Sin palos en la rueda.
Ricardo Acosta
Con el nuevo gobierno del Frente Amplio ya asumido bajo la presidencia de Yamandú Orsi, Uruguay se enfrenta a una etapa llena de desafíos y expectativas. La administración entrante ha comenzado a delinear sus políticas y estrategias, mientras que la Coalición Republicana como oposición, y sobre todo el Partido Colorado, ha adoptado una postura proactiva y vigilante, presentando una serie de iniciativas legislativas destinadas a marcar la agenda parlamentaria desde el inicio.
Desde una perspectiva batllista y republicana, el rol de la oposición no debe ser el de una obstrucción sistemática, como lo hizo el Frente Amplio durante los cinco años de gobierno de la Coalición Republicana, sino el de un contrapeso firme y constructivo. En este marco, el Partido Colorado ha presentado 47 proyectos de ley, dejando en claro que no se limitará a señalar errores, sino que ofrecerá alternativas concretas para el país. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la desregulación del mercado de combustibles, la reforma del sistema penitenciario con la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, la legalización de la eutanasia, la promoción de la paridad de género, la reforma jubilatoria para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional, la fusión del Mides con el Ministerio de Vivienda para optimizar recursos, la creación de 25 centros de salud mental en todo el país, la eliminación de subsidios a políticos condenados por corrupción y la implementación del voto cruzado para ampliar las opciones del electorado.
Desregulación y desmonopolización de los combustibles: Este proyecto busca reducir las regulaciones excesivas que afectan la economía y propone la creación de una Unidad de Desregulación en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Reforma en seguridad: Se propone la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, separando la gestión de las cárceles del Ministerio del Interior. Además, se plantea una penalización escalonada para delitos, donde los beneficios se reducen en casos de reincidencia, y se eliminan por completo en una tercera ofensa.
Legalización de la eutanasia: Legisladores colorados reintrodujeron el proyecto de ley que busca despenalizar el suicidio médicamente asistido para personas con enfermedades incurables en fase terminal o que padecen sufrimientos insoportables, permitiendo una muerte digna.
Paridad de género: Se presenta un proyecto de ley que promueve la igualdad de género en diferentes ámbitos de la sociedad, asegurando una representación equitativa y justa.
Reforma jubilatoria: El Partido Colorado propone modificaciones al sistema previsional, incluyendo la eliminación de ciertos títulos y ajustes en la edad jubilatoria, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y equidad del sistema.
Fusión de ministerios: Se plantea la unificación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, buscando una gestión más eficiente de los recursos y una mejor atención a las necesidades de la población.
Centros de salud mental: La creación de 25 centros especializados en atención de salud mental en todo el país, con una inversión estimada de 10 millones de dólares anuales, para brindar apoyo psicológico y psiquiátrico a quienes lo necesiten.
Eliminación de subsidios en casos de corrupción: Un proyecto de ley que busca suspender el derecho al subsidio para cargos políticos y de particular confianza en casos de delitos contra la administración pública y corrupción, reforzando la ética en la función pública.
Voto cruzado: Se propone permitir que los votantes puedan elegir candidatos de diferentes partidos para cargos departamentales y municipales, ampliando la libertad y flexibilidad del electorado en las elecciones.
Antes de este inicio de gobierno ha estado marcado por señales de alerta en áreas clave. Una de las mayores preocupaciones es la seguridad. Las declaraciones del nuevo ministro del Interior, quien afirmó que «la batalla contra la mafia del narcotráfico está perdida», generaron inquietud y críticas desde distintos sectores. Un mensaje de resignación ante el crimen organizado no solo es peligroso, sino que también afecta la moral de la ciudadanía y de las fuerzas de seguridad. La política de seguridad del gobierno entrante aún no ha sido definida con claridad, pero estas primeras expresiones no auguran un cambio positivo en la lucha contra la delincuencia.
En el plano económico, el futuro se vislumbra con tensiones. El nuevo ministro de Economía ha planteado la necesidad de avanzar en un proceso de desindexación de salarios, un concepto que ha generado un fuerte debate y que ha sido central en la polémica con Gabriel Oddone, futuro ministro de Economía. La discusión sobre la desindexación salarial afecta directamente a los trabajadores y al poder adquisitivo de los uruguayos, y será un tema clave en la relación del gobierno con el movimiento sindical, que ya ha mostrado su rechazo a esta medida.
El Frente Amplio llega al poder con un gabinete que no ha estado exento de problemas. Las diferencias internas y las señales contradictorias en materia de seguridad y economía reflejan que no será una administración monolítica ni libre de tensiones. El Partido Colorado, desde la oposición, tiene el desafío de ejercer un control estricto sobre las políticas del gobierno, asegurándose de que las decisiones sean transparentes, eficientes y alineadas con los intereses del país.
El rol de la oposición en este nuevo período será clave para evitar retrocesos y asegurar que el rumbo del país se mantenga dentro de los principios democráticos y republicanos. La tarea no es fácil, pero el compromiso con el Uruguay del futuro exige una oposición que no solo denuncie, sino que proponga, que no solo fiscalice, sino que actúe con responsabilidad y visión de Estado. Con el nuevo gobierno ya en funciones, comienza también una nueva etapa para la política uruguaya, donde el equilibrio de poderes será más necesario que nunca.
El nuevo gobierno enfrenta desafíos significativos en áreas como la economía, la seguridad y la educación. Es imperativo que mantenga políticas que aseguren la estabilidad fiscal, la seguridad ciudadana y la mejora continua del sistema educativo. La oposición, desde su rol, debe garantizar que estas políticas se implementen de manera efectiva, siempre en beneficio del interés nacional.
En conclusión, el retorno del Frente Amplio al poder representar una oportunidad para que, tanto el gobierno como la oposición, demuestren madurez política y compromiso con el bienestar de Uruguay. La ciudadanía espera una gestión responsable, transparente y orientada al desarrollo sostenible del país. Como expresó José Batlle y Ordóñez: «La opinión pública, tan respetada e invocada, no es otra que la opinión del pueblo». Es deber de todos los actores políticos estar a la altura de esa confianza depositada por la sociedad.