Ricardo Acosta
Hay cosas que uno puede entender, aunque no necesariamente compartir. Argentina tiene una posición histórica sobre las Islas Malvinas y Uruguay también tiene una posición histórica respecto de ese reclamo. Es parte de nuestra relación con un país vecino, de nuestra historia y de nuestra política exterior. Hasta ahí, nada nuevo.
El problema aparece cuando esa discusión deja de ser sobre las Malvinas y empieza a meterse con lo que hacemos los uruguayos dentro de Uruguay.
La polémica comenzó por el stand de las Islas Malvinas, denominado Falklands por los británicos, instalado dentro del pabellón del Reino Unido en la Expo Prado. La Embajada argentina presentó una protesta ante la Cancillería uruguaya.
También planteó su molestia por el contenido del espacio y por la presencia de representantes de las islas. Argentina tiene derecho a plantear su posición. Uruguay tiene derecho a escucharla.
Así funcionan las relaciones entre países.
Pero después pasó algo bastante más difícil de entender.
La Cancillería uruguaya trasladó al Parlamento una sugerencia para que los legisladores evitaran contactos oficiales con representantes del stand de las islas. Después dejó sin efecto esa comunicación y desde el Ministerio se explicó que había existido una “confusión” y que el envío había sido un error.
La propia subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, dijo que se trataba de una gestión que Argentina realiza todos los años y que la comunicación había llegado al Parlamento por error.
Y acá es donde aparece la pregunta que, por lo menos a mí, me interesa más que toda la discusión sobre el nombre de las islas.
¿Por qué la Cancillería uruguaya trasladó ese pedido a los legisladores?
Pedro Bordaberry fue bastante más directo que muchos de nosotros. Dijo que era de una “gravedad inusitada” que la Embajada argentina sugiriera a los legisladores uruguayos con quién podían hablar y consideró todavía más grave que la Cancillería hubiera enviado esa sugerencia al Parlamento. Y agregó algo que me parece central: si hubo un error, el error no fue solamente haberlo enviado a los legisladores; para él, el verdadero error fue no haber protestado ante Argentina por ese pedido.
No hace falta compartir cada palabra de Bordaberry para entender el punto.
Una embajada extranjera puede reclamar. Puede protestar. Puede expresar su enojo. Puede defender la posición de su gobierno. Lo que no debería ocurrir es que una sugerencia sobre cómo deben comportarse los legisladores uruguayos termine convertida en una comunicación de nuestra propia Cancillería al Parlamento.
Porque ahí cambia la cosa.
No estamos hablando de la posición de Uruguay sobre Malvinas. No estamos discutiendo si el gobierno uruguayo debe respaldar el reclamo argentino. Tampoco estamos diciendo que haya que salir a defender la posición británica porque sí.
Es otra discusión.
Estamos hablando de algo mucho más sencillo: los legisladores uruguayos son libres de reunirse con quien quieran.
Y si una embajada entiende que no deberían hacerlo, la respuesta de nuestra Cancillería no debería ser mandar el pedido al Parlamento como si fuera una recomendación a tener en cuenta.
Al menos eso es lo que uno espera de un país que se considera soberano.
Después podemos discutir si fue una confusión, un error administrativo o una comunicación que nunca debió salir de una oficina del Ministerio.
Pero el hecho ocurrió.
La nota llegó.
Los legisladores la recibieron.
Y recién después de que el asunto tomó estado público se dio marcha atrás.
Eso es lo que el gobierno debería explicar.
Porque decir que fue un error no alcanza.
Cuando un Ministerio comete un error de esta naturaleza, uno quiere saber cómo ocurrió. Quién tomó la decisión. Quién autorizó el envío. Por qué una comunicación de una embajada extranjera terminó llegando al Parlamento y qué se pretendía conseguir con eso.
No creo que Uruguay tenga que pelearse con Argentina por este episodio. Tampoco creo que haya que transformar una protesta diplomática en una guerra de patriotas contra traidores, como si cada discusión con nuestros vecinos necesitara terminar en una bandera.
Pero tampoco me gusta la idea de que para llevarnos bien con Argentina tengamos que andar mirando de reojo qué cosas podemos hacer para no molestar.
Argentina es un país hermano. Eso nadie lo discute. Tenemos una historia común, familias de un lado y del otro, vínculos económicos, culturales y afectivos que van mucho más allá de cualquier gobierno.
Precisamente por eso las relaciones tienen que ser entre iguales.
Y ser buenos vecinos no significa hacer todo lo que el vecino nos pide.
Uruguay puede respaldar el reclamo argentino sobre las Malvinas y al mismo tiempo decir que sus legisladores tienen plena libertad para hablar con quien consideren. Las dos cosas no son incompatibles. De hecho, deberían ser perfectamente normales.
Lo que no parece normal es que la protesta de una embajada termine transformándose en una recomendación de nuestra Cancillería al Parlamento y que, cuando alguien cuestiona la situación, la explicación sea que hubo una confusión.
Ahí es donde aparece una diferencia que para mí es importante. Una cosa es la diplomacia y otra es la obediencia.
La diplomacia consiste en escuchar al otro, negociar, buscar acuerdos y defender los intereses propios sin romper los puentes. Obedecer es otra cosa.
Y Uruguay no debería confundirse nunca sobre cuál de las dos le corresponde.
Bordaberry lo dijo a su manera y con bastante claridad: los uruguayos no aceptamos que otro país nos diga con quién podemos reunirnos. Yo agregaría algo más: tampoco deberíamos aceptar que nuestra propia Cancillería sea la encargada de transmitirnos ese mensaje.
Quizás por eso este episodio, que en principio podría parecer una discusión más alrededor de las Malvinas y de la Expo Prado, merece un poco más de atención.
Porque las grandes discusiones sobre soberanía no siempre empiezan con grandes discursos. A veces empiezan con algo mucho más pequeño: una nota, un correo, una sugerencia.
Y ahí es donde hay que estar atentos.
No para pelearnos con nadie. No para desconocer la historia. No para elegir entre Argentina y Gran Bretaña.
Simplemente para recordar algo bastante básico: Uruguay puede escuchar a todos.
Puede respetar a todos.
Puede tener amigos y vecinos.
Pero cuando se trata de decidir qué hacen sus legisladores, la decisión tiene que ser nuestra.
Y si la Cancillería cometió un error, está bien reconocerlo.
Ahora falta explicar por qué ocurrió.
