Tabaré Viera
Pasadas las dos de la madrugada del jueves, tras unas quince horas de sesión, la Cámara de Representantes declaró que las explicaciones del ministro de Trabajo, Juan Castillo, no fueron satisfactorias. Cuarenta y nueve votos contra cuarenta y ocho. Una interpelación que pocos imaginaban histórica dejó a un ministro sin respaldo parlamentario y a un gobierno frente a un problema que ya no puede disimular.
El llamado a sala que promovió nuestro compañero Adrián Juri tuvo como disparador el conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo: más de cuatro meses de paros, 44 jornadas con la operativa interrumpida, en la terminal por la que pasa el 80 % de los contenedores. Solo en agosto, doce portacontenedores cancelaron su escala. Las cámaras empresariales estimaron pérdidas de entre 17 y 22 millones de dólares, y cinco navieras advirtieron que Uruguay empezaba a ser visto como un enclave logístico poco confiable. La confianza es lo más caro de recuperar.
Ante todo esto, el ministro descartó la esencialidad y admitió que no existe una estimación oficial del daño. Y la salida, la solución al conflicto, no llegó de su despacho: llegó de la Torre Ejecutiva, cuando Presidencia levantó el teléfono. Un Ministerio de Trabajo que no logra mediar en el conflicto laboral más grave del período es un ministerio que no cumplió su función.
Lo que dice la declaración
La moción, presentada por los diputados de Identidad Soberana y Cabildo Abierto, reunió a toda la oposición, y su texto va más allá del puerto. El primer punto declara que las explicaciones no resultan satisfactorias. El segundo constata que el Ministerio no informó el costo del conflicto ni su impacto en el empleo, la producción y el comercio exterior, porque aparentemente ni siquiera cuantificó los daños. El tercero señala que tampoco informó cuánto le costaron a Rentas Generales las sucesivas extensiones del seguro de paro en la industria frigorífica, que no exigió a las empresas compromisos verificables de reapertura y mantenimiento del empleo, y que no tomó medidas contra el uso abusivo de ese instrumento por grandes grupos empresariales, pese a haberlo anunciado en 2025.
El cuarto es el de mayor proyección. Afirma que corresponde al Poder Legislativo garantizar que el aporte de los trabajadores a sus sindicatos sea libre, voluntario y revocable, sin intermediación del empleador salvo autorización expresa; que haya voto secreto para elegir autoridades, aprobar estatutos y adoptar las principales decisiones, y transparencia en los fondos. No es un ataque al sindicalismo: es democracia sindical, la libertad del trabajador que el batllismo defendió siempre.
El problema de fondo: el trabajo
Superado el puerto, quedan los problemas de siempre, y se agravan. El desempleo ronda el 7 %, pero esa cifra esconde más de lo que muestra. El subempleo supera el 9 % y uno de cada cinco ocupados no aporta a la seguridad social. Hay uruguayos que trabajan y no llegan a fin de mes: changas, jornadas incompletas, salarios que no alcanzan. La calidad del empleo preocupa hoy tanto como su cantidad.
A eso se suma una lista de cierres que se hace larga: Yazaki, la cervecera de Paysandú, Fenedur, y una industria frigorífica en la que, de 28 plantas, apenas cinco trabajan todo el año sin recurrir al seguro de paro. Cada cierre en la interior pesa el doble, porque detrás no hay otra fábrica esperando. En el norte lo sabemos bien: la informalidad y la falta de oportunidades golpean mucho más que en Montevideo. La equidad territorial no puede quedar en el discurso.
¿Y la respuesta del gobierno? Prórrogas del seguro de paro, resoluciones de apuro, llamadas de último momento. No hay políticas sectoriales para la carne, para la industria ni para la frontera. Se administra la emergencia, pero no se construye futuro.
Las señales importan
Hay, además, un problema de mensajes. Nadie le discute al ministro su derecho a pensar como quiera; él mismo reivindicó en sala su afiliación comunista. Pero quien cree en la lucha de clases difícilmente pueda ser un mediador confiable entre sindicatos y empresas, y son las empresas las que crean los puestos de trabajo. Tras la votación, Castillo dijo haber salido «fortalecido». Un ministro sin respaldo de la Cámara debería ensayar autocrítica, no triunfalismo. Cada señal de ese tipo la lee quien está pensando en invertir en Uruguay.
Un gobierno que se debilita
La interpelación no es un hecho aislado. En seguridad el cuadro es parecido: el primer semestre cerró con una suba de los homicidios, la oposición en la persona del Senador Pedro Bordaberry, lo interpelo en el Senado. En las dos grandes preocupaciones de los uruguayos, el gobierno repite el mismo patrón: diagnóstico, planes en elaboración y respuestas tardías.
La declaración no obliga al ministro a irse, pero lo deja sin el respaldo de la Cámara. A mi juicio, debería renunciar. El presidente Orsi tiene un mensaje que atender, y no escucharlo sería un error que terminaría pagando el país.
