Marcelo Gioscia
A pesar de haber manifestado que “los conflictos en el puerto, son entre privados, el puerto funciona…”, el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (que al parecer olvida que pese a la concesión a una empresa privada, el Estado mantiene un 20% de las acciones en la terminal portuaria, y que por lo tanto, hay intereses de todos los uruguayos por los que debiera velar, en este conflicto de muchos días en los que ya se han producido pérdidas de distinta naturaleza) junto a su colega del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tuvo que estampar su firma en la Resolución del Poder Ejecutivo, que si bien tiene carácter “transitorio y limitado” definió los “servicios mínimos” que deberán garantizarse en la Terminal Cuenca del Plata.
La respuesta del Poder Ejecutivo, ante la solicitud de declaración de esencialidad de los servicios portuarios por parte de la empresa Katoen Natie (frente a la “justificación de las perturbaciones que toda huelga produce” manifestadas sin ningún pudor por el subsecretario del MTSS) desnudan una realidad evidente. Ambos jerarcas de ese Ministerio han dejado de lado la imparcialidad y objetividad que el desempeño de su cargo les exige.
Han inclinado la balanza en favor de las medidas de fuerza de un sindicato, el uno manifestando que el conflicto era entre privados y que puerto seguía funcionando y el otro, abiertamente justificando las perturbaciones que esas medidas de fuerza provocan y a la vez minimizándolas, lo que habilitó al pedido formal de declaración de esencialidad que motivara la Resolución que comentamos.
Decisión que no dejó conforme a nadie. Ya que por un lado la empresa, la entiende no sólo como “tardía” sino además “lavada”, y carente de mecanismos de control en caso de sobrevenir nuevos paros, asambleas o incumplimientos y por otro, el PITCNT (brazo sindical del actual gobierno) la considera “excesiva” y se solidarizó con los trabajadores “en su lucha por lograr un convenio colectivo”. Mientras tanto, la empresa evalúa las pérdidas económicas sufridas y las acciones a desarrollar para determinar responsabilidades y reclamar por esos perjuicios que se le han causado.
¿Hasta cuándo? No termina de comprenderse que los poderes públicos deben ejercer sus funciones en favor de los intereses del país al que representan.
En el caso que nos ocupa, el conflicto en la más importante terminal de contenedores -sino la única- que posee nuestro país, en el puerto natural de Montevideo, afecta no sólo a una empresa privada, sino también al Uruguay. Cuando a esta empresa le va mal, debe entenderse que también le irá mal a todo el Estado uruguayo.
Los responsables políticos de dirigir el MTSS deben garantizar el equilibrio y la ecuanimidad en la aplicación de las normas jurídicas y no manifestarse como lo han hecho.
Buscar soluciones y no profundizar el conflicto.
No debieran olvidar que, por imperio constitucional, deben estar al servicio de la nación y no de una facción política.
Si así no lo entendieran, debieran alejarse de las responsabilidades de gobierno que les han confiado.
