Sanción por fallas médicas fue confirmada

noviembre 16, 2026

Marcelo Gioscia

La Comisión Honoraria de Salud Pública, (cuya dependencia y funcionamiento está regulado por la Ley 9.202, promulgada en enero de 1934, en sus artículos 24 al 31) ante la gravedad de las fallas médicas cometidas en el desempeño profesional de una anestesista (que costara la vida a otra colega) con independencia técnica y que tiene funciones de Tribunal Disciplinario, a pesar de estar presidida por la titular de esa cartera designada por el Poder Ejecutivo, dispuso en Diciembre de 2024 se le aplicara una sanción de cinco años de inhabilitación.

Trece miembros de esta Comisión, integrada por profesionales y médicos de reconocida trayectoria, y cuyos dictámenes no son vinculantes, (esto es, no obligan a la ministra ni al Poder Ejecutivo, están sujetos a revisión administrativa por ambos) presentaron su renuncia al no compartir la decisión de la Sra. ministra que fue la de disminuir a tres años la mencionada inhabilitación de ejercicio.

Este acto administrativo debió ser recurrido por la familia de la fallecida interponiendo en tiempo y forma, los recursos “de revocación y jerárquico en subsidio” dándole la posibilidad a que se revocara (esto es dejara sin efecto) la reducción y en caso de no hacerlo, se elevara a decisión definitiva del jerarca, esto es del Sr. presidente de la República.

La Sra. ministra de Salud Pública, mantuvo su decisión e insistió en la disminución de la sanción (no consideró ni siquiera la renuncia mencionada, ni tampoco la condena que por homicidio culposo, le fue impuesta tras el acuerdo abreviado de su defensa con la Fiscalía de Flagrancia)

En dicho acuerdo la anestesista admitió su culpabilidad. ¿Cuál fue la motivación real de la ministra para disminuir la sanción? ¿Y por qué razón no la revocó inmediatamente?

Es increíble que haya firmado, ahora con el residente de la República, la confirmación de la inhabilitación por cinco años, y que, en su motivación del acto confirmatorio, Presidencia acepte los argumentos de la Comisión Honoraria renunciante, para imponerle la sanción máxima que se resolviera aplicar en 2024.

Lo actuado por la Sra. ministra excede los límites de la discrecionalidad administrativa, resultó lisa y llanamente un acto arbitrario, que fue dictado contrario a derecho y con una clara desviación de poder.

¿Se hará responsable de su decisión? ¿o cree que con esta firma de lo decidido “conjuntamente” con su jerarca, queda todo resuelto? Nuevamente y frente a los reclamos por su remoción, con la renuncia del jefe de Jurídica del MSP, se pretende fortalecer el blindaje político de la cuestionada ministra… Alguien tendrá que responsabilizarse, porque la familia de la fallecida está dispuesta a seguir reclamando sus derechos hasta las “últimas consecuencias” y no debiera ser el Erario el que finalmente responda por lo actuado.

De la interpelación que tendrá lugar al ser convocada por el Parlamento, tal vez sea posible surjan algunas verdades, que debieran dejar el descubierto lo escondido, en lo que el politólogo canadiense David Easton denominaba las “cajas negras de las decisiones políticas”, por el bien de la ciudadanía toda y por el fortalecimiento institucional de nuestra República.

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