Marcelo Gioscia
El incremento de los homicidios en Montevideo tomando en cuenta los datos que se hicieron públicos con respecto al período enero a setiembre de este año con igual período del año anterior, deja al descubierto no sólo el fracaso en la política del Ministerio del Interior de este gobierno (en la aplicación de sus anunciados planes en la materia) sino también la existencia de bandas que, vinculadas al narcotráfico, defienden sus territorios y zonas de influencia y realizan entre sí sus “ajustes de cuentas” aplicando su violencia letal, ya que el porcentaje de muertes vinculados a rapiñas es muy menor.
Por otra parte, de la comparecencia del titular de esa cartera, ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, quedó de manifiesto que sólo se incrementaron en cincuenta los efectivos policiales desde el inicio de esta Administración de los dos mil que se habían prometido contratar en la campaña electoral para hacer frente a este tema de gran preocupación para la ciudadanía.
Luego de su comparecencia, el secretario de Estado aseguró que se contratarán finalmente mil efectivos para incrementar las acciones en pos de la seguridad.
Por su parte, el titular del Poder Ejecutivo -quien persiste en mantener en su cargo al ministro del Interior, pese al descontento de la oposición y de la misma población- reconoció, no obstante, ese incremento en los homicidios registrados en Montevideo y admitió además en Salto, algo que no debiera pasar desapercibido ni resulta menor: carencias en lo que hace relación a la protección frente a la comisión de ciber delitos.
Ni las dependencias del Estado, ni menos los particulares, podemos sentirnos seguros frente a esta nueva modalidad delictiva.
Recordemos que nuestro país posee una normativa jurídica “moderna” en esta materia, a través de la Ley 20.327 de Prevención y Represión de la Ciber delincuencia y que esta tarea, también está a cargo del Ministerio del Interior y de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). Esta norma legal tipifica y penaliza conductas delictivas digitales.
Pero, no alcanza sólo con poseer este marco legal, sino que debieran instrumentarse desde el gobierno, campañas de información y advertencia para saber enfrentar a estos delincuentes, que usan estas tecnologías para concretar sus fines. No obstante, ello, este tipo de delitos se ha visto incrementado y aún no están dadas las seguridades para frenar “hackeos” o ciber ataques, a páginas o bases de datos de organismos oficiales, lo que constituye otra cara de la inseguridad que padecemos y es un terreno en el que aún hay mucho por hacer para estar a la altura de los tiempos que vivimos.
Esto supondrá una mayor inversión en tecnologías y exigirá mejorar las capacidades defensivas, para hacer frente a posibles ataques informáticos. Las entidades estatales habrán de instrumentar en el menor tiempo posible, esas medidas de seguridad informática que hoy presenta muchas debilidades.
Debemos estar atentos, ya que la inseguridad que padecemos en forma cotidiana ha afectado y en gran forma nuestra calidad de vida y ello resulta por cierto, inaceptable.
