a la crítica ni convertir la rendición de cuentas en una cuestión secundaria.
El caso Leiva dejó demasiado a la vista. La condena de un asesor, la contratación de su hijo y la explicación de un edil que reconoció no haber controlado el trabajo de uno de ellos conforman una historia que no se resuelve con una licencia ni con una declaración de respaldo.
La confianza también se paga. Y cuando la factura llega a nombre de los contribuyentes, no alcanza con decir que fue un error.
