Jorge Nelson Chagas
El terrismo dejó una marca indeleble en el Uruguay: un Estado altamente intervencionista que había ampliado sus funciones hasta límites impensados. Había nuevos ministerios (Ganadería y Agricultura, Obras Públicas, Instrucción Pública y Previsión Social, Industria y Trabajo, y Salud Pública), más organismos de contralor económico, los trámites burocráticos estaban presentes en los terrenos comerciales, industriales, financiero y agrícolas. Los empleados de la administración central eran casi el 2% de la población en 1930, un número ya significativo, pero en el período 1933-1938 se produjo un considerable aumento producto del ensanchamiento del Estado. Por tanto, era mayor el número de la población activa que dependía de las arcas estatales.
Cuando asumió la presidencia el general Alfredo Baldomir, en 1938, la crisis que había azotado al país entre 1929-1936 era sólo un mal recuerdo. Pero existían otros desafíos por delante. Un ambiente de malestar económico y financiero, y de encarecimiento desmedido del costo de vida precedió en nuestro país el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La creciente carestía de artículos de primera necesidad determinó que el elenco político que acompañaba la gestión del presidente Alfredo Baldomir sostuviera la necesidad de llevar adelante una política de alimentación y subsistencias adecuadas para la población. En este contexto se hicieron públicos sendos decretos del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Industria y Trabajo.
El decreto del Ministerio de Hacienda intentaba trasmitir tranquilidad a la opinión pública, en medio de una ola de inquietudes y temores acerca del encarecimiento, ocultamiento y escasez de productos básicos.
Nuevamente se recurrió a ampliar las atribuciones del Estado para paliar la situación.El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley de reorganización de la Comisión de Subsistencias y sus atribuciones, ampliando y racionalizando sus cometidos, permitiendo un adecuado contralor y regulación por parte del Estado en un ámbito tan delicado para la vida del país, para lo cual éste consideraba que no contaba con poderes suficientes. La ley de Subsistencias fue remitida a la Asamblea General el 11 de mayo de 1939. (Una pregunta: en tales circunstancias, ¿era posible instrumentar otro tipo de soluciones sin participación del Estado?)
El Estado, además de estos mecanismos, contaba con una legislación específica que lo habilitaba a cierto contralor sobre las “subsistencias”, pero debió ser perfeccionada en el contexto de la conflagración mundial. El comportamiento del mercado de artículos de primera necesidad, era un claro indicio de que la Comisión de Subsistencia y los distintos organismos estatales que se ocupaban de la fijación y el contralor de precios no habían logrado una actuación eficiente. O en todo caso, que este era un mecanismo, pero tal vez, no uno de los más eficientes en la regulación de la producción, sus costos y el precio final al consumidor. La profundización de las normas interventoras del Estado en la materia de las subsistencias correspondió en parte a las necesidades del momento.
Contrariamente a lo que popularmente se supone el estallido de la II Guerra Mundial no implicó ventajas para el Uruguay. La escasez de combustible y la imposibilidad de comercializar con una Europa en llamas. Como es bien sabido la nueva coyuntura internacional provocó una realineación interna de las fuerzas políticas. El golpe de Estado en febrero de 1942 es consecuencia de ello.
Pero en ese momento, cuando los aliados comenzaban a derrotar al Eje, lo astros se alinearon a favor de la economía del Uruguay.
