Eduardo Irigoyen
Había una vez un país donde el miedo tenía dueño.
Y no era el Estado. Eran las maras.
Extorsionaban y masacraban a sangre fría. Al kiosquero, al comerciante, al chofer y hasta al vecino que solo quería volver a casa sin pagar el “impuesto de guerra”. Durante años, miles de salvadoreños vivieron atrapados entre la pistola del pandillero y un Estado incapaz de protegerlos.
No conviene olvidarlo.
El Salvador arrastraba las consecuencias de una guerra civil brutal, una enorme desigualdad y unas instituciones que no garantizaban seguridad. Las maras MS-13 y Barrio 18 se expandieron por Centroamérica, favorecidas también por las deportaciones desde Estados Unidos.
Los gobiernos anteriores fracasaron: hubo represión, treguas cuestionadas y decisiones que alimentaron la desconfianza. Quien nunca vivió bajo esa amenaza puede hablar fácilmente de garantías. Tiene razón en exigirlas. Pero debería comprender lo que significa vivir con miedo a que maten a un hijo o a que salir a trabajar sea una ruleta rusa.
Llegó Bukele y cambió el escenario
Entonces, parafraseando a Carlos Puebla, llegó Nayib Bukele y mandó a parar. Impuso mano dura y, tras la escalada de homicidios de marzo de 2022, instauró un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales y permitió detenciones masivas. Lo presentó como temporal; se fue prorrogando hasta volverse permanente.
Los resultados en homicidios fueron extraordinarios: las cifras oficiales sitúan la tasa de 2025 en 1,3 por cada 100.000 habitantes. Sería absurdo negarlo porque Bukele nos desagrade. Eso sí: las estadísticas oficiales han sido cuestionadas, conviene distinguir los datos gubernamentales de una evaluación independiente. Para una población que vivió bajo el terror de las pandillas, recuperar las calles no es un detalle estadístico. Es recuperar parte de la vida. Bukele entendió algo que otros no: la gente no quiere discursos sobre seguridad. Quiere seguridad.
Y ahí comenzó su popularidad internacional. Se convirtió en una especie de rockstar político, admirado por ciudadanos hartos de la delincuencia y por dirigentes que ven en su modelo una receta exportable. La discusión se simplificó hasta el absurdo: o estás con Bukele o estás con las maras.
El precio del milagro
Desde marzo de 2022, más de 90.000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción. El propio gobierno informó de la liberación de miles. Esa cifra obliga a preguntarse cuántas fueron encarceladas sin elementos suficientes. No hablamos solo de denuncias de adversarios políticos: organizaciones internacionales han documentado detenciones arbitrarias, incomunicación, obstáculos para acceder a abogados, torturas y muertes bajo custodia estatal. Cada caso exige investigación, porque estar preso no significa perder el derecho a la vida.
En marzo de 2026, el Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentó un informe sobre si las violaciones documentadas podían constituir crímenes de lesa humanidad. No es una acusación que deba despacharse como campaña contra el presidente. Es un señalamiento grave que merece responderse con pruebas.
También preocupa lo institucional: en 2021, la Asamblea destituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. La emergencia dejó de ser excepcional para volverse normalidad. Cuando el gobierno concentra tanto poder, persigue periodistas y convierte las críticas en sospechas de complicidad con delincuentes, ya no hablamos solo de seguridad. Hablamos de una transformación del sistema político.
No todos los detenidos son pandilleros
El Estado no puede reemplazar la investigación por la sospecha. Vivir en un barrio pobre, tener tatuajes, ser joven o haber sido denunciado anónimamente no demuestra pertenencia a una organización criminal. Human Rights Watch recogió testimonios de policías que describieron detenciones arbitrarias y presiones para impedir liberaciones. Eso no significa que todos fueran inocentes. Significa que el sistema produjo errores graves.
Pensemos en las familias: hijos sin padre, madres que no saben dónde está su hijo, quienes no consiguen defensa efectiva. Si después se demuestra que el detenido no tenía relación con las maras, ¿quién le devuelve los años perdidos? La presunción de inocencia no es un invento de abogados con tiempo libre. Es una conquista de la civilización jurídica. Detener pandilleros no exige renunciar a las garantías. Exige investigar mejor, tener policías profesionales, fiscales capaces, jueces independientes y cárceles controladas. Si un Estado necesita suspender garantías indefinidamente para mantener la seguridad, hay algo de fondo que no resuelve.
Ni con las maras ni con el patrón
No hay contradicción entre condenar a las maras y denunciar los abusos de Bukele. La contradicción aparece cuando se pretende que, para defender los derechos humanos, uno deba minimizar el sufrimiento de las víctimas de las pandillas; o cuando, para defender la seguridad, se exija cerrar los ojos ante cualquier atropello del Estado.
Las maras imponían su voluntad mediante el terror. Un gobierno autoritario puede hacer algo parecido cuando concentra el poder y convierte a cualquier ciudadano en sospechoso sin garantías. No son fenómenos idénticos: el Estado tiene obligaciones legales que aquellas no tienen. Precisamente por eso debemos exigirle más, no menos. Una república no se mide solo por su capacidad de castigar delincuentes. También por su capacidad de impedir que los inocentes sean castigados.
La seguridad no puede ser una excusa para todo
Las medidas de Bukele son necesarias porque la situación anterior era excepcionalmente grave, sostienen algunos. El argumento merece considerarse. Pero una emergencia no puede convertirse en autorización permanente para gobernar sin límites. Si las medidas excepcionales se mantienen durante años y la ciudadanía tiene cada vez menos herramientas para controlar al poder, la pregunta ya no es solo cuánto bajaron los homicidios. Es qué clase de Estado queda en pie.
La seguridad sin libertad puede terminar siendo una cárcel con mejor publicidad. La libertad sin seguridad es una promesa vacía para quien vive aterrorizado. El desafío es construir un Estado capaz de garantizar ambas. Eso exige políticas firmes, investigaciones eficaces, condenas basadas en pruebas, prevención, oportunidades para los jóvenes y un sistema judicial que no dependa del presidente. No es una receta mágica. Es bastante menos espectacular que un presidente exhibiendo su poder ante las cámaras. Pero es la única manera de que la seguridad no dependa de la voluntad de un hombre.
Elegir entre dos miedos no es una solución
Bukele consiguió resultados extraordinarios en la reducción de homicidios. Debe reconocerse. También que una parte importante de la población lo respalda porque conoce el terror que padecía antes. Pero reconocer esos resultados no obliga a aceptar detenciones arbitrarias, denuncias de tortura, falta de garantías ni concentración del poder. Una cosa no borra la otra. Tampoco sirve despachar a quienes lo apoyan como autoritarios por naturaleza. Muchos estuvieron abandonados durante años y hoy sienten que pueden vivir con tranquilidad. Escuchar esa experiencia no significa convertir el sufrimiento pasado en un cheque en blanco.
El verdadero desafío es demostrar que se puede combatir eficazmente el crimen sin destruir las garantías que protegen a todos. Porque hoy el poder puede estar en manos de alguien con enorme respaldo popular. Mañana puede estar en otras. Las instituciones existen para que nuestros derechos no dependan de quién ocupa el sillón presidencial.
Al final, la pregunta no es si preferimos el terror de las maras o el autoritarismo de Bukele. La pregunta es por qué deberíamos resignarnos a elegir entre ambos.
Un Estado que no protege fracasa. Pero un Estado que, en nombre de proteger, se atribuye el derecho de atropellar, también fracasa.
La seguridad es un derecho.
La libertad también.
Ninguna sociedad debería entregar una para conseguir la otra.
