La libertad en la hoguera

noviembre 1, 2026

Guzmán A. Ifrán

Me resulta imposible conciliar la defensa de la libertad con la imagen de una hoguera reservada a quienes incomodan al poder. Lo ocurrido con Javier Milei merece una condena inequívoca. No porque un presidente deba aceptar en silencio cualquier acusación, sino porque su responsabilidad democrática exige responder con argumentos, pruebas y templanza. Cuando quien gobierna transforma el disenso en una afrenta personal y a sus críticos en enemigos que merecen escarmiento, deteriora las condiciones que permiten a una sociedad discutir libremente su propio destino.

El viernes 23 de octubre, durante la Gala Anual 2026 de la Fundación Faro, en Buenos Aires, Milei agravió a periodistas que habían investigado el caso $LIBRA. La transcripción publicada por la propia Casa Rosada permite verificar la secuencia. Nombró a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes acusó de corrupción y de fabricar operaciones. Más adelante, después de una referencia a combatir el mal, afirmó que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”. Es importante ser exactos. La frase no contiene la palabra periodistas, pero fue pronunciada en el mismo tramo de un discurso que acababa de señalarlos y descalificarlos.

Según informó el diario La Nación, el 27 de octubre el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que se trataba de una metáfora y pidió que esas palabras no fueran interpretadas literalmente. Esa explicación no resuelve el problema. No hace falta suponer que exista un proyecto material de encender hogueras para advertir la gravedad de que un presidente recurra a esa imagen. Las metáforas también transmiten una concepción del adversario y del ejercicio del poder. Elegir el fuego como destino simbólico de quienes cuestionan al gobernante contribuye a presentar la discrepancia como algo que debe castigarse.

La hoguera tiene, además, una memoria histórica imposible de ignorar. Remite a la persecución de la herejía y a la Santa Inquisición, a tribunales de la Iglesia Católica que condenaban doctrinas y entregaban a los condenados al poder secular para su ejecución. Giordano Bruno fue quemado vivo en Roma el 17 de febrero de 1600, después de un proceso de la Inquisición romana. Como explica la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, su condena involucró posiciones filosóficas y teológicas, y no puede reducirse a la imagen simplificada de un científico castigado por un descubrimiento. Esa precisión no atenúa la barbarie de haberlo matado por sostener ideas consideradas heréticas.

También pienso en Jan Hus, reformador religioso condenado por herejía en el Concilio de Constanza y quemado en 1415. Su proceso fue distinto del de Bruno, pero ambos nombres recuerdan hasta dónde puede llegar una autoridad que convierte su doctrina en una verdad obligatoria y la discrepancia en un delito. No necesito atribuirles a aquellos hombres las categorías políticas de nuestro tiempo ni suponer que cada polémica fue apacible para defender una convicción elemental. Ni el desacuerdo más profundo con una creencia ni la crítica más incisiva a una institución justifican la persecución, mucho menos la muerte.

La investigación científica, la creación artística y el libre examen de las ideas necesitan que ninguna autoridad pueda clausurar una pregunta invocando una verdad inapelable. Una comunidad religiosa tiene pleno derecho a profesar sus dogmas, transmitirlos y defenderlos. Ese derecho no la autoriza a imponérselos a quienes no los comparten. La lógica sectaria aparece cuando la convicción propia pretende convertirse en obediencia ajena. Las ideas pueden discutirse con fundamentos, incluso cuando para otros son sagradas. Y la libertad de pensamiento protege también a quien cuestiona respetuosamente aquello que una mayoría considera indiscutible.

La responsabilidad histórica de aquellas autoridades eclesiásticas no se borra con el paso del tiempo. Persiguieron ideas y condenaron a quienes se apartaban de sus dogmas. Recuperar la hoguera como recurso retórico evoca precisamente ese castigo de la conciencia disidente. Invocarla para agraviar a críticos resulta especialmente grave en boca de quien dice librar una batalla por la libertad.

Tampoco estamos ante un episodio sin antecedentes. En enero de este año, el Comité para la Protección de los Periodistas publicó un informe sobre el deterioro del vínculo entre el gobierno argentino y la prensa. Allí recogió un estudio de FOPEA sobre la reiteración de expresiones deshumanizantes y recordó la consigna presidencial “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. Lo preocupante es la persistencia de una conducta que convierte el agravio en una forma de relación con el periodismo. Una democracia no debería acostumbrarse a que el odio sea presentado como una virtud política.

Creo que la templanza constituye una obligación de quien ejerce autoridad. Procesar internamente el desacuerdo, tolerar una pregunta incómoda y distinguir entre una crítica y una conspiración son capacidades indispensables para gobernar. Quien dispone de la palabra presidencial posee una influencia incomparablemente mayor que la de un ciudadano que se indigna frente a una pantalla. Por tanto, también carga con una responsabilidad mayor. El enojo puede explicar una reacción, pero no alcanza para justificarla ni libera a nadie de hacerse cargo de sus consecuencias.

Se llama a los medios el cuarto poder por su capacidad de interpelar a las instituciones y someter sus decisiones al escrutinio público. Esa expresión cobra sentido cuando recordamos que el periodismo no se limita a difundir una agenda previamente elaborada. También la construye al investigar aquello que alguien preferiría mantener oculto. Una contratación irregular, un conflicto de intereses o una gestión negligente de recursos públicos pueden permanecer invisibles hasta que un periodista pregunta, contrasta documentos y publica. Sin esa tarea, los ciudadanos tendrían menos elementos para saber qué se hace con el dinero que aportan.

La utilidad de ese trabajo alcanza incluso a los gobiernos investigados. Una denuncia fundada puede permitirles apartar a un jerarca deshonesto, corregir una contratación o detener un despilfarro. Aunque inicialmente lo vivan como una cruzada en su contra, el periodismo puede ayudarlos a depurar su propia administración. Eso exige comprender que el interés público está por encima de la comodidad del gobernante. Silenciar al que descubre una irregularidad protege a quien la cometió y perjudica al contribuyente que termina pagando sus costos.

Defender esta función no supone declarar infalible a la prensa. Los periodistas se equivocan, tienen perspectivas e intereses y deben responder por su trabajo. Precisamente por eso corresponde exigir rigor, rectificaciones y transparencia. Un presidente puede refutar una investigación y reclamar las responsabilidades que correspondan por las vías institucionales. Pero una decisión judicial favorable no convierte automáticamente cada pregunta previa en una operación desestabilizadora. La responsabilidad política y la calidad de una gestión tampoco se agotan en determinar si existió un delito.

Quizá para muchos uruguayos esa imagen resulte particularmente chocante por el arraigo de nuestra tradición laica. No porque las creencias religiosas sean ajenas a nuestra sociedad, sino porque hace más de un siglo resolvimos que ninguna debía tener carácter oficial. La separación de la Iglesia y el Estado quedó consagrada en la reforma constitucional plebiscitada en 1917, que entró en vigor en 1919, culminando un proceso de secularización desarrollado durante décadas. El artículo 5 de nuestra Constitución establece que todos los cultos son libres y que el Estado no sostiene religión alguna. Me enorgullece esa conquista, que protege por igual al creyente y a quien elige no creer.

Existe allí una diferencia con Argentina, cuyo artículo 2 constitucional dispone que el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Sería inexacto deducir de ello que el Estado argentino pertenece a la Iglesia o que sus ciudadanos están sujetos a sus dogmas. La misma Constitución garantiza la libertad de culto y la publicación de ideas sin censura previa. Mucho menos corresponde establecer una relación causal entre aquella disposición y los agravios de Milei. El contraste permite, sí, valorar nuestra temprana separación institucional y recordar que ninguna tradición religiosa ni identidad política puede estar por encima de la libertad de conciencia.

Desde Uruguay tenemos motivos históricos para mirar esta discusión con particular sensibilidad. En tiempos de Juan Manuel de Rosas, Montevideo acogió a escritores y publicistas argentinos que encontraron aquí un espacio para desarrollar su oposición. El Iniciador, fundado en 1838 por Andrés Lamas y Miguel Cané, reunió colaboraciones de intelectuales exiliados. La Biblioteca del Congreso argentino documenta que Juan Bautista Alberdi publicó allí, el 1.º de enero de 1839, el texto de principios que luego integraría el Dogma socialista de Esteban Echeverría. Esa actividad se desarrolló en la época de Rivera, cuya segunda presidencia transcurrió entre 1839 y 1843.

El antecedente continuó con Florencio Varela, exiliado en Montevideo y fundador de El Comercio del Plata en 1845, desde cuyas páginas combatió al rosismo. No corresponde idealizar aquellos años de guerras civiles ni atribuirles las garantías de una democracia contemporánea. Tampoco equiparar regímenes y métodos separados por casi dos siglos. Sí corresponde reconocer que esta orilla ofreció a voces argentinas un lugar desde donde escribir y discutir el poder que enfrentaban. Ese legado merece nuestro orgullo y, sobre todo, nuestro compromiso de preservarlo frente a cualquier gobierno, incluido el propio.

Por eso me preocupa profundamente que, en la Argentina de hoy, un presidente que invoca la libertad convierta a periodistas críticos en destinatarios de su hostilidad. La libertad de expresión del pensamiento se prueba cuando otro dice aquello que preferiríamos no escuchar. Defenderla exige aceptar que las ideas propias serán cuestionadas y que ninguna investidura concede el derecho a intimidar a quien pregunta. Quiero un Uruguay fiel a esa convicción y una Argentina donde el periodismo pueda incomodar sin ser señalado para el escarmiento. La palabra presidencial debería contribuir a hacer posible esa convivencia. Cada vez que elige una hoguera, por metafórica que sea, la vuelve más difícil.

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