Marcelo Gioscia
Buscando (según las expresiones de la ex informativista transformada en una encumbrada Senadora de la Republica) “penalizar los discursos de odio en las redes y medios”, la legisladora apuntó a “bajar los decibeles en el debate, sobre todo en los ámbitos que tienen repercusión pública”, al referirse al tema en San José, al inaugurarse de la Feria de Promoción de Lectura en el Teatro Mació. Su intención de legislar en la materia, atento a la violencia que generan esas expresiones en los medios y en las redes sociales, según sus afirmaciones, aún no está plasmada en un proyecto de ley, pero se estaría “conversando”.
La gravedad de lo manifestado por la legisladora oficialista no debe pasar desapercibida, ya que no alcanzan con sus expresiones (en las que también incluye referencias a la misoginia y al machismo) para limitar la libertad de expresión que nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico garantizan en un Estado de Derecho.
Bien se ha dicho que, las expresiones vertidas en las redes sociales (que los avances tecnológicos permiten emitir en tiempo real) no cuentan con un “redactor responsable” y que cada quien que se exprese en ellas, debiera responder con responsabilidad por el uso de las mismas, (puesto que la libertad no es un derecho absoluto y su límite se encuentra en los derechos de los demás) pero de allí, a pretender censurar expresiones o limitar las manifestaciones de los habitantes de este suelo, hay un gran trecho.
Desde el marqués Cesare Beccaria (1738-1794), se acepta que no existe delito sin ley que lo establezca y que no puede sancionarse una conducta sin que el legislador la haya tipificado como tal, luego de cumplidas las etapas del debido proceso penal, ante un Juez competente y con todas las garantías del caso.
En concreto en el caso que motiva nuestra opinión, entendemos que las expresiones de odio, xenófobas, misóginas, racistas o abiertamente intolerantes, por sí mismas y en su generalidad, no pueden ser castigadas por voluntad estatal, ya que podría ser una vía encubierta (muy cercana al totalitarismo) para acallar críticas o posiciones minoritarias o disidentes, que también hay que respetar en la convivencia republicana.
¿Qué autoridad podría irrogarse establecer cuáles serían las expresiones de odio o violencia que debieran perseguirse y sancionarse?
¿Qué organismo sería el encargado de tal control de las expresiones emitidas?
¿Cómo se graduarían las sanciones que se pretendería aplicar al penalizarlas?
Una educación basada en la superación por el esfuerzo y en la enseñanza práctica de valores cívicos y morales -desde la más temprana edad- (con la invalorable intervención y el sustento de la familia) debiera ser la gran fortaleza de un entramado social democrático y republicano, que se precie de serlo.
Ello contribuiría sin dudas, a que se aborrezca la violencia de todo tipo, mucho más allá de limitarnos a mencionar “los discursos de odio” y “los decibeles de las expresiones verbales” que preocupan a la legisladora oficialista.
