Ricardo Acosta
Uruguay tiene un problema de seguridad que no se resuelve con declaraciones, conferencias de prensa ni promesas que vuelven a escucharse cada vez que un crimen sacude a la sociedad. Mientras las familias cambian sus hábitos por miedo, los comerciantes bajan las persianas y el narcotráfico gana terreno, la política sigue discutiendo cómo explicar lo que sucede. Gobernar, sin embargo, exige algo más que explicar.
La visita de Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, puso nuevamente sobre la mesa el modelo de Nayib Bukele, ese presidente que convirtió la lucha contra las pandillas en el eje de su gobierno y que, para bien o para mal, modificó radicalmente la realidad de seguridad de su país. Y ahí aparece una discusión que Uruguay debería poder dar sin complejos: ¿qué podemos aprender de esa experiencia?
Parece una pregunta sencilla, pero en nuestro país hasta el debate sobre seguridad corre el riesgo de quedar atrapado en las trincheras ideológicas. Bukele genera adhesiones fervorosas y rechazos inmediatos. Para algunos es la demostración de que se puede recuperar el control frente al crimen organizado; para otros, su nombre parece suficiente para cerrar cualquier conversación. En ambos casos, la discusión corre el riesgo de convertirse en una disputa de etiquetas mientras el problema sigue ahí, esperando soluciones.
El Salvador redujo drásticamente los homicidios y debilitó a las pandillas. Ignorar ese resultado porque no simpatizamos con quien lo consiguió sería tan poco serio como presentar a Bukele como un salvador infalible. Su régimen de excepción también ha generado denuncias de detenciones arbitrarias y vulneraciones de derechos. No hay que esconder esos costos, pero tampoco utilizarlos como excusa para no estudiar lo que ocurrió, cómo ocurrió y qué herramientas podrían adaptarse a Uruguay.
Nadie propone trasladar El Salvador a Montevideo ni convertir nuestras instituciones en una copia de las salvadoreñas. Se trata de algo bastante más razonable: analizar cómo se recuperaron territorios controlados por organizaciones criminales, cómo se restringió la capacidad de las pandillas para seguir operando y qué cambios se realizaron en el sistema penitenciario. Después habrá que determinar qué sirve, qué no y bajo qué garantías. Eso es estudiar una experiencia, no rendirle pleitesía.
Porque Uruguay también tiene sus propias preguntas sin resolver. ¿Cómo se explica que un delincuente pueda seguir impartiendo órdenes desde una cárcel? ¿Qué sentido tiene encerrar a una persona si el sistema no logra impedir que las organizaciones criminales mantengan su actividad? ¿Cómo se recuperan los barrios donde el miedo termina condicionando la vida de los vecinos? No alcanza con reclamar más policías o penas más duras si no existe una estrategia capaz de sostener los resultados.
Las cárceles merecen una discusión aparte. No pueden funcionar como depósitos humanos donde conviven personas con trayectorias y niveles de peligrosidad muy diferentes, mientras los delincuentes más poderosos conservan su capacidad de mando. La clasificación de los reclusos, el control efectivo de las comunicaciones, la inteligencia penitenciaria y la persecución del dinero del narcotráfico deben formar parte de cualquier política seria. La rehabilitación también importa, pero no puede convertirse en una palabra decorativa que convive con cárceles incapaces de cumplir su función básica.
La firmeza y las garantías no son necesariamente incompatibles. El Estado debe proteger a la ciudadanía, enfrentar al crimen organizado y actuar con autoridad. También debe evitar los abusos y garantizar que una persona no sea privada de sus derechos arbitrariamente. El desafío consiste en hacer las dos cosas, no en utilizar una como argumento para abandonar la otra.
Lo llamativo de la visita de Ulloa es que, según sus propias declaraciones, la reunión con Yamandú Orsi no incluyó una consulta sobre el modelo de seguridad salvadoreño. En un país donde la inseguridad ocupa un lugar central en las preocupaciones de la población, cuesta entender que una visita de estas características no se aproveche también para profundizar en una de las experiencias internacionales más discutidas en la materia. Si no es para conocer, preguntar y analizar, ¿para qué sirve el intercambio?
No se trata de exigir que el Gobierno adopte las políticas de Bukele. Se trata de exigir que esté dispuesto a estudiarlas. La diferencia es enorme. Rechazar una herramienta después de analizarla puede ser una decisión legítima; descartarla por el origen político de quien la utiliza es otra cosa. Y cuando hablamos de seguridad, esa diferencia no es un debate académico: afecta la vida cotidiana de miles de personas.
El problema de Uruguay no es que le falte una figura con sombrero, placa y mano dura. Es que todavía necesita una política de seguridad consistente, capaz de recuperar territorios, debilitar al narcotráfico, controlar las cárceles y devolver tranquilidad a quienes sienten que el Estado llega tarde. El sheriff puede ser una figura atractiva para una consigna, pero ningún país se salva con personajes ni con imitaciones.
La ciudadanía no necesita que sus gobernantes amen u odien a Bukele. Necesita que estudien, decidan y se hagan responsables de los resultados. Porque mientras unos discuten si el modelo les gusta y otros lo convierten en una solución mágica, el delito no espera a que termine la discusión ideológica.
Y la seguridad de los uruguayos no debería pagar el precio de esos prejuicios.
