Marcelo Gioscia
Si bien desde el inicio se planteó que no se buscaba promover el mecanismo de censura ni requerir la renuncia de Juan Castillo, titular de la cartera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el llamado a sala o interpelación promovida por el Diputado del Partido Colorado Adrián Juri, obtuvo que la mayoría de Cámara de Representantes declarara “insatisfactorias” las respuestas del interpelado.
El extenso intercambio de palabras y las acusaciones cruzadas entre los legisladores de la oposición y los oficialistas, por momentos muy tenso -llegándose a pedir un cuarto intermedio- derivó en un debate de política general, del que resulta algo no menor: la falta de credibilidad del secretario de Estado.
Si bien el detonante de esta iniciativa legislativa, constitucionalmente establecida en el artículo 119 de la Carta Magna, fue el extenso conflicto padecido en Terminal Cuenca del Plata, la instancia se cumplió casi un mes después de que se firmara el convenio colectivo tripartito por cinco años que le puso fin. Ello, no obstante, aún no se han explicitado oficialmente a cuánto ascienden las pérdidas sufridas como consecuencia de este enfrentamiento, pero a nadie escapa ni puede negar que han sido cuantiosas, no sólo en lo referido a lo económico en sí, sino también en cuanto a la imagen internacional de nuestro país.
Tampoco han tomado estado público los costos por extensiones de seguros de paro, ni pérdida de mercados, ni lo que se dejó de percibir por parte del Estado en el porcentaje de su participación en esa actividad, ni por servicios que dejaron de prestarse a otras navieras. Hasta qué punto puede el titular de este Ministerio hacerse “responsable” de sus decisiones, cuando inmediatamente después de la interpelación, ha manifestado que salió “fortalecido” y sin embargo no brindó la información que se le requiriera.
A nadie del oficialismo parece importarle, pues buscaron defender a toda costa su actuación, mostrándose orgullosos, como él mismo lo manifestó, de “no renegar de su pasado sindicalista ni de ser afiliado al Partido Comunista”.
Una vez más ha quedado de manifiesto en este asunto, que prevalecen los intereses corporativos por sobre el interés general, y que no les afecta ni la propia declaración de la mayoría de la Cámara de Representantes, que entiende insatisfactorias sus declaraciones. Hasta qué punto el titular del Poder Ejecutivo debiera seguir apoyando la cuestionada gestión de este secretario de Estado, que ha dado muestras de su falta de objetividad y de ausencia de credibilidad en la tan importante gestión que le ha confiado. La respuesta la ha brindado el interpelado: “me quedaré hasta que el presidente decida que me vaya”, “así son las cosas”.
Mientras esto acontece, las encuestas de opinión no mejoran para el gobierno, y la ciudadanía sigue aguardando una ansiada como debida recuperación, la que se pretende se logre sin prejuicios ideológicos que la limiten
