Las tragedias universitarias:
Falta de una ley de educación superior
Claudio Rama
El Uruguay carece de una Ley de Educación Superior que regule, incentive y establezca marcos sistémicos de funcionamiento, que promueva la formación superior, su cobertura, calidad, internacionalización y equidad, y permita destrabar los múltiples problemas en su funcionamiento. Los países a medida que avanzan en su desarrollo establecen marcos de funcionamiento que limiten polizontes, establezcan parámetros comunes y garanticen la calidad mínima de los servicios universitarios. Ello para facilitar el acceso y el egreso, así como la protección que requiere la sociedad y estudiantes, docentes, profesionales y empleadores. Una educación y de formación de recursos humanos superiores de calidad pasa un marco de fiscalización y control que establezca criterios sistémicos equilibrados, que de oportunidades y libertades, genere información pertinente para la sociedad y los usuarios, restrinja desigualdades y cree eficiencias y lógicas colectivas en las prestaciones. Así, todos los países de América Latina han aprobado y establecido leyes de educación superior para establecer reglas y estándares para todas las instituciones, carreras, niveles, modalidades y titulaciones.
Esto existe también, quien lo dudaría, en todos los países de Europa y el mundo desarrollado como de aquellos que lo aspiren para sus ciudadanos y Uruguay es una anomalía casi vergonzosa.
Ello se da tal vez porque algunos negando los datos consideren que estamos en el paraíso lo cual es todo lo contrario, porque se pretende que algunos estén por encima de las normas, porque el sistema político no ha asumido plenamente su importancia y necesidad o por presiones de intereses políticos, ideológicos, corporativos o empresariales que han resistido cualquier iniciativa al respecto. Como sea, no es coherente que una parte de la educación pública funcione como un sistema feudal donde cada institución hace y deshace como quiere y no existan marcos sistémicos, ni que la educación superior privada se regule por decretos y reglamentos volátiles que dan poca garantía, que son limitados, y que además permitan situaciones de privilegios y saltarse mecanismos de control. Se requiere también una Ley que supere el limbo impreciso, confuso y restrictivo del acceso a la educación global y permita más oportunidades a los uruguayos, tales como facilitar una regionalización y la acción de los gobiernos departamentales, así como sin duda que pueda existir una educación universitaria virtual, militar o especializada que hoy se carece por marcos de funcionamiento y que deriva en limitaciones a los derechos de las personas y al mejoramiento de la calidad de múltiples demandas de formación de la sociedad. Una ley necesaria para abrir también oportunidades derivadas del uso de las nuevas tecnologías, reconocimiento por ejemplo al uso de MOOCs en los procesos de enseñanza o que imponga simuladores y prácticas, y que además contribuya urgentemente a la formación en IA.
En este primitivismo que caracteriza a nuestro mal llamado sistema de educación superior, se carece de mecanismos que permitan la movilidad estudiantil y docente entre instituciones, de mecanismos de reconocimiento de saberes, de micro certificaciones así como de creditización de las competencias, ni tampoco se impone que existan pasantías y prácticas y articulación al mundo del trabajo. Salvo en salud, la sociedad carece también de prestaciones y devoluciones en servicios por sus aportes económicos, lo cual además crea mejores competencias a sus propios egresados y por ende importantes externalidades. Un sistema nacional de pasantías y prácticas pre profesionales sería de vital importancia como ya existe en muchos países, incluso vecinos. Actualmente se carece de un sistema nacional de créditos, no hay una carrera docente nacional, ni tampoco las ofertas tienen las mismas exigencias y estándares, con lo cual se crean enormes desigualdades sociales. Tampoco tenemos un sistema de licenciamiento de las ofertas o de aseguramiento de la calidad, ni incluso los mismos requisitos de oferta, egreso o control de los títulos. Hasta la definición de estudiante y con ello los datos de las matriculas o los requisitos para ser docente son diferenciados. Lo peor incluso no es solo eso sino que los actores no son controlados externamente y se carece de un sistema, eficaz además, de aseguramiento de la calidad. Los profesionales titulados no están obligados a actualizarse creándose riesgos por sus servicios, y los Colegios están excluidos en estos temas. Es tiempo de una Ley de educación superior, que los partidos se comprometan y que en el próximo gobierno sea una realidad. No una ley para la tribuna, sino para superar los múltiples nudos resultados de intereses corporativos, políticos y económicos, que restringen las necesidades y abran oportunidades a las personas.
