César García Acosta
No adecuarse a los tiempos que corren es, quizá, un error imperdonable.
Creemos estar actualizados porque nos sentimos mentalmente capaces de correr, saltar y hacer las mismas cosas que cincuenta años atrás, cuando apenas con dieciséis de edad, confiábamos en el futuro como un horizonte lejano, casi inalcanzable, aunque inevitable.
El único freno al tiempo que inexorablemente pasa es la supremacía de la realidad.
Podemos plantarnos ante la vida creyendo predecir el futuro, y por más extremistas que seamos, sin advertirlo, los años se suman y sobrevienen las limitaciones con las que hay que aprender a cohabitar, porque, aunque limitativas, como caminar más lento, hablar pausado o lo que sea que hagamos, sabemos que igual podremos hacerlo.
Después de todo -dicen los que saben- mientras en la escuela aprendemos a leer durante casi diez años, el aprendizaje profesional no es más que leer, pero para instruirnos y formarnos debidamente en el oficio que hayamos elegido para nuestro desarrollo personal.
Por eso, lo que más conviene es mirar al Uruguay en perspectiva. La nueva democracia, aquella que empezó en 1985 y que hoy tiene 41 años, si la vemos con un enfoque más de principios que de finales del siglo XX, percibiríamos que cuando José Batlle y Ordóñez la vivía, lo hacía con los pies sobre la “tierra purpúrea” con sus reglas, pero con otro fin: don Pepe apuntaba al “país modelo” que nacía como parte de una utopía política que se sería quien gestaría las reformas que terminarían con aquel país labrado a lanza y fuego.
Don Pepe era un reformador. Punto y aparte.
Entrar en los conceptos de -más o menos Estado. Parece un romanticismo propio de los cuentos de hadas, y la vida -al igual que nosotros- tiene fecha de principio y fin. Por eso dejar las cosas para mañana resultaría anacrónico.
Los presos: un dato. En Uruguay el Estado es un factor esencial y necesario, ineludible y objeto central para poder conjugar el verbo “cohabitar”. Para que esto ocurra -en paz- debemos entender qué fue lo pasó para que en un país con una demografía literalmente estancada (más menos 3 millones de habitantes), su población infractora o carcelaria haya pasado de 2791 privados de libertad en 1990, a 16.570 en 2025; algo así como 480 presos cada 100 mil habitantes. Esos presos entre 1990 y 2026 se multiplicaron por seis, mientras la población total del país creció un 12,48% (un 0,4% anual), Argentina y Brasil promedian el 43% cada uno.
En este contexto, el informe del LATINOBARÓMETRO 2026, muestra que Uruguay experimentó una caída en el apoyo a la democracia al 64%. A pesar de representar un descenso frente al 70% registrado en 2024 y al 74% de 2020, el país se mantiene en una posición de liderazgo regional.
Los principales datos sobre el caso uruguayo reflejan lo siguiente:
Liderazgo en la región: Uruguay se posiciona como el segundo país con mayor respaldo a la democracia en América Latina, superado únicamente por Argentina (73%) y situándose 12 puntos por encima del promedio regional (52%). El informe subraya que el 80% de los uruguayos considera que la democracia es el mejor sistema de gobierno, catalogándolo como el único país que «quizás» posee una democracia consolidada en el continente.
Aparición del pragmatismo autoritario: En sintonía con la tendencia regional, un 45% de los uruguayos afirmó que no le importaría la llegada de un gobierno no democrático si este fuera capaz de resolver los problemas económicos y de seguridad del país.
Desgaste de la confianza institucional: La percepción ciudadana sobre el desempeño del Estado ha empeorado notablemente. El 75% de los consultados en Uruguay desconfía del uso del dinero público derivado de los impuestos. Asimismo, solo el 31% considera que el Estado hace mucho o algo por ellos (frente al 51% en 2011), y apenas un 29% declaró sentirse representado por el Parlamento.
En este estudio el 22% de las personas entrevistadas en los 17 países se identificó como de izquierda, 39% de centro y 28% de derecha. Un 11% no dio respuesta.
Una de las respuestas a este trasiego político podría encontrar en el factor de la seguridad ciudadana.
La interrogante planteada ante el eventual trasiego ideológico -de derechas e izquierdas- no sólo debe enfocarse al escenario de la inseguridad pública, sin asociarlo con los elementos que lo integran, como los encarcelados, el desempleo, la debilidad de la planificación urbana de las ciudades y las contingencias en la seguridad social.
En buen romance, y no hay que ser erudito en estos temas para percibirlo, el cambio en la matriz industrial del país dejó a los barrios obreros con fábricas con chimeneas apagadas, y generaciones de obreros que claudicaron a sus expensas.
Que las fábricas hayan cerrado es parte de una política que tuvo en cuenta a los empresarios como factor de reconversión. Se perdieron muchos en el camino mientras otros fugaron tratando de salvar su capital.
Ese lugar cayó socialmente y sus espacios comunes pasaron a ser ocupados por lo que se define como la “informalidad”. Después vino a su conquista el “crimen organizado” y el “narcotráfico”, y con él, el caos.
Ante esto, ¿a quién le sirve las cárceles en Uruguay? Sostenerlas con impuestos que aportan a un nefasto hotelería, se suma a la inseguridad y a la escuela del crimen a la que sirven.
Estamos ante la tormenta perfecta que se forma como antesala de un populismo radical que empieza a acecharnos y que, ciertamente, poco sabe de “izquierdas o derechas”.
