Tabaré Viera
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, publicó días atrás en El Observador un artículo titulado «Fortalecer la democracia». Lo leí con atención, y conviene empezar por lo que estamos de acuerdo: la democracia es el mejor sistema que conocemos para convivir, Uruguay tiene sobrados motivos para estar orgulloso de la suya, y todos los partidos debemos preocuparnos si la ciudadanía empieza a perderle confianza.
Pereira menciona a la Corte Electoral, al Tribunal de Cuentas y a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Hace bien. Son, de algún modo, los árbitros de nuestra vida institucional. Pero su planteo deja abierta una pregunta muy sencilla: defender la democracia, sí, pero ¿cómo? Porque la democracia no se defiende con artículos ni con discursos. Se defiende con hechos. Y los hechos, en este caso, cuentan otra historia.
Un acuerdo que se trancó
Hace más de dos años que los partidos venimos conversando sobre la renovación de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas. Hubo compromisos, reiterados. No se trata de repartir cargos: se trata de reunir las mayorías especiales que exige la Constitución para designar al frente de los organismos de control y de garantía de la gestión pública a representantes de la realidad política que votó la ciudadanía. Hubo avances y acuerdos prácticamente cerrados. Sin embargo, todo se trancó. La razón es conocida: el Frente Amplio insistió en incluir en el mismo paquete a la Fiscalía de Corte y condicionó el entendimiento a la salida de la actual Fiscal.
¿Quién tiene la mayor responsabilidad? El gobierno. Siempre. Quien gobierna tiene la mayoría, tiene la llave y tiene el deber de dar el ejemplo cumpliendo la palabra empeñada. La oposición puede proponer, insistir y votar; pero quien tiene la iniciativa y los votos para destrabar es el oficialismo.
¿Quién conduce?
Hay un detalle que llama la atención. El presidente Yamandú Orsi afirmó hace pocos días que no existe urgencia en designar un nuevo fiscal de Corte y que lo urgente son los organismos de contralor. Coincidimos con el presidente. Pero enseguida el presidente de su partido salió a decir que la Fiscal debería dar un paso al costado y que el Frente Amplio quiere cambiarla. La pregunta se impone: ¿quién conduce, el presidente de la República o su fuerza política? Más que un capricho, esto parece la búsqueda de un fiscal afín a sus intereses y a su ideología. Y eso no fortalece la democracia: la debilita.
Conviene además aclarar algo que se ha repetido mal. Se habla de «fiscal subrogante» como si se tratara de un cargo de segunda. No lo es. Hay varias formas de llegar a ser Fiscal de Corte. La primera, con la venia del Senado y las mayorías especiales que exige la Constitución, lo que requiere acuerdo entre los partidos. La segunda, cuando asume quien está previsto para sustituir al titular, como ocurrió tras la renuncia del doctor Jorge Díaz, cuando asumió su suplente el Dr. Juan Gómez. La tercera, cuando esas vías se han agotado: asume el fiscal más antiguo. Pero asume como Fiscal de Corte, con todas sus atribuciones. Hoy la doctora Mónica Ferrero ejerce el cargo con plenas facultades, y la oposición ya manifestó públicamente que está dispuesta a votar su venia.
Una vara para cada uno
El tercer organismo que debería dar garantías a todos es la JUTEP. Una Junta de Transparencia tiene que ser, antes que nada, imparcial. Sin embargo, la mayoría de su directorio viene actuando de forma sesgada, con la mira puesta en dirigentes de la oposición. Cuando un organismo de control pierde la imparcialidad, no solo se perjudica a quien es investigado: se resiente la confianza de toda la ciudadanía en las instituciones.
El último episodio lo denunció mi compañero, el senador Pedro Bordaberry. Recibió un oficio firmado por el vicepresidente de la JUTEP, el contador Alfredo Asti, en el que se le pedía declarar sobre la presencia de un director de AFE en una reunión en Florida. Un asunto que, según la Constitución, corresponde en todo caso a la Corte Electoral, no a la JUTEP. Cuando en el Senado propusimos declarar improcedente ese requerimiento, la mayoría frenteamplista votó en contra. No es un detalle menor: es la propia Junta excediendo sus competencias, con el aval del partido de gobierno.
Mientras tanto, otras denuncias esperan. Entre ellas, la vinculada a la compra de la camioneta del presidente de la República. Para la oposición, la vara es rápida y exigente; para el gobierno, parece que no hay apuro.
Hechos, no palabras
Defender la democracia, sí. Totalmente de acuerdo. La cuestión es de qué forma. No hacen falta grandes reformas ni nuevas leyes: alcanza con cumplir lo que ya se acordó. Cumpliendo los compromisos asumidos. Renovando la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas sin condicionamientos. Respetando a la Fiscalía y dejando de buscar un fiscal a medida. Y contando con una JUTEP que mida a todos con la misma vara.
Pereira reclama en su artículo una «mirada exigente sobre nuestro funcionamiento». Estamos de acuerdo. Que esa mirada empiece por casa. Porque la democracia no se defiende con palabras: se defiende con hechos.
