César García Acosta
Desde afuera del país Uruguay es, por ejemplo, reconocido como la mejor democracia de América Latina. Así lo sostiene la Unidad de Inteligencia de The Economist (Economist Intelligence Unit – EIU), quien a través de su prestigioso Democracy Index (Índice de Democracia), el medio británico cuando califica anualmente la salud democrática del mundo, ubica en sus mediciones a Uruguay liderando el ranking regional, posicionándose en el puesto 15 a nivel global y manteniendo el rango de ser la única «democracia plena» de América del Sur (categoría que a nivel latinoamericano solo comparte con Costa Rica).
El dato no es menor, porque lo paradójico lo revela la contradicción de esta conceptualización con el estado de la situación carcelaria, porque contra lo que muchos creen, las cárceles más que parte de una condena es un modo de vivir formándose y sosteniéndose en el delito.
La sociedad sana que jamás pisará una celda difícilmente imagine la forma en que se interactúa entre rejas, porque no conoce los roles que deben asumirse para subsistir, ni la degradación social que se somete una persona, el lenguaje o los hábitos que gobiernan a reclusos y carceleros.
Pero para llegara implementar un proyecto como el de “Bukele” en El Salvador, hay que tener claro que deben cederse valores y principios que despojarían a Uruguay de ese lugar preponderante de una democracia plena, para posicionarlo en base a parámetros e índices de seguridad, quizá posibles de alcanzar, pero a costa de todo lo que somos.
Tran sólo por eso hay que considerar ahora cuando todavía tenemos tiempo, dos elementos para una transformación necesaria- Uno es el retorno paulatino del sistema penal a las garantías procesales de jueces de garantía que terminen con esta locura negociadora adjudicada a los fiscales.
El otro escenario aún más complejo son las cárceles, y sobre eso, apenas como dato que evite el relato, pondremos números oficiales para que texto y contexto sean por un instante una idea uniforme:
Clasificación por edades de los encarcelados
La gran mayoría de las personas privadas de libertad son hombres jóvenes, manteniendo la siguiente distribución por rangos etarios:
Entre 18 y 28 años: Representan la franja mayoritaria, alcanzando aproximadamente el 23.7% del total de la población carcelaria.
Entre 29 y 38 años: Constituyen otro grupo preponderante con un porcentaje que ronda el 23.2%. Sumados ambos rangos, casi el 70% de la población penitenciaria reincidente y general es menor de 37 años.
Edad promedio general: La edad media de los reclusos se sitúa en torno a los 29 años al momento del ingreso o comisión de delitos graves. En el caso específico de las mujeres privadas de libertad, el promedio de edad es de 27 años, concentrándose el 66% de ellas entre los 18 y 35 años.
Porcentaje vinculado a delitos de narcotráfico
El tráfico de sustancias ilícitas es una de las principales causas de reclusión y muestra una brecha marcada según el género:
Población carcelaria femenina: Prácticamente el 47% de todas las mujeres presas se encuentra encarcelada por delitos de drogas o delitos directamente conexos.
Población carcelaria general (hombres y mujeres): Los delitos de estupefacientes se consolidan de forma consistente como la tercera o cuarta causa de reclusión general en todo el sistema. No obstante, por cada mujer recluida por esta infracción, existen 2.4 varones encarcelados bajo la misma causa en términos de cifras globales absolutas.
Porcentaje vinculado a Homicidios
Las investigaciones del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) detallan el impacto del homicidio intencional dentro del sistema:
Reclusos por homicidio: En la población penitenciaria general, el homicidio representa entre el 5.4% (en el subsector de mujeres) y cerca del 10% en el total de unidades masculinas de alta seguridad.
La relación entre el narcotráfico y asesinatos: Al analizar la motivación de los homicidios que derivan en condenas penales en el país, los reportes oficiales determinan que el 21.1% de los asesinatos ocurridos están asociados de manera directa a disputas por el tráfico de estupefacientes o ajustes de cuentas entre grupos delictivos.
Si como lector usted llegó hasta este renglón, coincidirá conmigo que el problema lejos de ser técnico, es político y que está más ligado a la educación que a las oportunidades. Ni la pobreza es sinónimo de delincuencia, ni la criminalidad se agotará con la promulgación de penas más severas. El camino más largo que es el de concientizar, convengámoslo, ya no admite la menor demora, porque cualquier otra cosa hipotecará la democracia o la libertad.
