Guzmán A. Ifrán
Durante años escuché presentar a Paraguay como una demostración de todo aquello que Uruguay debía imitar. Impuestos bajos, facilidades para emprender, inversiones y una economía que parecía avanzar mientras nosotros discutíamos nuestros costos y nuestras demoras. Nunca creí que hubiera que desatender esas experiencias. Pero la destitución de Santiago Peña, precipitada por el escándalo de Ueno Bank, obliga a mirar debajo de aquella superficie reluciente. Vuelvo a una convicción sencilla que a veces olvidamos cuando buscamos modelos ajenos. No todo lo que brilla es oro.
El episodio tuvo un desencadenante concreto. El Banco Central paraguayo intervino Ueno por graves problemas de solvencia y millones de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos. La crisis bancaria se convirtió rápidamente en una crisis política, con protestas, investigaciones y el retiro del respaldo al presidente desde su propio partido. Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, pero el procedimiento parlamentario continuó y el Senado lo destituyó el viernes 6. Según informaron EFE y AP, el caso puso bajo investigación los vínculos entre el gobierno, el banco y los recursos públicos depositados en la entidad.
Detrás de esa secuencia institucional encuentro una urgencia mucho más dolorosa.
Quien no puede disponer de su dinero no vive una discusión sobre indicadores de solvencia. Vive la incertidumbre de pagar la comida, comprar medicamentos o cumplir con un proveedor. Un jubilado que teme por sus ingresos, una familia que no puede retirar sus ahorros y una empresa que pierde acceso a su liquidez sufren consecuencias inmediatas. El dinero bloqueado tiene una historia de trabajo detrás. La primera medida de esta crisis debe ser, por tanto, el daño que provoca en la vida cotidiana.
Las informaciones disponibles sitúan en cerca de tres millones los clientes afectados. Esa dimensión resulta estremecedora, aunque corresponde distinguir el bloqueo de los depósitos de una pérdida definitiva y reconocer que existen mecanismos de garantía y devoluciones en marcha. La investigación deberá establecer cuánto se recupera y quiénes cometieron delitos. No necesito anticipar una sentencia para advertir la gravedad de lo ocurrido. La combinación de angustia social, desconfianza económica y derrumbe presidencial expone una crisis de enorme magnitud, cuya factura inicial recae sobre personas que confiaron de buena fe.
Lo que más me preocupa es el entramado que las denuncias describen. Según las investigaciones reseñadas por la prensa, se habrían otorgado créditos irregulares a empresas vinculadas al mismo grupo económico, mientras organismos estatales mantenían recursos millonarios en el banco. Si ese mecanismo se confirma, estaremos ante intereses privados que utilizaron canales públicos y controles insuficientes para trasladar riesgos a la sociedad. Las responsabilidades penales siguen abiertas y Peña niega irregularidades. Pero la pregunta política ya es inevitable. ¿Quién protege al ciudadano cuando quienes deben controlar están demasiado cerca de quienes deben ser controlados?
En esa proximidad encuentro la contracara de un éxito que se promovía sin suficientes preguntas. No sostengo que toda inversión en Paraguay fuera una ficción ni que el esfuerzo honrado de sus empresarios carezca de valor. Sostengo que una economía atractiva puede convivir con una maquinaria que la corroe desde adentro. Los beneficios tributarios y la facilidad para abrir empresas no certifican la independencia de los reguladores. Cuando la captación de recursos termina subordinada al provecho de un círculo de vinculados, la prosperidad exhibida deja de explicar quién asume los riesgos y quién se queda con las ganancias.
El contraste con Uruguay me importa especialmente.
En todos los países existen vasos comunicantes entre el poder económico y el poder político. Sería ingenuo negarlos aquí. Pero entiendo que, al menos hasta el momento, conservamos una separación que dificulta convertir esos vínculos en una amalgama de los mismos actores, dueños simultáneos del negocio y de las decisiones que deberían vigilarlo. Deseo que así se mantenga. Nuestra institucionalidad no garantiza inmunidad frente a la corrupción, pero la autonomía de los controles y la posibilidad de exigir explicaciones hacen más difícil organizar y sostener esquemas semejantes.
No escribo esto desde una superioridad complaciente. Uruguay conoce las consecuencias de las crisis financieras y también ha conocido irregularidades, omisiones y abusos. Precisamente por eso valoro los límites que hemos construido y creo necesario defenderlos. Ser un país confiable exige que una persona pueda ahorrar, invertir y trabajar sin depender de la cercanía con el gobernante de turno. Prefiero avances más lentos, sostenidos y verificables, antes que un entusiasmo que nos haga dejar de preguntar por la calidad de las instituciones sobre las que descansa el crecimiento.
Esta reflexión también me lleva a otros modelos que hoy admiramos, particularmente en seguridad pública. Celebro y promuevo entusiastamente las mejoras que permiten a las personas recuperar la calle, circular sin miedo y disfrutar de su país. Esa recuperación supone una ganancia concreta de libertad. Pero reconocer un resultado positivo no obliga a conceder un cheque en blanco a todo el sistema que lo produce. Podemos aprender de una iniciativa y exigir, al mismo tiempo, transparencia, garantías y controles. La eficacia en un ámbito no convierte automáticamente a un gobierno en ejemplo para todos los demás.
Creo que caemos con demasiada facilidad en la tentación de importar países enteros como si fueran soluciones listas para usar. Una cifra de crecimiento, una baja de impuestos o una reducción de la violencia pueden enseñarnos mucho, pero ninguna sustituye el examen del conjunto. Tomemos ideas, adaptemos instrumentos y evaluemos resultados. Evitemos el espejismo de la panacea. Cuando dejamos de hacer preguntas porque un modelo nos entusiasma, contribuimos a oscurecer los lugares donde el poder opera sin rendir cuentas. Y esas zonas oscuras suelen hacerse visibles cuando el daño ya llegó a la gente.
Por eso considero a Uruguay, con sus defectos y sus tareas pendientes, un pequeño país que todavía puede ofrecer un modelo valioso de convivencia democrática. Preservarlo requiere discutir también cómo financiamos nuestros partidos políticos. Si queremos autonomía para decidir en nombre del interés general, debemos conocer quién aporta, cuánto aporta y qué controles impiden que una contribución se transforme en una deuda política. También debemos pensar cómo sostener una competencia plural sin empujar a quienes participan a depender de unos pocos financiadores. Esa discusión merece seriedad y no puede agotarse en consignas contra el costo de la política.
El financiamiento transparente de la democracia debe entenderse como una inversión en su independencia.
Ahorrar en controles o volver opacos sus recursos puede resultar extraordinariamente caro cuando llega el momento de gobernar. La lección que extraigo de Paraguay es que la confianza necesita instituciones capaces de poner límites aun a quienes prometen prosperidad. Quiero un Uruguay que aprenda de otros sin idealizarlos, que mejore sin entregar sus resguardos y que conserve la separación entre el interés privado y la decisión pública. Cuidar esa distancia es cuidar los ahorros, el trabajo y la libertad de todos.
