Guzmán Ifrán
El pasado 6 de octubre, Uruguay recibió dos señales que merecen ser leídas juntas. El Banco Mundial redujo su proyección de crecimiento para 2026 del 1,6% al 1,2%, mientras el ministro de Economía, Gabriel Oddone, advirtió que nuestro país necesita crecer por encima del 2,5% para sostener su modelo de convivencia. Las proyecciones pueden cambiar y ese umbral expresa el diagnóstico del ministro, pero la distancia entre ambos números plantea un desafío concreto. Si el crecimiento previsto resulta insuficiente para sostener nuestras aspiraciones sociales, corresponde preguntar qué decisiones adoptará el gobierno para modificar ese escenario. Y, especialmente, qué hará quien conduce su política económica.
Oddone construyó en la actividad privada una reputación atendible como economista y analista. Desde aquella posición podía observar la realidad, señalar sus debilidades y recomendar tratamientos, sin tener a su cargo la ejecución de las políticas públicas. Su responsabilidad actual es sustancialmente mayor. Hoy dispone de autoridad, instrumentos y capacidad de iniciativa para incidir sobre buena parte de las condiciones que describe. Por tanto, sus intervenciones deben juzgarse también como las de un ministro obligado a conducir respuestas. El prestigio ganado por la calidad de sus diagnósticos constituye un antecedente valioso; el desempeño en el gobierno exige demostrar capacidad para convertirlos en acciones.
Cuando el ministro afirma que la inversión privada debe mover la economía, corresponde preguntarle qué está haciendo para que esa inversión ocurra. ¿Qué obstáculos concretos se propone remover? ¿Qué costos puede reducir, qué trámites simplificar y qué reformas impulsar? ¿Con qué plazos y mediante qué indicadores evaluará los avances? La inversión depende de múltiples factores y un ministro no controla todas sus variables, pero tiene una responsabilidad central en la construcción del entorno que la favorece. Exhortar a los empresarios a asumir riesgos debe acompañarse de decisiones que reduzcan las incertidumbres evitables. Cada anuncio necesita medidas, responsables y seguimiento. De lo contrario, el diagnóstico corre el riesgo de convertirse en una explicación anticipada de resultados que el propio gobierno tiene el deber de procurar mejorar.
Desde una perspectiva batllista, esta discusión afecta directamente la posibilidad de sostener una sociedad más justa. El empleo, los salarios y los recursos para educación, seguridad, salud e infancia necesitan una base productiva dinámica. En consecuencia, el crecimiento debe traducirse en una agenda de gobierno capaz de conciliar inversión, competencia, capacitación y protección social. Oddone tiene la obligación de promover esa agenda dentro del Poder Ejecutivo, defender sus prioridades y explicar públicamente las dificultades para llevarla adelante. Si existen resistencias políticas a las transformaciones que considera necesarias, le corresponde enfrentarlas mediante argumentos y negociación. La ciudadanía merece conocer tanto los objetivos como las decisiones efectivamente adoptadas para alcanzarlos.
La advertencia del ministro es relevante, precisamente porque proviene de quien tiene una responsabilidad vigente en la respuesta. Sin embargo, esa posición le impide mantener la distancia del observador que describe lo que otros deberían hacer. Ahora debe liderar, junto con el presidente y el resto del gobierno, las acciones necesarias para acercar al país al crecimiento que reclama. Nadie puede exigirle que garantice por sí solo una cifra del producto, pero sí una orientación clara, prioridades consistentes y rendición de cuentas sobre su ejecución. Uruguay necesita que la lucidez del diagnóstico se convierta en capacidad de gobierno. Oddone ya explicó por qué debemos crecer más. Ahora le corresponde demostrar cómo piensa contribuir a lograrlo desde el lugar de autoridad que ocupa.
