Atentado de enorme gravedad
Marcelo Gioscia
En la madrugada del pasado domingo, la casa donde vive la funcionaria que tiene sobre sus espaldas (y por subrogación) la Fiscalía de Corte, fue objeto de un atentado. Pese a la vigilancia de que dispone la misma, al parecer dos individuos ingresaron por los techos, hicieron explotar -al parecer- una granada, y efectuaron disparos de arma de fuego contra la vivienda, donde descansaba con su familia. Inmediatamente se ha atribuido este hecho a vínculos con el narcotráfico, aunque no ha trascendido cuál ha sido el móvil de estos hechos: herirla a ella o a alguien de su familia, atemorizarla, advertirle daños mayores.
Si bien la Fiscal de Corte tuvo una destacada participación en asuntos relacionados con la lucha contra el narcotráfico y tal vez por ello, estos delincuentes la relacionen con esas actuaciones, hace más de dos años que según se informó, no lidera ninguna investigación contra cargamentos de cocaína, lo que vuelve más complejo el asunto del móvil. Pero, cualquiera haya sido ese móvil, lo cierto es que se traspasó un límite, nada menos que contra una figura pública que inviste la institucionalidad de la Fiscalía de Corte. Ello no sólo es grave, sino también inaceptable, pues deja al descubierto tanto, fisuras en lo que atañe con la efectiva seguridad de que dispone su persona, como carencias en lo que hace a la inteligencia policial que debiera estar un paso delante de este tipo de acciones delictivas. Que al “ponerse el foco” en el Penal de Libertad, quede al descubierto un entramando de complicidades y que, en la requisa de celulares, se retiren sólo tres de ellos, es ciertamente no sólo preocupante, sino vergonzoso. Pues deja al desnudo, ese “intercambio de favores” dentro de ese mismo establecimiento de detención, donde se priva de libertad a quienes ingresan por tráfico de drogas, delitos violentos y lavados de activos; muestra a las claras ese submundo del que poco se habla y al que alguien debiera poner fin, por la seguridad de todos. Lo que no debe perderse de vista es la imperiosa necesidad de encontrar a los responsables, tanto materiales como ideológicos de este atentado, y dar a conocer a la población oportunamente los resultados concluyentes de la investigación en curso. Felizmente no debimos lamentar daños personales, pero incrementar la seguridad de su entorno se impone. Más allá de la opinión del gobierno sobre el desempeño de la Fiscal subrogante, lo que debe respaldarse es el valor de la institucionalidad que ella representa en el cargo que ocupa. De ninguna forma puede tomarse a la ligera un hecho como el que motiva nuestra opinión, ya que esta violencia criminal –que alguna vez creímos inocentemente, que era propia de países muy lejanos al nuestro- trasciende todos los límites que deben respetarse en nuestra sociedad. Todo el sistema político debiera abroquelarse ante esta violencia que se ha instalado entre nosotros, para así adoptarse decisiones efectivas y eficaces, en materia de seguridad pública, que fortalezcan los valores y principios democráticos y republicanos. Todo ello, por la pervivencia misma del Estado de Derecho.
